El embrollo de los estibadores

De aquellos polvos...

Mediaban los años 60 cuando me instalé en Málaga. Era mi primer trabajo y teníamos las oficinas en la segunda planta del mismo edificio en c/ Muelle Heredia, en cuyos bajos estaba el bar, la cafetería, la cantina, o como se quiera llamar de la Organización de Trabajos Portuarios, la O.T.P., Organismo autónomo dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo.

Como un inciso, quiero recordar que de mis frecuentes desayunos en la barra de aquel local, café con leche, zumo de naranja recién exprimido y una barrita de pan tostado con aceite de oliva y tomate rallado, conservo retazos de conversaciones entre los estibadores y hasta algunos peculiares apodos, "El Caimán", "El Peleón", "El que estiró el gato", que años después utilicé en el texto de mi primera novela, "Como una medusa de fuego".

Quiero decir con esto, que mi contacto con este singular ambiente laboral viene de antiguo. La OTP fue la heredera directa de las primeras regulaciones legales de la era de José Antonio Girón de Velasco, Ministro de Trabajo.

Aquella OTP era una organización intervenida de arriba abajo por el Estado, con una estructura típicamente gremial, incluido en le práctica el derecho a la herencia del puesto. Coto cerrado al que era imposible acceder como nuevo aspirante a trabajar en la estiba o desestiba de los mercantes que atracaran en puertos españoles.

Conviene, no obstante, saber que sin el matiz "franquista" de la OTP, en muchos otros países europeos cuyas credenciales democráticas estaban por encima de toda sospecha, la organización del trabajo en los puertos seguía pautas muy parecidas, especialmente, aunque no sólo, en países mediterráneos. Grecia, Italia, Portugal, Francia, Bélgica mantenían estructuras arcaicas alejadas por completo de las reglas del resto de los sectores productivos.

En todos los casos, las consecuencias eran similares: operaciones que se desarrollaban en un coto cerrado controlado por unas organizaciones que tenían poder no sólo para decidir quién podía ser estibador, sino cuántos. En algunos países, Portugal y Grecia, por ejemplo, la organización del trabajo en los puertos estaba también en manos de empresas u organimos públicos.

En consecuencia, las condiciones laborales de estos trabajadores siempre fueron excepcionales  en cuanto a salario, tiempo de trabajo y seguridad en el empleo. Repito: en muchos países, no sólo en España. Y en todos, los Gobiernos dejaban pasar el tiempo  sin mover ni una línea de lo escrito, antes que afrontar los riesgos de un conflicto que paralizara los puertos. Hasta que desde Bruselas se les obligó a cambiar.

La Unión Europea toma cartas en el asunto.

Hace ya más de quince años, los organismos comunitarios decidieron que los puertos no podían seguir siendo un territorio fuera de las reglas básicas de la libre competencia por lo que se refiere a las empresas, de la libre circulación por lo que se refiere a la mano de obra y de las pautas que regulan la negociación colectiva en cuanto al sistema para establecer las condiciones de trabajo.

No tengo la menor duda de que detrás de la medida estaba la formidable presión de los países europeos del Norte en los que el problema no existía. Dudo, por tanto, que cuando en Bruselas se decidió abrir los puertos a las reglas generales del mercado de trabajo se estuviera buscando el bienestar de los estibadores. Más bien, tiendo a pensar que eran las expectativas de negocio de ciertas empresas las que motivaran las actuaciones comunitarias.

El resultado fue el mismo: hace ya tiempo que Bruselas impuso a Grecia y Portugal, por ejemplo, la obligación de privatizar las entidades que operaban en los puertos y abrir éstos a la libre competencia; como también hizo en Francia y, con algunas mayores dificultades, en Bélgica. 

En cuanto a España, no debe cabernos ninguna duda que nuestros Gobiernos, no sólo el del Sr. Rajoy, han venido recibiendo primero advertencias, después comunicaciones, más adelante Resoluciones y, por fin, Sentencia que nos obliga en plazo perentorio a hacer lo que hace años debió de quedar resuelto. El incumplimiento del contenido de la Sentencia acarrearía multas millonarias. Algo lógico, por otra parte, que para incumplir una Sentencia y que no pase nada, hay que ser político catalán.

El consabido desbarajuste

Así que ahora, sólo ahora, cuando la multa es inminente, el Gobierno improvisa una negociación a toda prisa en un sector sin prácticamente experiencia de negociación colectiva, arma un proyecto de Decreto Ley advirtiendo a todo el mundo, de que eso es lo que pide Bruselas y que si no se admite su texto los irresponsables que se opongan sean estibadores o Partidos Políticos serán los culpables directos de las carísimas sanciones que "tendríamos que pagar del bolsillo de todos los españoles".

Las negociaciones entre Sindicatos de estibadores y empresas, encallan, o no avanzan al ritmo que al Gobierno le hubiera gustado.

