Plan de Calidad Institucional (V y último)

Y, para terminar, los jueces

La nueva era, la que comenzó el día que el General Franco abandonó este mundo, ha transformado España. No es el momento de dar un repaso, por somero que fuera, a las cosas que han cambiado desde entonces, a cómo es nuestro país cuarenta y siete años después. No obstante, algo tan esencial como la judicatura sigue esperando incorporarse al tiempo nuevo.

No, no es una crítica a los jueces; nada más lejos de mi intención porque no creo que fuera justo creerlo, mucho menos decirlo. La destinataria de mi crítica es la clase política nacida de la transición: la judicatura, el Poder Judicial, ha sido la cenicienta del progreso. Ningún Partido, ningún Gobierno, ni la UCD, ni el PSOE, ni el Partido Popular han estado a la altura de sus obligaciones. Y el resto de los Partidos tampoco han clamado contra lo evidente, que la judicatura española está en la UVI, desde hace décadas: plantillas canijas absolutamente insuficientes, escasez bochornosa de medios materiales, normativa procesal caduca… ¡Y seguimos perdiendo el tiempo conque si politizamos la justicia o judicializamos la política! ¡Y seguimos escuchando a diario debates estériles sobre quién es más culpable, si el que manda o el que está en la oposición! Y, mientras tanto, los unos por los otros, la casa sin barrer

Menos demagogia, más realismo, y alguna atención a los datos, porque todos sabemos qué habría que hacer para arreglar el dislate: poner los intereses del ciudadano por encima de los resultados electorales, e incrementar las partidas presupuestarias que correspondan durante los años necesarios para cambiar el panorama de arriba abajo.

Lean algunos datos de las estadísticas comunitarias:

• La media europea es de 20’7 jueces por cada 100.000 habitantes. Luxemburgo cuenta con 40, Alemania con 25, Portugal con 19. España tiene, exactamente, 10’2. ¡Ah! Y Bulgaria 31. Esto no va, ya ven, de pobres o ricos.
• Luxemburgo tiene un gasto en justicia de 200 € por habitante, Alemania 150, Portugal 89. España 68.

Veamos ahora qué dice el documento de Alberto Núñez Feijóo  sobre el Poder Judicial

XI. Mejoras en la carrera judicial

• Medida 52: Se mantiene el actual sistema de acceso a la carrera judicial por oposición, sin renunciar a su mejora y actualización. Perfecto, no vamos a un sistema de jueces electivos a la americana, ni a procesos de selección en manos de expertos, pero ¿qué medidas de mejora y actualización propone? Silencio. Silencio que interpreto como que lo dicho es una mera declaración retórica; probablemente porque no se tenga la menor idea de por dónde hincarle el diente a algo que tal vez ni siquiera se sepa si vale la pena intentar. Añade, a renglón seguido, que "Se propone incrementar el número de jueces de la planta judicial publicando convocatorias de 200 plazas por año". Bienvenido sea el anuncio de que habrá más jueces; falta hace, aunque ¿200 son muchos o pocos? ¿Cuántos se necesitan para llegar a la media europea? ¿Y a qué ritmo anual? ¿Y durante cuántos años? Porque barrunto que podríamos tener problemas para conseguir 200 jueces nuevos si tratamos de mantener los niveles de calidad exigibles. Un juez competente no se improvisa. Y como eso es así, mucho me temo que la propuesta es un farol.
• Medida 53: Para el desempeño de cargos públicos representativos o de confianza y reingreso al servicio activo, los Jueces y Magistrados que se presenten a elecciones para acceder a cargos públicos representativos solicitarán una excedencia voluntaria. Miren por dónde, esta vez el documento sí es preciso, prolijo y exhaustivo: una larga exposición y cuatro párrafos más para detallar punto por punto, cómo regular la entrada y salida de los jueces que un buen (o mal) día cuelguen temporalmente su toga y se metan en política. Loable, pero sospechoso: cuatro líneas para resolver la penuria de medios humanos y párrafos densos, detallados, regulando ese irse y volver de los Jueces. Dicho de otra manera, a Don Alberto no le gustan los Jueces en la Política. (A mí tampoco me entusiasman, pero más me alarma el desinterés por los grandes problemas de la Justicia, cada día peor valorada por la ciudadanía). O sea, el documento dedica más atención a la actividad política de los jueces que a la carencia de efectivos.
• Medida 54: En el ámbito de nombramientos, todos los altos cargos de la carrera judicial pasarán a ser nombrados por mayoría de tres quintos del CGPJ. La relación de afectados, que se incluye a renglón seguido de lo que acabo de transcribir, será elegida, si las cosas no cambian, previo acuerdo necesario entre los dos bloques del Consejo, el progresista y el conservador. así que cualquiera de los dos Partidos hegemónicos puede bloquear sine die la cobertura de las plazas más importantes e la carrera judicial. ¿Les suena? Eso es lo que viene ocurriendo con la renovación del propio Consejo desde hace más de mil días. Para echarse a temblar.

Este punto 54, incluye además el requisito de 20 años de antigüedad mínima en la carrera para acceder al Tribunal Supremo, y el cambio de sistema de nombramiento de magistrados autonómicos, hurtándole a la Asambleas Legislativas regionales la capacidad actual de presentar ternas, sustituyéndola por un nuevo método de nombramiento por concurso de méritos en el cual, uno de cada tres Magistrados nuevos podrá ser un jurista de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional en la Comunidad Autónoma. Me pregunto el por qué del cambio. Suena a aperitivo de lo que se avecina cuando hablemos del CGPJ y del modo en que se propone modificar la elección de sus vocales. ¿Judicialización de la justicia? ¿Bastaría con modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica, o sea, aprobación por mayoría absoluta) o deberán revisarse los Estatutos de Autonomía si es que en ellos, lo desconozco, aparece recogida esa prerrogativa de la asamblea?

XII.- Garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial

¡Por fin, como guinda del pastel, don Alberto se arremanga y entra a fondo en el asunto que, le quite votos o no, es uno de los grandes bochornos políticos desde hace años! Antes de entrar en materia, se me ocurre que la credibilidad de este apartado y, en buena medida, del documento entero, habría quedado asegurada si hubiera venido precedida por el anuncio del fin del bloqueo a la renovación del actual Consejo. No ha caído esa breva.

