Es la hora de la razón

¡Sosegaos!

...Decía Felipe II. No tengo especial aprecio por el personaje, pero siempre he admirado su sentido de la calma cuando sobre su mesa se acumulaban cientos de problemas que necesitaban urgente solución y le interrumpía algún impaciente cortesano que quizás creyera de buena o mala fe que traía la solución para los males del Imperio o ¿quién sabe? las de los suyos propios.

Y esto es lo que en este momento complicado necesitamos todos. En Cataluña y en el resto de España. La cabeza fría, el raciocinio a punto y las pasiones bajo control. No vamos a arreglar nada gritando esto o lo contrario, soliviantando al vecino, insultando o  recibiendo insultos. Más bien, al contrario

Es el momento de la palabra justa, de la reflexión antes de hablar, de tener a punto la mente para ver cómo son las cosas, que, seguro, no son ni como las cuentan los unos ni los otros.

Por encima de todo, es el momento de exigir a nuestros gobernantes que cumplan con su obligación, la primera de las cuales es cumplir y hacer cumplir la Ley, coincida o no con el cálculo electoral que podría derivarse de hacer una cosa o su contraria.

La inexorable lección de la Historia

Si hay algo cierto en la Historia, una constante aplicable a no importa qué pueblo, qué nación, qué Imperio, es que nada es para siempre. Así que cuando alguien dice que tal o cual cosa "siempre se ha hecho así", o es un ignorante o interpreta el "siempre" como el único período de tiempo que él conoce.

Lo que quiero decir es que los pueblos, las naciones, no sólo cambian, sino que  veces desaparecen. En ocasiones, sólo durante un tiempo y vuelven después a renacer. Otras veces se pierden para siempre en la nebulosa del tiempo pasado.

Polonia desapareció y volvió a nacer a lo largo de la II Guerra Mundial. Israel estuvo en el limbo durante cerca de dos mil años. Otros pueblos, kurdos, armenios, se sienten nación y nunca han llegado a tener un Estado. 

El más importante país de Europa, Alemania, nació como tal hace menos de siglo y medio y durante un tiempo se partió en dos. Italia también logró ser un solo Estado hace siglo y medio. En tiempo histórico reciente, surgió Yugoeslavia, desapareció y ha dado lugar a cinco Estados nuevos. ¿Qué pasará en los Balcanes dentro de cincuenta años?

No hay nación en el mundo cuyas fronteras se hayan mantenido estables durante mucho tiempo. Alsacia fue territorio del Sacro Imperio hasta mediados del XVII en que pasó a la Monarquía francesa; volvió a ser alemana en el último tercio del XIX, retornó a Francia en 1918, cambió de bandera, otra vez alemana, en 1940 y, desde 1945, ha vuelto a ser francesa.

No quiero hablar de fronteras ni de posesiones españolas, pero sí de su organización territorial. El sistema de Provincias y Regiones, es un invento reciente, creación de Javier de Burgos: 1833. Durante la I República, la exacerbación del federalismo estuvo a punto de dinamitar el Estado a partir del movimiento cantonalista, que dio lugar a episodios grotescos. Vuelta al centralismo y retorno a la descentralización actual del Estado de las Autonomías.

La conclusión, para mí, es que España ha sobrevivido a tantos cambios (como el resto de los grandes países del mundo, por otra parte) que en el inmediato futuro puede configurarse como un estado Federal, mantenerse como está, o volver a los principios del más férreo de los modelos centralistas.

Ésa no es, pues, la cuestión, sino qué harán con un modelo o con otro nuestros gobernantes y nuestro pueblo.

La respuesta racional al secesionismo catalán

No quiero que nadie piense que estoy censurando a las fuerzas de Orden Público, pero para mí es evidente que aun cumpliendo escrupulosamente con su deber, estén bajo el mando del Ministro del Interior o de la Generalitat, no son la herramienta adecuada para resolver la cuestión. Insisto en que no pongo en solfa su actuación reciente, sino que afirmo que no podrán nunca arreglar el fondo del problema, porque éste no es un problema de orden público.

De la misma manera que afirmar que un problema político ha de arreglarse con medidas políticas, ni invalida, ni pone en duda la obligatoriedad de nuestros Tribunales de aplicar la legalidad vigente con todas las consecuencias a quienes hayan infringido el ordenamiento jurídico. Es fundamental que así sea, pero tampoco se arregla el problema catalán con Sentencias, aunque, que nadie lo dude, será indispensable pasar por los Tribunales a cuantos se hayan hecho merecedores de ello y a sus actuaciones.