Se nombra un mediador, Marcos Peña, Presidente del Consejo Económico y Social, uno de los más expertos negociadores que hay en España, pero, por el momento, aun no ha conseguido poner de acuerdo a las partes.

Los Sindicatos son conscientes de la fuerza que tienen detrás a la hora de defender condiciones de trabajo que, vistas desde fuera, son exorbitantes, pero que para ellos, son sus condiciones, las que conocen, a las que están acostumbrados y de las que les resulta difícil prescindir: control de contrataciones, control de los fondos para la formación de la mano de obra, salarios muy por encima de los estándares españoles,estabilidad en el empleo, etc.

Las empresas, poco acostumbradas, como dije a negociar, están además desunidas. Tampoco se dan, por tanto, las mejores condiciones para sentarse a negociar.

En este escenario, el Gobierno redacta su Decreto Ley, Bruselas considera que cumple con los términos de la Sentencia y lo somete a votación. Ya no son los tiempos de las mayorías aplastantes y pierde la votación. El portavoz del PP y el propio Presidente acusan al resto de actores del drama de irresponsabilidad. Como siempre.

Lo cierto es que...

1º.- El problema no lo ha inventado el PP. Viene de los tiempos, que ya ni vale la pena calificar, anteriores a la Constitución. Debió haberse empezado a afrontar hace años. Ejemplos de lo que se nos venía encima, tuvimos media docena. Una vez más se nos puede aplicar aquello de que "nadie escarmienta en cabeza ajena".

2º.- Pese a todo, es lo cierto que la ciudadanía ha empezado a oír hablar de esta cuestión tarde, mal y nunca. El Gobierno, éste Gobierno y el anterior, que era el mismo, han tenido tiempo suficiente para abrir cauces de diálogo y negociación desde hace muchos, muchos meses entre los estibadores y sus empleadores.

3º.- Hace ya muchos, muchos meses que debió de haber empezado el proceso de negociación. Como dice un conocido mío, también negociador experto, "no se pueden comer los pimientos hasta que no maduran", y eso, añado yo, depende de las dificultades objetivas del proceso -enormes en este caso, vistas las posiciones de partidas y el objetivo a conseguir-, de las circunstancias subjetivas de quienes negocian -poco favorables en ambos casos, por inexperiencia- y de la percepción sobre las propias fuerzas de cada uno de los grupos -desproporcionadas a favor, sea cierto o no, de los estibadores-

4º.- Es un error, un error fruto de la falta de práctica de gobernar sin mayoría absoluta y quizás de la propia ideología del Partido en el Gobierno, plantear el texto del Decreto Ley en el Gobierno sin haber obtenido antes un acuerdo entre partes (cosa imposible en el plazo que se han dado para negociar), ni, por lo tanto, haber conseguido antes de la votación apoyos suficientes para sacarlo adelante.

5º.- Tampoco es de recibo trasladarle a la ciudadanía la falacia de quien vote en contra del decreto Ley está votando por no acatar la Sentencia de la Corte Europea. En absoluto, por las siguientes razones:
  a-  Bruselas no ha dicho que sólo le valdría ese texto.
  b- Los Partidos disidentes -todos menos el PNV que acaba de salvar sus presupuestos por el pacto con el PP- tienen derecho a exigir al Gobierno que se implique más en la solución negociada y que, incluso, llegado el caso, consulte también con ellos el texto que quiere sacar adelante. Eso es el consenso, que está en las antípodas de la adhesión inquebrantable.

6º.- Las condiciones laborales de los estibadores son exorbitantes. Cierto, pero son el fruto de unas circunstancias con casi un siglo de antigüedad. Pueden extrañarnos, pero no el que ellos pretendan conservarlas. ¿Recuerdan viejos conflictos de los pilotos de Iberia? ¿No parecen semejantes? No sé hasta qué punto es decente echarles la ciudadanía encima a los estibadores. Como siempre, a veces conviene meterse en los zapatos del otro ¿qué haríamos cada uno de nosotros si fuéramos estibadores?

Y pese a todo...

Lo único que no podemos hacer, ni siquiera el Presidente del Gobierno, es darle marcha atrás al tiempo, así que de nada vale lamentarse de lo que pudo haber sido y no fue.

España no tiene más remedio que acatar la Sentencia del Tribunal Europeo. No estamos para tirar nuestros escasos dineros por la ventana, así es que habrá que buscar el modo de acatar el fallo y no incendiar los puertos.

Para eso se necesita no sólo un acuerdo parlamentario, sino que antes, Gobierno, Empresas y Sindicatos de estibadores, tienen que encontrar la solución menos irracional posible. Eso va a llevar tiempo, más, quizás, del que conceda Bruselas.

En tanto eso llega, cuantas menos descalificaciones se hagan públicas a quienes disienten, sean Partidos, Sindicatos o Empresas, o a quienes proponen soluciones, mejor.