Plan de calidad institucional (II)

El carácter del documento

Enfrentarse al examen crítico de un texto como el que estoy comentando exige ser consciente de qué tipo de documento es. No se trata de un ensayo filosófico ni de ciencia política; ni siquiera del establecimiento de las bases ideológicas o estratégicas del Partido.

Puede ser una buena herramienta para marcar el camino en una determinada coyuntura, pero, fundamentalmente, de lo que se trata es de atraer votos, no tanto a través de su lectura por los votantes potenciales (prueben a preguntar cuántos de sus conocidos se han tomado la molestia de leerlo) sino como guión o catecismo para ser utilizado por los agiógrafos de la formación y por su portavoces. 

Por eso no es de extrañar escaso rigor en la homogeneidad de las propuestas y, desde luego, importancia relativa muy distinta entre ellas. Las habrá de gran calado, alguna incluso trascendiendo lo estrictamente electoral, junto a otras de menor fuste e, incluso, alguna marcadamente oportunista. 

Por último, entre esas sesenta medidas, las habrá asumibles por propios y extraños (los comentarios de los portavoces de las restantes fuerzas políticas no vienen al caso, me refiero a los votantes), otras elaboradas al hilo del núcleo duro de la ideología del Partido y algunas más cuya finalidad es marcar los límites frente a formaciones más o menos próximas. Y todo esto, en este documento y en cualquiera otro de su especie. 

Aplicaré, pues, mi propio criterio e iré dando más o menos importancia a cada una según mi punto de vista; privilegios de no escribir al dictado

Integridad territorial del Estado

Este apartado, considerado en su conjunto, creo que gozará de la aceptación y hasta el aplauso de una cómoda mayoría de votantes. Dejen fuera a las formaciones independentistas, a los antisistemas y a quienes se dicen contrarios a la desmembración del Estado pero defienden la celebración de referendos de autodeterminación allí donde cualquiera los pida.

Otra cosa, no obstante, podría ser el examen concreto de algunas medidas. Por ejemplo:

1.- "Se homologará verdaderamente la protección de la Constitución y la integridad territorial del Estado a los países de nuestro entorno, y se renunciará a que ello forme parte de la negociación política con fuerzas independentistas".

• El redactor podría haberse esmerado un poco más, pero ése no es el problema. ¿De qué entorno se habla? ¿Son válidos los ejemplos de las consultas llevadas a cabo en Canadá o en Escocia? No sé por qué tenemos que estar sacando a paseo cada día a "nuestro entorno". Cataluña no está ocupada por fuerzas invasoras, no es una colonia, no es parte de una nación sojuzgada por una dictadura, cuenta con una Constitución que establece la integridad territorial y que fue votada por abrumadora mayoría en todo el territorio nacional. Por tanto, no está amparada por el derecho internacional para pedir su independencia  y punto.
• Sólo una precisión en el redactado: cuando dice "se renunciará a que ello forme parte de la negociación con independentistas" ¿piensa en alguna manera concreta de formalizar y garantizar esa renuncia? ¿Negociación bi o multipartidista? ¿Imposición legal?

2. "Se recuperará el delito de sedición en el Código Penal para que el ordenamiento jurídico español vuelva a contar con instrumentos de reacción eficaces y proporcionados frente a cualquier forma de ataque a la integridad territorial del Estado protegida por la Constitución".

• En cierto modo es parcialmente contradictorio con el anterior: como se recordará, las dificultades de conseguir la extradición derivan de que "nuestro entorno", Bélgica, Alemania o Francia, no tienen un delito similar.
• La sedición es y ha sido una figura delictiva con escasa fortuna ¿Recuerdan que en el Código Penal de 1941 la huelga era delito de sedición? ¿No sería mejor tratar de evitar escollos europeos trasladando a nuestra legislación la equivalente de, esta vez sí, "nuestro entorno?