Medida 55.- Con carácter prioritario se derogará la reforma que limita las funciones del CGPJ cuando se encuentra en situación de prórroga. No dudo de que si gana las elecciones, el Sr. Feijóo puede hacerlo. Es una medida cortoplacista, una especie de revancha antisanchista, aunque, si se parara a pensarlo, vería que el sistema actual puede verse desde otro enfoque: restarle competencias al Consejo cuando expira su plazo y está "en funciones" es una manera de desanimar a que se produzcan este tipo de manifiestas irregularidades. En fin, minucias, comparadas con el punto 56.

Medida 56: Además, se establecerá un nuevo modelo de nombramiento de los vocales del CGPJ. Era de esperar. Supongo que el Sr. Feijóo pretende, después de ganar las elecciones, continuar con un Consejo afín a sus tesis y olvidarse del pasado. Es una opción, pero, como era de esperar, no hay el menor rastro que indique un cambio de actitud en el gran tema pendiente: la renovación del actual y caducado Consejo. Es decir, de primero acatar la legalidad vigente y luego, si procede, cambiarla, nada de nada.

¿Cómo quiere que se elijan los Conejeros Jueces si llega a la Moncloa?

1. Los doce vocales del turno de procedencia judicial serán elegidos por y entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se encuentren en situación de servicio activo. De los doce vocales, dos serán Magistrados del Tribunal Supremo, tres magistrados con antigüedad superior a veinticinco años, y siete Jueces o Magistrados sin sujeción a antigüedad. No son elegibles aquellos que hubieren sido cargo electo, miembro del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas o cargo orgánico en un partido político u organización sindical en los últimos cinco años.   
2. La elección de los ocho vocales del turno de juristas de prestigio por el Congreso y el Senado se realizará entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio en su profesión, que no hayan sido cargo electo, miembro del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas o cargo orgánico en un partido político u organización sindical en los últimos cinco años. No podrán ser elegidos por este turno quienes sean miembros de la Carrera judicial, salvo que se encuentren en situación administrativa distinta a la del servicio activo durante al menos los cuatro años anteriores.

¿Razonable? El slogan de "que los jueces elijan a los jueces" suena bien, es fácil de recordar y, si no se le da muchas vueltas, hasta parece de una lógica aplastante: 

Vamos por partes

• ¿Qué dice la Constitución? El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. Se ha dicho en varias ocasiones por voceros del PP que la Constitución ampara el que los jueces elijan a los jueces. No es cierto, no hay más que leer de nuevo el 122.3 de la Constitución: se elegirán entre, no por. Tienen que ser jueces pero no necesariamente elegidos por sus compañeros.
• El equilibro entre poderes que se ha buscado desde Montesquieu, recela de que alguno de los tres Poderes alcance excesiva preeminencia sobre los otros dos. Normalmente las suspicacias se centran en el Poder Ejecutivo, pero el Judicial también debe responder a ese juego de contrapesos. En este sentido, hay que recordar que el Consejo es el órgano de gobierno de la judicatura pero que no forma parte de ella. Es, pues, el órgano de gobierno y de control. ¿Tan perverso es que el controlador no sea elegido por aquellos a quienes tiene que controlar?

En esta materia, desde hace años, nos estamos moviendo en el terreno de los equívocos. A fuerza de repetirlo hay quien puede llegar a pensar que lo que se busca es una judicatura apolítica, cuasi angelical, sin ideología. Eso es un disparate; los jueces no sólo pueden sino que, de hecho, tienen ideas políticas, y cuando se agrupan lo hacen en base a afinidades ideológicas, y no hay forma de evitarlo, ni falta que hace.

Lo que hay que buscar y conseguir, no es que no tengan ideas, sino que las dejen de lado cuando tienen que dictar sentencia, o, en el caso del Consejo, cuando tienen que gobernar la judicatura. Debates como éste se producen en todos los países: en USA cada Presidente, cuando llega el momento, nombra jueces del Supremo afines a su modo de pensar. Luego, la ideología de los nombrados puede llegar a influir en asuntos tales como la constitucionalidad o no de la pena de muerte o del aborto, pero no en si el Presidente que los nombró se saltó o no la legalidad vigente, como Mr. Trump ha tenido ocasión de comprobar. 

Tal parece que Alberto Núñez Feijóo busca seguir controlando el CGPJ acaso porque da por supuesto que en el colectivo del que hablamos pudiera haber una mayoría de jueces de mentalidad conservadora. Es posible que tenga razón, pero, tal como yo lo veo, eso no tiene nada que ver con lo que la Constitución establece, ésa que dice que hay que renovar el Consejo al quinto año, ésa que parece papel mojado para tres Presidentes seguidos del PP. 

En resumen

• El documento que he venido comentando, como cualquiera que contuviera sesenta medidas, tiene de todo: algunas mayoritariamente aceptables, otras de corte más o menos oportunista, e incluso, más de una irrelevante o inadecuada. Las hay de gran calado y otras sin demasiada sustancia.
• Da la impresión de haber sido el fruto de un proceso de elaboración precipitado; carece, a mi juicio, de una sistemática armónica, y me parece percibir estilos de redacción diversos, que cabría atribuir a una diversidad de fuentes, no unificadas por una última lectura.
• Echo de menos referencias al mundo de la economía (no al empresarial) y a las instituciones supranacionales. No esperaba que se propusiera modificar los Tratados de la Unión Europea, pero sí alguna medida sobre cómo debería comportarse, por ejemplo, el Gobierno que él aspira a encabezar, con Bruselas ¿O es que renuncia a salir de casa?
• Más me preocupa, no obstante un silencio atronador: ni una vez, ni una sola vez ha utilizado expresiones como "pacto de Estado", "acuerdos con la oposición", "consenso". Él sabrá cuáles son sus expectativas electorales, pero tenga la mayoría que tenga, sin interlocución con la oposición y con los agentes sociales, sin acuerdos de Estado lo que pudiera llegar a conseguir, puede durar lo que dure su legislatura.
• Y, hablando de silencio, me sorprende que de este documento, dado a luz hace más de un mes, no se ha vuelto a hablar ni por Don Alberto ni por su coro de palmeros habituales.
• De lo que no tengo duda alguna, por último,  es de que aunque su Gobierno esté formado por superhombres (y supermujeres, no faltaría más), aunque él mismo estuviera revestido de poderes sobrenaturales, es completamente imposible sacar adelante éstas sesenta medidas en los primeros cien días de andadura de su mandato. Espero que, al menos en esto, ambos estemos de acuerdo. 

