La corrupción sigue en primera plana.

 

 

Mejor en frío.

 

Cuando saltó el último escándalo de corrupción (o tal ver el penúltimo, o el anterior) estaba fuera de España. Sentí vergüenza de que alguien me identificara como ciudadano del país que, una vez más, era noticia por la rapidez con la que se está extendiendo la epidemia.

 

Esta vez, más de cincuenta sanguijuelas habían pasado a disposición judicial. Creo que el uso del término "sanguijuela" me exime de anteponerle lo de "presuntas", porque, hasta donde se me alcanza, el bicho en cuestión puede resultar asqueroso pero no es delincuente, o sea que espero que nadie se querella contra mí por injurias.

 

Las imágenes que vi, oscilaban entre encendidas protestas de inocencia de los afectados, el rasgarse las vestiduras de los jerarcas y mandantes de los detenidos, la indignación de los ciudadanos comunes y las poco creíbles manifestaciones de quienes podrían haberlo evitado y "no sabían nada hasta que lo leyeron en la prensa".

 

Y he querido dejar pasar algunos días porque no es mi intención comentar los hechos en sí mismos, sino reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la corrupción como categoría de infección pública.

 

Siempre ha habido, hay y habrá corrupción.

 

Eso es así. La corrupción, el cohecho, la malversación de fondos públicos, la venalidad de los gobernantes, la defraudación fiscal, el diferente trato que la Justicia reserva para según qué clase de ciudadanos es un mal consustancial a la naturaleza humana.

 

Está y ha estado presente en cualquier momento de la Historia, no importa de qué pueblo o de qué sistema político se trate. En la Finlandia actual, en cualquier República africana o en el Imperio Hitita, la tentación de embolsarse el dinero de los demás prevaliéndose de la propia posición en la escala pública, sólo conoce los límites que cada sociedad decida establecer.

 

Y éste es el quid de la cuestión. En ocasiones, corrupción e impunidad parece como si fueran términos sinónimos. Tal es la percepción que hoy tiene la ciudadanía española: se nos está robando a mansalva y nadie hace nada por remediarlo, o hace tan poco que parece nada.

 

Se trata, por tanto, de poner los medios para que el corrupto sufra las consecuencias de sus acciones. Que las sufra pronto, que el sufrimiento sea ejemplar y que el pueblo entero lo sepa. Porque, volviendo al principio, es evidente que no es lo mismo ser corrupto en Suecia que en España. Por eso allí no es percibido como un problema público, y aquí, en el sentir popular, es el segundo de nuestros problemas después del desempleo.

 

Entre todos podemos evitarlo.

 

El ciudadano, usted y yo y bastantes millones más tenemos en nuestra mano, al menos tres herramientas:

 

-  El voto: soy de los que no creen ni en la abstención ni en el voto en blanco, porque nuestro sistema otorga al poder al que reúne votos suficientes, aunque sean 14. Antes de votar, pensemos quién merece nuestra confianza.

 

-  La denuncia: Somos especialistas en protestas de patio de vecindad, de tertulias domingueras, de charlas barra de bar. Pensemos un poco: ¿Alguna vez hemos tenido conocimiento de algún hecho inadmisible y lo hemos dejado correr para no complicarnos la vida? Hay países, países que admiramos, en los que denunciar a los evasores fiscales se considera una obligación ciudadana.

 

-  Nuestro propio comportamiento. Cada vez que contratamos una obra casera sin IVA, que pagamos cualquier cosa sin exigir factura, que vendemos a precio distinto del declarado, no sólo defraudamos, sino que perdemos algo de fuerza moral para exigir honradez a los demás.

 

Los Partidos Políticos y las organizaciones profesionales, Sindicatos y Patronales, están obligados a bastante más:

 

- Dar ejemplo, antes de poner el grito en el Cielo. Como la inmensa mayoría de estas organizaciones tienen bastantes cadáveres en los armarios, antes de hacer como que se indignan, pongan orden en sus casas. Dejen de financiarse ilegalmente, expulsen sin contemplaciones a quienes nos roban y póngalos, además, en manos de la Justicia. Serán mucho más creíbles.

