Una extraña huelga general
Fin de fiesta
Para cuando mis lectores conozcan este texto, la campaña electoral ya habrá comenzado. No obstante, quiero dedicar este post a la pasada huelga general y a los extraños elementos que la han rodeado desde de su convocatoria hasta su desarrollo.
Desde que Adolfo Suárez ocupó la presidencia del Gobierno, 1976, hasta ahora, hemos conocido, si no recuerdo mal, once huelgas generales: dos durante el mandato del citado Adolfo Suárez, cuatro en tiempos de Felipe González, dos tuvo que soportar José María Aznar, una Rodriquez Zapatero, y finalmente, otras dos Mariano Rajoy.
Por extraño que parezca, Pedro Sánchez no se había enfrentado hasta el día 11, miércoles, al episodio de una huelga general. Incluso, anticipando algo de lo que hablaré más adelante, me cabe la duda de si el Presidente del Gobierno era, en verdad, el sujeto pasivo de la convocatoria.
Lejos, muy lejos, en el recuerdo de los más viejos puede que perviva aquella entelequia con la que, finalizando la década de los 50, el Partido Comunista de España, trataba de hacer saltar por los aires el régimen franquista: la HGP, la huelga general pacífica. Nunca se materializó y los tímidos intentos llevados cabo en los años 58 y 59 fracasaron y hasta hay quien sostiene que apuntalaron la dictadura.
Veamos, pues, por qué califico de extraña la huelga de esta semana.
La organización convocante
Es bien cierto que los dos sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT hicieron suya la convocatoria y, por así decirlo, la normalizaron. Sin embargo la iniciativa, recuerden, le correspondió al Sindicato de Inquilinas. ¿Sindicato? No, según la RAE: "Asociación de trabajadores para la defensa y promoción de sus intereses".
En modo alguno trato de restar méritos o deslegitimar al sedicente Sindicato de Inquilinas, pero lo cierto es que se trata de una organización en la que el factor distintivo de sus afiliados no es el característico de un sindicato (ser trabajador por cuenta ajena), sino la circunstancia de vivir en una vivienda alquilada. En su origen, recuerden, se trataba de articular una protesta nacional por los inasumibles precios de la vivienda, ya fuera en alquiler o en compra.
En cualquier caso, cuando los sindicatos de clase se sumaron a la iniciativa, y añadieron la carestía del coste de la vida (desfase creciente entre los incrementos del IPC y de los salarios) está claro que cualquier elucubración sobre la legitimidad de la convocatoria, quedaba fuera de lugar.
Quiero, no obstante, comentar un hecho que a mí me ha parecido percibir en la actitud inicial de los Sindicatos: se sumaron a la convocatoria, pero tardaron algún tiempo en entusiasmarse con la idea. De ahí, por ejemplo, la reticencia del Secretario General de CC.OO. respecto a lo que cabía esperar del seguimiento de la convocatoria, o la de su colega de UGT que comentaba que ésta no era una huelga como las demás. Salvadas las enormes diferencias entre ambos casos, me ha recordado la falta inicial de entusiasmo y la tardanza en sumarse al movimiento que, durante el Mayo francés del 68, pudo observarse entre sindicatos y Partidos de la izquierda, incluidos el Partido Comunista o personalidades como Jean Paul Sartre.
El verdadero destinatario de la protesta
Tampoco ha sido el habitual. De Suárez a Rajoy, las anteriores huelgas generales tenían como sujeto pasivo o paciente, al Presidente del Gobierno, en quien se personificaba al responsable final de los males que la protesta trataba de remediar. Podríamos decir que este dato forma parte del manual de la estrategia de una protesta del tipo que comentamos.
Volver la vista atrás, sólo un par de semanas, nos deja ver no sin asombro cómo era el propio Gobierno el que animaba a la ciudadanía a participar en la huelga general. Es decir, por extraño y antinatural que parezca, la huelga iba contra la oposición y contaba con el apoyo explícito del Gobierno. Y todo ello en plena precampaña electoral.