 La próxima semana hablaremos de animales o de la pareja Abascal - Tamames o de las dos cosas, ya veremos.

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  Plan de Calidad Institucional (IV)

Ánimo

Buen ánimo, que sólo resta una entrega más, la referida a la carrera judicial y al Consejo General del Poder Judicial, capítulos XI y XII. Cuando termine, me comprometo  desde ahora a no volver a desmenuzar el programa de un Partido Político, hasta pasado por lo menos un par de años.

Vamos, pues, con casi todo lo que nos falta.

VII. Garantizar la máxima independencia de las instituciones

Loable cometido, desde luego, aunque al leer el texto, haya casos en los que las propuestas son obviedades repetidas cien veces (criterios para ser elegido Alto Cargo, medida 32; Régimen de incompatibilidades para presidir organismos reguladores u organismos independientes a quienes hayan sido Altos Cargos, medida 33).

En cuanto a la presidencia del CNI, (medida 34), me temo que la naturaleza del organismo lo hace poco adecuado para regulaciones rígidas, a no confundir con exigentes e incluso rigurosas. Por ejemplo ¿es imprescindible que el Director del CNI no haya sido Cargo Público? ¿Seguro? ¿Y es necesario dejar constancia de que el Jefe de todos los espías acredite competencia y experiencia? ¿Sólo él? ¿Y a juicio de quién? 

El problema es que casi nadie sabe lo suficiente del mundo de los servicios de inteligencia como para opinar sobre ellos, más allá de cuatro lugares comunes, no siempre justificados. Si algo no casa con la propia naturaleza de estos servicios es la transparencia.

Una precaución: zascandilear con los espías, puede acarrear problemas graves. Son una comunidad peculiar, aquí y hasta en Andorra, regida por sus propias normas. Los daños en cuanto a pérdida de información derivada de cambios drásticos pueden ser considerables, entre otras cosas porque formar a un especialista o introducir a un agente en el lugar preciso, puede llevar años.

Más sentido tendría aplicar reglas como las que se piden para el CNI a organismos como el INE (medida 35),  RTVE o la Agencia EFE (36) o el CIS (37), aunque, es curioso: lean los requisitos que se exigen para ser su mandamás y traten de averiguar cuál  de ellos no cumple el Sr. Tezanos.

VIII. Verdadera modernización de la Administración

Me sorprende lo de "verdadera", como si tratara de contraponer su propuesta a una modernización falsa que acabara de hacerse hace un par de años, lo que no es el caso.

Empieza el apartado VIII con una declaración con la que estoy absoluta, completa y definitivamente de acuerdo: "La Administración Pública requiere una profunda reforma de su configuración para hacerla más eficiente y efectiva". El problema llega a la hora de concretar de qué reforma se habla, a dónde quiere llegar y cómo piensa hacerlo.

Está bien lo de llevar a cabo una evaluación del sector público (medida 38) pero sería bueno apuntar quién va a encargarse de hacerla, con quiénes piensa hablarse antes y para qué quiere hacerse la evaluación. Añadir, como hace este punto que es para "tomar conciencia de sus dimensiones y poder así, a la vista del mapa de jubilaciones, plantear una reordenación de la Administración Pública", parece un objetivo alicorto y basado en arraigados prejuicios como el excesivo tamaño de la función pública española

• Lo crea o no, los empleados públicos están ya contados; otra cosa es que el redactor no lo sepa. Recuerde que todos cobran del dinero público, o sea que se trata de preguntárselo al que hace las nóminas. Por cierto, y aunque a don Alberto le extrañe, la proporción funcionario/contribuyente en España está por debajo de países como Reino Unido, Francia, Alemania o Italia, o sea, los consabidos y entrañables "países de nuestro entorno". Y si le dicen lo contrario, pida datos fiables.
• No se trata de aprovechar el mapa de jubilaciones para reordenar la Administración Pública. Eso es sólo una de las cuestiones a resolver, y de las más sencillas, por cierto: basta elabora run plan a corto, medio y largo plazo de convocatorias de empleo público (recuérdese que estamos hablando de medidas de Gobierno).
• No es tanto un problema de cantidad de funcionarios como de qué se quiere hacer con la Administración, y ahí, el documento navega sin rumbo

En los objetivos de la medida 39, aparte de algunos lugares comunes que ya eran viejos en los tiempos de Larra (simplificar la burocracia, fomentar transparencia y buen gobierno, garantizar procesos de selección transparentes y abiertos…), parece transparentarse una concepción de la Administración del Estado como herramienta al servicio de la empresa privada (leo expresiones como "La administración debe ser correa de transmisión de las iniciativas empresariales que generan bienestar y prosperidad". "Las empresas podrán instalarse con los requisitos de sus lugares de origen, sin necesidad de que tengan que solicitar o aportar trámites específicos") que estaría muy bien si hubiera peticiones similares referidos al resto de los destinatarios, es decir para los ciudadanos no empresarios.

Echo en falta la percepción del núcleo del problema: qué modelo de Administración Pública buscamos, el vigente limpio de adherencias indeseadas o el basado en criterios que exigirían cambios radicales en el status del funcionario, desde el ingreso hasta su partida,  empezando por la mismísima definición de empleado público, régimen racional de retribuciones, cuadro de derechos y deberes en línea con el resto del mundo del trabajo, diseño de carreras profesionales basadas en las necesidades cambiantes del país, vasos comunicantes entre Administración, mundo empresarial, sociedad civil, Universidad, sistemas de control de rendimiento, formación permanente del funcionariado, etc., etc.

Resolver este problema es esencial para conseguir una España en el pelotón de cabeza. Conseguirlo va mucho más allá, que "fomentar la digitalización para ofrecer un mejor servicio al ciudadano" o "reformar el régimen de incompatibilidades de responsables políticos y de los altos cargos de la administración", cosas ambas que habrá que hacer, desde luego, pero como consecuencias lógicas de otras previas.

No sé a quién habrá encargado Feijóo la redacción de esta parte del documento. Dejar escrito, así, como suena, que uno de los objetivos de la reforma de la Administración es "establecer distintos rangos de retribuciones con el fin de adaptarlos a su nivel de responsabilidad", me deja perplejo. Seguramente puede mejorarse, volverse del revés o hasta vincular el nivel retributivo con los resultados del sorteo del cupón pro ciegos, pero puedo asegurarle al candidato popular, que el ordenanza y el subsecretario ya tenían distintos rangos retributivos distintos cuando Alfonso XII lloraba la muerte de María Mercedes.