 

- No mientan más. Cuando cualquiera de quienes nombraron, protegieron y defendieron a los corruptos sale diciendo que "yo no sabía nada. He sido la primera sorprendida", han de saber que nadie les cree. Y como han perdido la credibilidad, a ojos del pueblo son cómplices de los vampiros que nos están chupando la vida.

 

- Escuchen al pueblo: les estamos pidiendo que dejen de acusarse los unos a los otros, que arrimen el hombro y, entre todos, nos saquen de este pozo de inmundicia. Se puede hacer. Es más: hace dos generaciones, lo hicimos y asombramos al mundo. ¿O es que ya no recuerdan los Pactos de la Moncloa? Una vez más: háganlo ya, porque cada vez les queda menos tiempo.

 

El Gobierno, y el Partido que lo sustenta, y cuantos órganos de Poder controla, tiene, le guste o no, un grado muy superior de responsabilidad que el resto de la Sociedad. Están ahí porque les pusieron nuestros votos, se deben a nosotros, y no basta, en su caso, con no pagar el IVA cuando toque.

 

- Tienen que empezar por pedir perdón, y dar explicaciones de qué está pasando, por qué y desde cuándo. Y juro que si antes de eso intentan cubrirse sus vergüenzas destapando las de Zapatero, no volveré a creer ni una sola de sus palabras, aunque se sea la de dar los buenos días.

 

- Han de exigir responsabilidades más allá de los propios implicados. ¿O no hay que preguntarse quién puso a Bárcenas, quién eligió a Blesa, quién nombró a Granados o quién era hasta ayer íntimo amigo y valedor político de tal o cual sinvergüenza convicto y confeso? Lo mismo, desde luego, puede uno preguntarse cuando se trata de fenómenos que afectan a ámbitos controlados por otros Partidos, caso ERE's andaluces, por ejemplo.

 

- Lo entiendan o no, les queda poco tiempo, muy poco, si quieren seguir siendo alguien en Política. Miren hacia atrás y verán dónde terminaron Partidos que disfrutaron de mayorías confortables y hoy han desaparecido. Aquí y en cualquier otro país.

 

La pausa y la prisa.

 

Corresponde a los gobernantes establecer el orden de prioridades y determinar los tiempos de ejecución de las medidas. Es evidente que este orden se corresponde con el de la importancia que las medidas a tomar tienen para el Gobierno.

 

 -  La reforma laboral se aprobó, a veces a golpe de Decreto-Ley en tiempo record.

 -  La eliminación de la justicia universal tardó un mes en aparecer en el BOE.

 - Las Leyes de Abdicación y de aforamiento de la familia real, tardaron aún menos tiempo.

 -  La compra de material militar fuera de las previsiones presupuestarias, se aprueba por Decreto-Ley.

 

Y frente a estos ejemplos de velocidad legislativa,

 

-  Hace ya 20 meses que el Sr. Rajoy ofreció un pacto anticorrupción. Desde entonces no ha habido el menor indicio de acercamiento del PP a los demás grupos parlamentarios.

- Hace un año que el proyecto de reforma del Código Penal vegeta en la Comisión de Justicia del Congreso. Con argucias varias planteadas por el PP, el proyecto sigue varado.

-  Ya no será posible aprobar la reforma a fondo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

-  Como estancados siguen la Ley de Partidos Políticos y el Estatuto del Alto Cargo.

 

Habrá quien piense que la responsabilidad es de los demás grupos por no asumir las propuestas que propone el PP. Pero el caso es que este Partido ha usado cuantas veces lo ha estimado oportuno su mayoría absoluta para sacar adelante las medidas que ha creído conveniente.

 

Por lo visto, al PP y al Gobierno le interesa más la reforma laboral, la regulación de la Propiedad Intelectual, el aforamiento de la familia real o la cobertura legal de las entregas en caliente en Ceuta y Melilla que atacar frontalmente el cáncer de la corrupción, la modernización de la Justicia o la actualización del funcionamiento del Congreso.

 

En resumen: Se acercan procesos electorales importantes, municipales, autonómicos y legislativos. No perdamos la memoria.