3. "Se dejará sin efecto la reforma del delito de malversación, promovida para beneficiar a aquellos que atentaron contra la integridad territorial del Estado y que, en todo caso debilita los instrumentos jurídicos para luchar contra todo tipo de corrupción y se repondrán las penas anteriores".

• Creo que salvo un puñado de políticos con escasos escrúpulos, todos, no importa de qué color seamos, estamos en linea con la propuesta. Es una vergüenza la desfachatez con la que se ha querido hacernos comulgar con ruedas de molino. Ha sido una transacción intolerable, aunque el resultado haya sido menos tensiones en las calles catalanas.
• La reforma del delito de malversación ha sido una medida oportunista con la que hay que acabar cuanto antes. Por lo que a mí respecta, como si las penas fueran mayores que las antiguas. 

4. "Asimismo, a fin de proteger el Estado frente a las manifiestas amenazas independentistas, se recuperará el delito del referéndum ilegal suprimido en la reforma de la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal". 

• Está bien, más de lo mismo, aunque tal vez con redibujar el delito de sedición,  y penarlo como corresponda, fuera bastante. 
• Sabemos de antemano quién y por qué se opondrá, a ésta propuesta y la anterior, y  el que les asista el derecho a pensar como quieran, no me lleva a ponerme de su lado.

Respeto a las funciones del Poder Legislativo

5. "Se limitará el recurso al Real Decreto Ley. Deberá fundamentarse debidamente la extraordinaria y urgente necesidad que lo motiva. Se asume la voluntad gubernamental de no incorporar al mismo medidas que no vayan a entrar en vigor de forma inmediata y que, por tanto, deberán regularse por las vías parlamentarias ordinarias".

6. "Se implementarán mecanismos que impidan el bloqueo de la tramitación de los reales decretos-leyes como proyectos de ley, limitando sus prórrogas".

Prefiero comentar ambas medidas a la par.

• El Real Decreto Ley es y ha sido siempre, y así debe seguir siendo, un atajo para supuestos de urgencia extrema: el poder ejecutivo regula por medio de esta figura materias que son "reserva de Ley", es decir, cuestiones, tasadas de antemano que por su naturaleza entran en el ámbito competencial del poder legislativo. Por eso, una vez dictado, en plazos perentorios, hay que convalidar su contenido en el Parlamento.
• La posibilidad debe de seguir existiendo, porque la urgencia, cuando lo es, puede exigir este procedimiento. Sólo cuando se cumplan las premisas citadas. En definitiva, es prudente limitar su uso y establecer reglas para ello. 
• El Gobierno actual podría haber abusado de su prerrogativa, cierto. Lo que no me queda claro es cómo se pasa de la teoría a la práctica, porque, además del trámite parlamentario de convalidación, existe el posible recurso ante el Tribunal Constitucional, que se ha puesto en práctica y a veces ha dado el resultado que buscaban los que pensaban que el Gobierno se extralimitaba

7. "Se aprobará una regulación específica sobre la periodicidad anual del Debate sobre el Estado de la Nación, que dejará de ser una iniciativa discrecional del Gobierno".

• También entiendo la medida. Yo y muchos, incluido el Partido Socialista en cuanto estuviera en la oposición. Qué quieren que les diga, me temo que esta propuesta podría perderse en algún cajón de la mesa del nuevo Presidente de Gobierno. No es lo mismo la corrida desde la barrera que desde el ruedo.
• Hacer el debate en obligatorio, lo convertiría en lo que debe ser, un ejercicio de rendición de cuentas y no en un homenaje al Gobierno. Por eso dudo de que lleguemos a verlo.

8 ."Se instaurará la obligatoriedad de que el Gobierno informe de manera periódica, pública y con la máxima transparencia sobre su cumplimiento de los mandatos emanados de la mayoría parlamentaria, como mociones y Proposiciones No de Ley". 

• No veo por qué no, ni por qué es insuficiente con las sesiones de control al Gobierno, aunque, quizás por aquello de lo que abunda no daña, podría ser oportuno.

9. "Se aprobará una reforma urgente de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como ley de “sólo sí es sí”) para recuperar las penas a los agresores sexuales vigentes con anterioridad".