Por último, hasta un expresidente autonómico debería saber que acometer la tarea que se desprende de este apartado no sólo puede y hasta debe exigir más de una legislatura (que suelen durar más de 100 días), sino que exige el concurso de una multiplicidad de fuerzas políticas, instituciones y colectivos. Si quiere que valga para algo y no acabe en la papelera en el siguiente mandato, es imprescindible un pacto de Estado.

En resumen, un tiro al aire.

IX.- Recuperar el prestigio del Tribunal Constitucional

Un capítulo previsiblemente denso, que abarca desde los supuestos de inelegibilidad de candidatos a Magistrados (medida 40) al minucioso detalle del proceso de constitución del Tribunal (medida 41), o, en claro cambio de plano, qué hacer con la Webb del TC y con los votos del Tribunal en cuanto a conocimiento público, o a la elaboración y publicación de un código ético de aplicación en el propio órgano (medida 42).

Por otra parte, visto el distinto grado de detalle dentro del mismo capítulo, da la impresión de que su contenido fluye de fuentes diferentes. Así, (medida 43) las muy precisas normas sobre funcionamiento del TC contrastan con la vaguedad de otras propuestas ya vistas. Un par de ejemplos de concreción:

• La previsión de que "en caso de que se rompa el turno objetivo de distribución de asuntos, deberá motivarse el cambio de criterio, que será notificado a las partes y publicado en la web del Tribunal". 
• O la puesta en marcha de mecanismos que garanticen que “cuando una Sala considere necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional precedente sentada por el Tribunal, la cuestión se someterá a la decisión del Pleno”.

Es una lástima que las medidas de que habla la 44 para asegurar el escrupuloso respeto a los plazos no haya podido aplicarse durante los doce años que no le han bastado al TC en su composición anterior para dictar sentencia sobre el recurso del PP a la Ley del aborto. En fin, más vale tarde que nunca.

Y en un último salto metodológico, la medida 45 anuncia la ampliación de posibilidades de presentar recurso previo de inconstitucionalidad sobre Leyes orgánicas que regulan órganos constitucionales, poderes del Estado o instituciones de relevancia constitucional. Se anuncia, pero no se concreta. Quizás cuando llegue el momento…

X.- Mejoras en el funcionamiento del Ministerio Fiscal

Mejoras, no cambios sustanciales, y más pensadas para casos concretos en que los Fiscales Generales no han obtenido el beneplácito del Sr. Feijóo que basadas en argumentos razonados:

• Medida 46: Se considera necesario aprobar un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que avance decididamente en la autonomía de esta institución. ¿Por qué? La solución en párrafos siguientes.
• Medida 47: En el nuevo régimen jurídico que regule la figura, su mandato durará 5 años y la marcha del gobierno que lo nombró, no será causa de cese del Fiscal. Un Fiscal que podrá ser recusado aunque luego no se diga ni cómo, ni cuándo, ni por quién.
• Las medida 48 y 49 amplían las atribuciones del Ministerio Fiscal y pretenden reforzar al Consejo Fiscal incrementando su independencia respecto del Gobierno y su influencia sobre el Poder Legislativo cuando se trate de debatir contenidos penales, por ejemplo. Al margen de la falta de una sistemática armónica en el documento en su conjunto, estás medidas, una a una y en bloque son más que aceptables, salvo en algún detalle menor. Parece, nada más, que a esta parte del texto le faltara un par de lecturas más.

En línea con lo que acabo de comentar, creo que volver a hablar de regular las "puertas giratorias",  (medida 50) es redundante y terminológicamente carente calidad técnica. Por otra parte, vago y un tanto retórico es el nebuloso contenido de la medida 51 sobre "modernización de la estructura organizativa del Ministerio Fiscal".

XIII.- Consejo de Estado

Muchos de mis lectores no son juristas; tampoco se pierde tanto, no crean, pero en honor de quienes no estudiaran Leyes, sepan que hablamos de la joya de la corona entre los órganos consultivos del Estado. De este país y de muchos otros. Creada por Carlos V, la institución está llamada a iluminar con sus opiniones la toma de decisiones legislativas y ejecutivas de máximo nivel. Los Consejeros, la flor y nata de quienes ya lo han sido todo en el mundo socio-político-jurídico del país, están auxiliados por el cuerpo de funcionarios que para muchos es el más prestigioso de la Administración Civil del Estado: los Letrados del Consejo de Estado. 

Sobre esta maravilla tratan las cuatro últimas medidas propuestas por Alberto Feijóo.

• Don Alberto quiere modificar, medida 57, los requisitos para nombrar al Presidente del Consejo. Reserva el cargo a la élite del mundo del Derecho, deja fuera de la elección a quien haya ocupado cargos electivos relevantes, centrales, autonómicos, partidistas o sindicales, y habla de exigir el dictamen favorable de idoneidad y ausencia de conflicto de intereses en la comparecencia ante el Congreso de los Diputados. No dice qué mayoría será la exigible, pero, en principio, no parecen exigencias excesivas.
• La medida 58 la dedica el documento a puntualizar qué tipo de proyectos legislativos han de ser sometidos a su examen previo. En mi opinión, por una vez, y sin que sirva de precedente, la lista se queda corta: nunca he visto las razones de fondo para hurtar al examen del Consejo de Estado proyectos de Ley que procedan del propio Parlamento, por ejemplo. Creo que en España se abusa del concepto de "urgencia" como salvoconducto para obviar trámites que están pensados para asegurar la calidad jurídica de los proyectos. 
• ¡Ah, la transparencia! Como la sostenibilidad, la diversidad, y la perspectiva de género es un mantra recurrente. Así que alguien ha aconsejado a Don Alberto que el Consejo por muy estupendos que sean sus Consejeros y sus asesores, publique en la Webb "la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad". (medida 59) ¿Algún indicio de qué es relevante o de quién puede decidirlo? Pues no, mire usted. Es lo que pasa con las modas. Si hay que ser transparente, pues se ordena y listo. Y, por si fuera poco, el Presidente, que siempre será un "ex" de altos vuelos, una vez al año se reúne con la Comisión Constitucional del Congreso y les cuenta cómo ha ido el ejercicio. Seguro que esa mañana, o esa tarde, más de un comisionado se queda en casa.
• Y, de fin de fiesta, en la medida 60, se promete mejorar las condiciones del Cuerpo de Letrados del Consejo (ya digo, los mejores en su campo, cuya actividad es compatible con su frecuente condición de Catedrático y con el ejercicio libre de su profesión). Habrá, pues, más Letrados, lógico si están pluriempleados, y ampliarán su vida laboral hasta los 72 años. No me consta que haya habido protestas por parte de tan distinguido colegio.