¿Explicable? Tal vez sí: el rechazo del Real Decreto-Ley "Maricarmen", y sus textos asociados fue obra de la oposición, luego poner la diana en sus líderes, no sólo extendía un velo protector sobre los responsables de la recalcitrante inacción gubernamental durante los últimos ocho años (¿o alguien cree que el problema que encalabrina a cientos de miles de ciudadanos nació con el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen? Un desahucio tramitado de acuerdo con la legislación que el actual Gobierno había mantenido en vigor hasta el último momento. Por si no fuera suficiente la explicación del porqué adjudicar la responsabilidad a la oposición, recordemos, repito, que las elecciones generales están ahí, a poco más de dos semanas.
¿Justo? Sólo en parte: Es evidente que la oposición, o, para ser más precisos, el dúo PP/Vox defiende un modelo de vivienda alineado con los postulados de las leyes del mercado. Y lo pone en práctica en las Comunidades Autónomas en las que gobierna, a veces en solitario (PP) o, en ocasiones en coalición con Vox. Pero no es menos cierto que ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Asturias, Comunidades fuera del control conservador, puede afirmarse que no existen problemas habitacionales parecidos. Dicho de otra manera, por unas causas o por otras, poco o nada útil se ha hecho en esta materia desde hace muchos, muchos años.
Algunas obviedades
Esta huelga que hemos vivido no cabe duda alguna de que ha sido un huelga política. Así ha sido ésta y así seguirán siendo todas las huelgas generales. No vale en ellas el patrón conocido de confrontación trabajador empresa. Aquí se trata de poner de manifiesto la capacidad de los convocantes para paralizar, más o menos, todo el país y con ello demostrar su fuerza para obligar al gobernante a cambiar su trayectoria política.
Por eso nos hemos encontrado, una vez más, ante el hecho incuestionable de que el seguimiento de cualquier paro general siempre es asimétrico, porque afecta a actividades muy fáciles de neutralizar en algunos casos, los transportes colectivos, por ejemplo, las grandes empresas con altas cuotas de afiliación sindical, pero de difícil arraigo en otros segmentos, como en el abigarrado mundo de los emprendedores autónomos.
Dando por descontado, pues, el carácter político de la huelga del miércoles pasado ¿ha sido, además, una huelga ilegal? El Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, establece en el apartado a) del Art. 11 que la huelga es ilegal "cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". Es curioso, porque aunque esta norma está en vigor (nunca ha sido formalmente derogada), sea porque es pre constitucional, sea porque, pese al paso de los años, aún sigue por elaborarse y publicarse la Ley que debería haber regulado el derecho a la huelga, tal como establece la Constitución (Art. 28.2), no conozco un sólo caso en el que los tribunales hayan considerado ilegal el participar en una huelga política, ni, por tanto, hayan sancionado como procedente un despido por haber participado en cualquiera de ellas..
Hay, por otra parte, como siempre, fuertes discrepancias entre convocantes y sufridores respecto al éxito o al fracaso de la convocatoria. No intentaré tratar de averiguar en qué nebuloso punto se halla la verdad. La patronal habla de fracaso (y, simultánea y contradictoriamente de pérdidas millonarias) y los sindicatos de seguimientos desiguales pero satisfactorios e incluso por encima de sus propias expectativa. En resumen, como siempre.
También están en línea con lo acostumbrado, los juicios sobre la actuación de las fuerzas del orden, ya sea en enfrentamientos con algunas actuaciones de piquetes "informativos" o al hacer frente a grupos más o menos violentos al término de manifestaciones convocadas en la tarde del miércoles. Los sindicatos acusan a la Policía del uso de gas pimienta y de pelotas de goma, así como de la ausencia de placas identificativas en más de un agente de policía. Grande-Marlaska, cuya dimisión o su cese ha sido pedido una vez más, anuncia una investigación al respecto ¿se harán públicos los resultados? Por descontado, también en este caso el Presiente de la CEOE y voces del PP y Vox, desmienten la versión sindical y defienden la proporcionalidad de la respuesta policial.
Y para terminar y como ejemplo de moderación y del uso cada día más versallesco del lenguaje público hemos oído, encendida, a la Presidenta de la Comunidad de Madrid hacer público que ha llamado a don Alberto Núñez Feijoo para que le asegure que terminará con la "mafia sindical", que "es basura". No la veo encabezando en el futuro ninguna negociación a tres bandas, Gobierno - Sindicatos - Patronal.