• Un tanto oportunista la propuesta, no por el fondo que es evidente, sino porque el señor Feijóo tendría que haber dado por  supuesto que la soberbia del socio minoritario del Gobierno tiene sus límites y, a no tardar, con su voto o sin su voto, el Parlamento corregirá los errores de la Ley (de la Ley, al margen del regocijo que esos fallos hayan podido causar en lo que Dª Irene y sus amigas Unidas, llaman la derecha política mediática y judicial)
• No hará falta, pues, la medida. Lo que extraña es la tardanza del Gobierno en salir del charco cuanto antes.

Permítanme un comentario global sobre los puntos 10 al 17, ambos incluidos. Son materias interesantes, no me cabe duda, incluso atinadas en términos generales; lo que ocurre es que tratan materias bastante técnicas, asequibles a quienes se muevan con una cierta soltura por los vericuetos del Derecho. Doy por sentado que muy pocos entre los que se tomen la molestia de leer el documento, sepan interpretar no ya la receta, sino la enfermedad que tratan de corregir.

• Está bien que el Gobierno dé cuenta de su plan anual legislativo, pero habrá que ser flexible porque hay materias cuya urgente regulación no siempre se conoce con un año de antelación. La programación precisa de la tarea legislativa debe de ser, nada más, un proyecto de mínimos.
• Por el contrario, obligar a que quien presente un proyecto de Ley se tome el trabajo de estudiar y publicar cuánto va a costarnos la medida, aparte de ser algo lógico, no debería quedarse en el terreno de los principios, sino ser una condición para la tramitación de la Ley. Se trata, al fin y al cabo, del dinero de los contribuyentes, o sea del nuestro.
• Suena a cursilada, pero la Oficina de Calidad Legislativa (busquen otro nombre con más prosapia, por favor, que suena a tongo) podría ayudar, salvo que acabe por ser otro chiringuito para paniaguados.
• ¿Cómo no valorar positivamente la revisión al alza del papel del Consejo de Estado? Sus Letrados son, quizás, las mejores cabezas jurídicas del estado y están para eso, para ser consultados, para que sus conocimientos eviten errores, como por ejemplo, los de la Ley del sí es sí.
• Bloquear las llamadas enmiendas "intrusas", práctica viciosa consistente en colar en una Ley una enmienda sin relación con el resto de la Ley pero que sirve para fines distintos de los previstos en el proyecto, es también encomiable; se trata de evitar la versión legislativa del dicho "aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid".
• Por último, el intento de regular el papel y el funcionamiento real de los lobbys, e implantar lo que el documento llama "huella legislativa" (documentar quién votó qué en cada paso de la tramitación de la Ley) son dos novedades que modernizarían el quehacer legislativo.

En resumen

• Según mi valoración, el saldo final de este capítulo es positivo; tanto que, si llegara el caso, no debería tener problemas para buscar alianzas más allá de las que se presuponen. (Dudo, incluso, si no sería al revés, es decir que la derecha de la derecha acabara sintiéndose incómoda con tanto control parlamentario de un Gobierno en el que por fin estuvieran instalados)
• Mi única duda es cuántas de estas medidas seguirían siendo una prioridad para don Alberto, después de tomar posesión. Quizás fuera oportuno ver qué pasó de las promesas anunciadas durante su última campaña en las autonómicas gallegas.
• Y de guinda, déjenme que haga mi propia propuesta. Como creo que en España tenemos más leyes que mecanismos de control sobre su cumplimiento, echo de menos en este capítulo lo que yo llamaría la Oficina Permanente de Detección de Leyes Sobrantes. Normas innecesarias, inoperantes, redundantes o pintorescas. Para abreviar, hay que crear ya La Comisión Escoba.

Muchas gracias a los lectores que hayan llegado hasta aquí: soy consciente de que este post no es ni será nunca, aspirante al premio de la sonrisa parlamentaria. ¡Qué le vamos a hacer!