Descansen, amigos. Otra más y luego hablamos de… No pensarán que vaya a decirlo hoy ¿verdad?

 Plan de Calidad Institucional (III)

IV. Fortalecimiento del papel del Senado

Cada cierto tiempo se escuchan voces que proponen la supresión del Senado. Voces que suelen hablar del coste de una institución cuyas funciones no están del todo claras ni, acaso, justificadas y cuyo tamaño, comparado, por ejemplo con el de los Estados Unidos de Norteamérica o con el de la Alemania Federal, es desmesurado.

El debate como tal nunca se ha llevado a cabo donde importa, en las dos cámaras legislativas, sino que se ha refugiado en las redes sociales, aunque creer en la espontaneidad de lo que se lee en ellas es de una ingenuidad enternecedora.

En todo caso, con el líder de la oposición sentado en el Senado, único espacio donde, por el momento, puede confrontar sus habilidades dialécticas con las del Sr. Sánchez, habría sido sorprendente que en el documento que comentamos se hubiera manifestado a favor de la supresión de su propia silla curul. 

No ha sido así: el  Capítulo IV, apartados 18 a 21 del documento que vengo comentando desde hace un par de semanas, propone medidas que están llamadas a convertir el Senado en lo que es en otros países donde su papel es muy otro que en el pariente español, pariente pobre en este caso.

Pese a todo, no veo necesario reproducir la literalidad de la totalidad de las propuestas, al menos no en todos los casos.

• El punto 18 propone que el Senado sea el foro idóneo para debatir las propuestas sobre competencias entre niveles (órganos, los llama) centrales y autonómicos. El Art. 69.1 de la Constitución, ya dice que  "El Senado es la Cámara de representación territorial", lo que, en cualquier caso, sitúa la propuesta dentro de la más absoluta normalidad.  No obstante habría sido deseable una mayor concreción. ¿A qué órganos centrales y autonómicos se refiere?¿Reclama una competencia exclusiva y excluyente frente al Parlamento, o seguirá reducido a otro supuesto más de segundas lecturas?
• Habla en el 19 de que "determinadas decisiones y políticas de carácter claramente territorial tengan un procedimiento específico de deliberación y aprobación" y cita, como prioritarias las relativas a la financiación autonómica y local. Una vez más el texto, además de farragoso es inconcreto (¿"determinadas decisiones"? ¿"determinadas políticas? ¿Un órgano legislativo, el Senado, va a aprobar políticas, o sea cuestiones que podrían ser privativas del Poder Ejecutivo que el señor Feijóo aspira a presidir?) Seguramente quiere decir otra cosa, pero no sabemos cuál es.
• El punto 20, por el contrario, aunque siga siendo un tanto programático (no es una medida sino una orientación) apunta, creo yo a algo bastante más sustancioso: la conveniencia de reforzar la capacidad de control del Senado, cámara territorial no se olvide, sobre la distribución de fondos públicos relacionados con las administraciones territoriales y la elaboración de una Ley que incluyera indicadores de gestión para medir eficacia y eficiencia en la utilización de los fondos locales y autonómicos. La propuesta precisa desarrollo pero no es mal punto de partida. Mi duda estriba en si su origen no está tan vinculado al pasado reciente de don Alberto, cuando era el Presidente gallego, que cuando llegue a la Moncloa se incline por mantener el statu quo actual.
• En cuanto al punto 21, se habla de "fortalecer" el papel exclusivo del Senado como escenario de los debates entre Gobierno de España, Gobiernos autonómicos y grupos parlamentarios, anunciando, como corolario, la propuesta concreta de que puedan presentarse y votarse resoluciones tras los debates de la hoy achacosa Comisión General de Comunidades Autónomas. Personalmente me gusta la propuesta aunque la veo un tanto verde. Qué pensarán al respecto, por ejemplo, los Presidentes de País Vasco y Cataluña. Incluir esta medida para los cien primeros días es un brindis al sol. Hay tanta tela por cortar que si lograra hacerla buena raspando las elecciones generales siguientes, podría darse por contento. Repito, no obstante, que me parece algo sobre lo que se podría y se debería trabajar.

En resumen, este capítulo en su conjunto abre vías interesantes, pendientes de concreción, aunque deja intacto el debate del que hablaba antes: ¿es imprescindible el Senado?. En todo caso, quizás la vaguedad de las propuestas se deba a que el Sr. Feijóo supongo que sabe que de éstas no debe esperar una riada de votos. A la mayoría de los votantes los deja fríos.

VI. Medidas para un buen Gobierno

Examinado ya en un post anterior el capítulo V, sobre la gobernabilidad de los Ayuntamientos y la propuesta de encomendar su gobierno a la lista mas votada, los puntos 23 al 31 abordan cuestiones de mucho menor fuste pero, paradójicamente, susceptibles de despertar mayor interés no entre los lectores del documento -sigo escéptico al respecto- sino entre quienes escuchen en un futuro próximo la glosa que hagan de ellos voceros y candidatos

• Hablar, punto 23, de afinar la normativa para que no vayan perdiéndose por ahí documentos públicos sensibles, es anunciar que el asunto "Pegasus" saldrá a relucir en campaña. Era de esperar, pero está bien: los papeles hay que guardarlos con mucho cuidado. Algo parecido al anuncio de que hay que mejorar el rigor de las memorias económicas que acompañen a los proyectos de Ley; cosa que, como recordarán, ya salió a relucir en medidas anteriores, aunque ni entonces ni ahora se den mayores pistas sobre textos concretos.
• Algunas de las medidas, perdónenme si peco de malpensado, parecen ser el reflejo de un cierto complejo de inferioridad a la hora de compararse con el actual ocupante de La Moncloa. Me refiero a la patenta facilidad de movimientos en escenarios internacionales de Pedro Sánchez. Por ejemplo, cuando en las medida 27 y 30 se habla de evitar que las visitas de Estado coincidan con actos partidistas que podrían haber sido cargados a las cuentas públicas, o cuando, medida 29 se insiste en reglamentar cuántos y quiénes deben acompañar al Presidente cuando viaja fuera de España. Es obvio que caben otras interpretaciones, pero a mí me suena que el Sr. Feijóo no se ve dando abrazos a M. Macron, a Herr Scholz, o departiendo amablemente con éste o aquél, mandatario hispano. O sea, que lo veo menos viajero; lo que pasa es que, cuando así ocurra, si es él quien va a decidir sobre actos e invitados, tampoco creo que el viaje precise de tanta alforja: con invitar a menos gente o no convocar a emigrantes en Buenos Aires, estaría al cabo de la calle.

La medida 25 creo que merece un comentario más pormenorizado: 25. Se establecerá un régimen de información institucionalizado y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición - o las personas en los que ambos acuerden delegar-. En todo caso, le informará cuando corresponda y como mínimo una vez durante cada periodo de sesiones sobre los siguientes asuntos:

• Tras la celebración de cumbres internacionales. 
• Sobre decisiones sustanciales en Política Exterior y Defensa. 
• Al menos una vez durante cada periodo de sesiones sobre el Pacto Antiterrorista. 
• Al menos una vez durante cada periodo de sesiones sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

Así debería ser. Si la alternancia es uno de los pilares de la democracia, el líder de la oposición tiene que tener un papel fundamental en el juego político. A quien no lo haya hecho, le sugiero la lectura de las Memorias de Winston Churchill y lo que cuenta de su relación con el Premier británico, cuando él mismo era el Jefe de la Oposición al Gobierno de Su Majestad. No me resisto a la tentación de recomendarle al señor Feijóo que no deje para mañana el comportarse ahora que está en la oposición con la lealtad que pide para los demás.

Por el contrario, lean lo que propone el punto 26: Se establecerán por Ley las pautas para la configuración de gobiernos, a efectos de que respondan a un número razonable y proporcionado de ministerios y altos cargos, así como de criterios de moderación para el nombramiento de asesores y miembros de los Gabinetes del Gobierno. 

¿De verdad que está dispuesto a legislar sobre el número de Ministros que deben de tener los futuros Gobiernos? ¿Antes de saber en qué momento, en qué coyuntura se forma cada Gobierno? ¿Meses antes de saber si tendrá que compartir el poder con Vox y cederle un número incierto de poltronas? ¿Está seguro de que su propio Partido va a renunciar a la sinecura de colocar paniaguados en funciones de supuestas asesorías? ¿Podríamos esperar alguna acción ejemplar de reducción de asesores en Gobiernos de Comunidades en manos de su Partido? No importa: bienvenida sea la medida de prescindir de momios y canonjías ¡Que los dioses le escuchen!

Lo que ya no creo que quepa en las mentes de los habitantes del Olimpo a la hora de ayudar a don Alberto es en lo que propone en el 28: En aras de la necesaria transparencia sobre lo anterior, se abrirá un registro sobre el uso del Airbus A310, Dassault Falcon 900 y del helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno. Pues bueno, que lo haga con o sin ayuda de los dioses, y que, llegado el caso, nos lo cuente, aunque de lo que estoy seguro es que esta medida es otra más de las que hay que interpretar en clave de lema electoral: escucharemos hablar de estas aeronaves, ya lo verán, perdón: ya lo oirán.

Para terminar, propone el señor Feijóo (punto 31) regular el traspaso de poderes tanto para facilitar el acceso de datos a los entrantes como para sancionar a los salientes que hagan, para entendernos, trampas en el proceso de transmisión. No sé muy bien si se trata de algo que no está hecho, de corregir errores flagrantes que hay que evitar, o de ponerse la venda antes de recibir la pedrada. Ni el equipo de Felipe González cuando sucedió a Calvo Sotelo, ni José María Aznar cuando desbancó a González, ni Zapatero, ni Rajoy, ni Sánchez han clamado por las trabas que encontraron para saber dónde estaban las llaves, los documentos o las botellas sin abrir. Por el momento, entre nosotros no ha habido émulos de don Trump o de don Bolsonaro ¿Quiere regular este asunto? Hágalo, no creo que estorbe, pero como sólo podrá hacerlo cuando ya esté en La Moncloa y la medida no será de aplicación hasta que él mismo tenga que volverse a su casa, no corra demasiado, que le aseguro que hay cosas mucho más urgentes.  

El asombroso caso de los trenes que no cabían en los túneles

Parece mentira pero ha ocurrido. En España, no en Sierra Leona, o en Bután donde poco o nada saben de trenes. En este invierno del 2023, no en el siglo XIX, cuando la falta de práctica podría haber propiciado un despropósito semejante.

Ciento setenta y cinco años después de inaugurar el primer ferrocarril en suelo español, la línea Barcelona-Mataró (aunque el primer tren español, en verdad, datara de once años antes, la línea La Habana-Güemes, inaugurada en 1937) los gestores de los fabulosos trenes de alta velocidad, los responsables de Alvias, Talgos y demás maravillas sobre rieles, prometieron renovar cierto material rodante que debería aliviar la penuria ferroviaria de Cantabria.

Cantabria, ya saben, con su peculiar aislamiento de la meseta a la que se accede, o de la que se proviene en más de una ocasión a través de túneles centenarios. Debe de quedar claro que los túneles ya estaban hechos antes de que mamás y papás de lo gestores de RENFE y ADIF tontearan por parques y discotecas. O sea, que lo que tenían que resolver los citados gestores era encargar la fabricación de unos trenes que saliendo desde un punto y llegando a otro, túneles mediantes, llevaran pasajeros y equipajes de A a B o de B a A.

Establecer las características del material, como es de esperar, fue cosa de los que pagan, a saber, RENFE y ADIF y, en último extremo, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (dejo para otro día tratar de averiguar por qué desde hace algún tiempo no hay Ministerio cuyo nombre completo quepa en una tarjeta de visita de las de antes); a CAF, Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, le correspondía fabricar, entregar y cobrar lo estipulado. 

Por fortuna, o por experiencia, o por precaución, alguien en CAF se le ocurrió enviar a un propio a que midiera anchura y altura de los túneles no fuera a ser que…

¡Y era! Detrás de esta historia no están los Hermanos Marx, ni Berlanga, ni mucho menos la tenebrosa Mano Negra. No, no es un gag, ni una conspiración: este invierno se ha descubierto que el proyecto de RENFE/ADIF era una chapuza de tal naturaleza que había encargado unos trenes, hoy, que no cabían en unos túneles que estaban ahí antes de que al señor Revilla se le hubiera pasado por la cabeza pedir una esfuerzo para mejorar las comunicaciones con Madrid.

¿Cosas que pasan? Pues no deberían, pero pasan. Ahora, la pregunta es quién o quiénes fueron los responsables de semejante astracanada y qué va a pasar con ellos. Caerán los técnico, si no lo han hecho ya; es posible que algún directivo también sea recolocado pero ¿los políticos?

Cuenta "El Mundo" que RENFE y el Ministerio de Transportes estaban al cabo de la calle al menos desde hace un año. De ser así, me pregunto dónde terminan las responsabilidades ¿En el Presidente de la vieja compañía ferroviaria? ¿En el funcionario que no avisó a la Ministra? ¿En la Ministra? ¿En el jefe de la Ministra, un tal Sánchez? ¿En el secretario General de la ONU por no llevar el tema al pleno de la asamblea General? 

En política peor que errar es hacer el ridículo, sin embargo, tengo la impresión de que, en tanto la RAE decide si elimina del diccionario el verbo dimitir y pone en cuarentena el de cesar, el asunto afectará como mucho a algún jefecillo de tercera que pasaba por allí el día en el que se tomaron las decisiones de la mamarrachada.

 Plan de calidad institucional (II)

El carácter del documento

Enfrentarse al examen crítico de un texto como el que estoy comentando exige ser consciente de qué tipo de documento es. No se trata de un ensayo filosófico ni de ciencia política; ni siquiera del establecimiento de las bases ideológicas o estratégicas del Partido.

Puede ser una buena herramienta para marcar el camino en una determinada coyuntura, pero, fundamentalmente, de lo que se trata es de atraer votos, no tanto a través de su lectura por los votantes potenciales (prueben a preguntar cuántos de sus conocidos se han tomado la molestia de leerlo) sino como guión o catecismo para ser utilizado por los agiógrafos de la formación y por su portavoces. 

Por eso no es de extrañar escaso rigor en la homogeneidad de las propuestas y, desde luego, importancia relativa muy distinta entre ellas. Las habrá de gran calado, alguna incluso trascendiendo lo estrictamente electoral, junto a otras de menor fuste e, incluso, alguna marcadamente oportunista. 

Por último, entre esas sesenta medidas, las habrá asumibles por propios y extraños (los comentarios de los portavoces de las restantes fuerzas políticas no vienen al caso, me refiero a los votantes), otras elaboradas al hilo del núcleo duro de la ideología del Partido y algunas más cuya finalidad es marcar los límites frente a formaciones más o menos próximas. Y todo esto, en este documento y en cualquiera otro de su especie. 

Aplicaré, pues, mi propio criterio e iré dando más o menos importancia a cada una según mi punto de vista; privilegios de no escribir al dictado

Integridad territorial del Estado

Este apartado, considerado en su conjunto, creo que gozará de la aceptación y hasta el aplauso de una cómoda mayoría de votantes. Dejen fuera a las formaciones independentistas, a los antisistemas y a quienes se dicen contrarios a la desmembración del Estado pero defienden la celebración de referendos de autodeterminación allí donde cualquiera los pida.

Otra cosa, no obstante, podría ser el examen concreto de algunas medidas. Por ejemplo:

1.- "Se homologará verdaderamente la protección de la Constitución y la integridad territorial del Estado a los países de nuestro entorno, y se renunciará a que ello forme parte de la negociación política con fuerzas independentistas".

• El redactor podría haberse esmerado un poco más, pero ése no es el problema. ¿De qué entorno se habla? ¿Son válidos los ejemplos de las consultas llevadas a cabo en Canadá o en Escocia? No sé por qué tenemos que estar sacando a paseo cada día a "nuestro entorno". Cataluña no está ocupada por fuerzas invasoras, no es una colonia, no es parte de una nación sojuzgada por una dictadura, cuenta con una Constitución que establece la integridad territorial y que fue votada por abrumadora mayoría en todo el territorio nacional. Por tanto, no está amparada por el derecho internacional para pedir su independencia  y punto.
• Sólo una precisión en el redactado: cuando dice "se renunciará a que ello forme parte de la negociación con independentistas" ¿piensa en alguna manera concreta de formalizar y garantizar esa renuncia? ¿Negociación bi o multipartidista? ¿Imposición legal?

2. "Se recuperará el delito de sedición en el Código Penal para que el ordenamiento jurídico español vuelva a contar con instrumentos de reacción eficaces y proporcionados frente a cualquier forma de ataque a la integridad territorial del Estado protegida por la Constitución".

• En cierto modo es parcialmente contradictorio con el anterior: como se recordará, las dificultades de conseguir la extradición derivan de que "nuestro entorno", Bélgica, Alemania o Francia, no tienen un delito similar.
• La sedición es y ha sido una figura delictiva con escasa fortuna ¿Recuerdan que en el Código Penal de 1941 la huelga era delito de sedición? ¿No sería mejor tratar de evitar escollos europeos trasladando a nuestra legislación la equivalente de, esta vez sí, "nuestro entorno?

3. "Se dejará sin efecto la reforma del delito de malversación, promovida para beneficiar a aquellos que atentaron contra la integridad territorial del Estado y que, en todo caso debilita los instrumentos jurídicos para luchar contra todo tipo de corrupción y se repondrán las penas anteriores".

• Creo que salvo un puñado de políticos con escasos escrúpulos, todos, no importa de qué color seamos, estamos en linea con la propuesta. Es una vergüenza la desfachatez con la que se ha querido hacernos comulgar con ruedas de molino. Ha sido una transacción intolerable, aunque el resultado haya sido menos tensiones en las calles catalanas.
• La reforma del delito de malversación ha sido una medida oportunista con la que hay que acabar cuanto antes. Por lo que a mí respecta, como si las penas fueran mayores que las antiguas. 

4. "Asimismo, a fin de proteger el Estado frente a las manifiestas amenazas independentistas, se recuperará el delito del referéndum ilegal suprimido en la reforma de la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal". 

• Está bien, más de lo mismo, aunque tal vez con redibujar el delito de sedición,  y penarlo como corresponda, fuera bastante. 
• Sabemos de antemano quién y por qué se opondrá, a ésta propuesta y la anterior, y  el que les asista el derecho a pensar como quieran, no me lleva a ponerme de su lado.

Respeto a las funciones del Poder Legislativo

5. "Se limitará el recurso al Real Decreto Ley. Deberá fundamentarse debidamente la extraordinaria y urgente necesidad que lo motiva. Se asume la voluntad gubernamental de no incorporar al mismo medidas que no vayan a entrar en vigor de forma inmediata y que, por tanto, deberán regularse por las vías parlamentarias ordinarias".

6. "Se implementarán mecanismos que impidan el bloqueo de la tramitación de los reales decretos-leyes como proyectos de ley, limitando sus prórrogas".

Prefiero comentar ambas medidas a la par.

• El Real Decreto Ley es y ha sido siempre, y así debe seguir siendo, un atajo para supuestos de urgencia extrema: el poder ejecutivo regula por medio de esta figura materias que son "reserva de Ley", es decir, cuestiones, tasadas de antemano que por su naturaleza entran en el ámbito competencial del poder legislativo. Por eso, una vez dictado, en plazos perentorios, hay que convalidar su contenido en el Parlamento.
• La posibilidad debe de seguir existiendo, porque la urgencia, cuando lo es, puede exigir este procedimiento. Sólo cuando se cumplan las premisas citadas. En definitiva, es prudente limitar su uso y establecer reglas para ello. 
• El Gobierno actual podría haber abusado de su prerrogativa, cierto. Lo que no me queda claro es cómo se pasa de la teoría a la práctica, porque, además del trámite parlamentario de convalidación, existe el posible recurso ante el Tribunal Constitucional, que se ha puesto en práctica y a veces ha dado el resultado que buscaban los que pensaban que el Gobierno se extralimitaba

7. "Se aprobará una regulación específica sobre la periodicidad anual del Debate sobre el Estado de la Nación, que dejará de ser una iniciativa discrecional del Gobierno".

• También entiendo la medida. Yo y muchos, incluido el Partido Socialista en cuanto estuviera en la oposición. Qué quieren que les diga, me temo que esta propuesta podría perderse en algún cajón de la mesa del nuevo Presidente de Gobierno. No es lo mismo la corrida desde la barrera que desde el ruedo.
• Hacer el debate en obligatorio, lo convertiría en lo que debe ser, un ejercicio de rendición de cuentas y no en un homenaje al Gobierno. Por eso dudo de que lleguemos a verlo.

8 ."Se instaurará la obligatoriedad de que el Gobierno informe de manera periódica, pública y con la máxima transparencia sobre su cumplimiento de los mandatos emanados de la mayoría parlamentaria, como mociones y Proposiciones No de Ley". 

• No veo por qué no, ni por qué es insuficiente con las sesiones de control al Gobierno, aunque, quizás por aquello de lo que abunda no daña, podría ser oportuno.

9. "Se aprobará una reforma urgente de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como ley de “sólo sí es sí”) para recuperar las penas a los agresores sexuales vigentes con anterioridad".

• Un tanto oportunista la propuesta, no por el fondo que es evidente, sino porque el señor Feijóo tendría que haber dado por  supuesto que la soberbia del socio minoritario del Gobierno tiene sus límites y, a no tardar, con su voto o sin su voto, el Parlamento corregirá los errores de la Ley (de la Ley, al margen del regocijo que esos fallos hayan podido causar en lo que Dª Irene y sus amigas Unidas, llaman la derecha política mediática y judicial)
• No hará falta, pues, la medida. Lo que extraña es la tardanza del Gobierno en salir del charco cuanto antes.

Permítanme un comentario global sobre los puntos 10 al 17, ambos incluidos. Son materias interesantes, no me cabe duda, incluso atinadas en términos generales; lo que ocurre es que tratan materias bastante técnicas, asequibles a quienes se muevan con una cierta soltura por los vericuetos del Derecho. Doy por sentado que muy pocos entre los que se tomen la molestia de leer el documento, sepan interpretar no ya la receta, sino la enfermedad que tratan de corregir.

• Está bien que el Gobierno dé cuenta de su plan anual legislativo, pero habrá que ser flexible porque hay materias cuya urgente regulación no siempre se conoce con un año de antelación. La programación precisa de la tarea legislativa debe de ser, nada más, un proyecto de mínimos.
• Por el contrario, obligar a que quien presente un proyecto de Ley se tome el trabajo de estudiar y publicar cuánto va a costarnos la medida, aparte de ser algo lógico, no debería quedarse en el terreno de los principios, sino ser una condición para la tramitación de la Ley. Se trata, al fin y al cabo, del dinero de los contribuyentes, o sea del nuestro.
• Suena a cursilada, pero la Oficina de Calidad Legislativa (busquen otro nombre con más prosapia, por favor, que suena a tongo) podría ayudar, salvo que acabe por ser otro chiringuito para paniaguados.
• ¿Cómo no valorar positivamente la revisión al alza del papel del Consejo de Estado? Sus Letrados son, quizás, las mejores cabezas jurídicas del estado y están para eso, para ser consultados, para que sus conocimientos eviten errores, como por ejemplo, los de la Ley del sí es sí.
• Bloquear las llamadas enmiendas "intrusas", práctica viciosa consistente en colar en una Ley una enmienda sin relación con el resto de la Ley pero que sirve para fines distintos de los previstos en el proyecto, es también encomiable; se trata de evitar la versión legislativa del dicho "aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid".
• Por último, el intento de regular el papel y el funcionamiento real de los lobbys, e implantar lo que el documento llama "huella legislativa" (documentar quién votó qué en cada paso de la tramitación de la Ley) son dos novedades que modernizarían el quehacer legislativo.

En resumen

• Según mi valoración, el saldo final de este capítulo es positivo; tanto que, si llegara el caso, no debería tener problemas para buscar alianzas más allá de las que se presuponen. (Dudo, incluso, si no sería al revés, es decir que la derecha de la derecha acabara sintiéndose incómoda con tanto control parlamentario de un Gobierno en el que por fin estuvieran instalados)
• Mi única duda es cuántas de estas medidas seguirían siendo una prioridad para don Alberto, después de tomar posesión. Quizás fuera oportuno ver qué pasó de las promesas anunciadas durante su última campaña en las autonómicas gallegas.
• Y de guinda, déjenme que haga mi propia propuesta. Como creo que en España tenemos más leyes que mecanismos de control sobre su cumplimiento, echo de menos en este capítulo lo que yo llamaría la Oficina Permanente de Detección de Leyes Sobrantes. Normas innecesarias, inoperantes, redundantes o pintorescas. Para abreviar, hay que crear ya La Comisión Escoba.

Muchas gracias a los lectores que hayan llegado hasta aquí: soy consciente de que este post no es ni será nunca, aspirante al premio de la sonrisa parlamentaria. ¡Qué le vamos a hacer!