Lo que quiero decir, en definitiva, es que, restablecido el orden público y sometidos a la justicia quienes se hayan hecho acreedores a ello, habrá que resolver el problema desde instancias políticas. El tiempo no tiene marcha atrás, ¡qué más quisiéramos! pero lo cierto es que hemos perdido muchos años sin afrontar el problema en clave política.

Guste o no a unos y a otros, no hay más remedio que hablar, negociar y acordar cómo salir de este maldito embrollo. Hay que reflexionar, sentarse, hablar y acordar. ¿Sobre qué bases? Porque no se trata de negociar a cualquier precio ni cualquier solución. Éstas son mis opiniones.

No se negocia con rehenes

Dicho de otra manera, antes de sentarse hay que recuperar la normalidad; la callejera y la institucional. Se negocia desde la legalidad vigente aunque sea para cambiarla de arriba abajo. Antes las calles tienen que estar tranquilas, sin huelgas convocadas desde el Poder, sin acoso al que se aparta del pensamiento único.

Recuperar la normalidad, implica entender como algo normal, que a incumplimientos de la legalidad le corresponden actuaciones judiciales. Una vez que hablen los Tribunales, o mientras lo hacen, se puede empezar cualquier conversación, pero tampoco sería admisible que para "abrir boca", una de las partes exigiera algo parecido a un principio de inmunidad por el hecho de haber aceptado negociar.

Hay muchos más requisitos

Compartir el punto de partida

Sería ingenuo pedir que ambas partes tuvieran idéntico objetivo concreto, pero es imprescindible que, genéricamente busquen lo mismo: el bien general de la parte a la que representan. Es decir, hay que asumir que una parte pretenderá conseguir lo mejor para Cataluña y la otra buscará lo mejor para el pueblo español en su conjunto.

Nada hay más tramposo en estas cuestiones que pretender decirle al otro "lo que le conviene", y nada hay más mezquino que poner el interés personal por delante del del Partido y el del Partido por encima del del País.

Cuidado con las cuestiones de principio

Existen, desde luego, pero son una pésima arma de negociación. Suelen generar una reacción contraria de la misma intensidad y bloquear el diálogo. 

Salvo que se trate de los principios de Groucho Marx ("Estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros"), es mejor, más práctico, más eficaz hablar de intereses, porque esos sí admiten grises, lejos del blanco o el negro puros de los principios.

La elección de los interlocutores.

Es obvio que ninguna de las dos partes pueden elegir a quien deba representar a la otra parte, pero sí, en cambio, creo que debería admitirse el derecho al veto. Se trata de una cuestión de mutua confianza, esencial si se quiere progresar.

Quiénes y cuántos, tampoco es algo esencial, pero deberían estar en condiciones de representar el amplio abanico  de fuerzas que apoyen el proceso y de controlar el peso de quienes de una y otra ribera del Ebro habrán quedado fuera y se estarán oponiendo a todo lo que no sea la admisión pura y dura de sus tesis.

Reglas de procedimiento y juego limpio.

Quienes intenten el acuerdo deberán elaborar sus propias reglas de juego y someterse a ellas con absoluto rigor. No va a haber nadie con autoridad y capacidad suficiente para imponer el orden internos, pero todos han de saber que lo que está en juego es la estabilidad y el futuro para mucho tiempo.

Especial atención ha de tenerse con el delicado tema de la información pública sobre el proceso. Cierta reserva sobre la marcha puntual de las conversaciones e información previa a cada parte de lo que la otra quiere dar a conocer, son medidas que suelen dar buen resultado

Y paciencia, mucha paciencia

Porque el problema viene de antiguo, porque en los últimos tiempos se ha soliviantado a la ciudadanía hasta límites intolerables y no puede esperarse que se arregle de la noche a la mañana.

Por el contrario, serían de esperar puntos muertos, retrocesos incluso que pondrán a prueba la paciencia de quienes estén negociando.

La pregunta del millón: ¿Qué se puede negociar?

No es eso. La cuestión es cómo. Si se negocia dentro de la Ley, incluso para cambiarla, si  las conversaciones terminan en un acuerdo y sus resultados se someten a la aprobación del pueblo soberano, no tendría que haber puntos previos excluidos.

¿Qué tienen Quebec/Canadá o Gran Bretaña/Escocia que no tengamos nosotros? Una legislación diferente a la nuestra que no hubo que incumplir para conocer qué pensaban escoceses y quebequeses. 

Se tomaron su tiempo, informaron sin mentiras a la población, eligieron determinadas garantías previas y posteriores a la votación, y la ciudadanía permaneció unida. ¿Tan distintos creemos que somos?

¿Un referendum? No, uno no: dos. Veamos.

Supongamos que se empieza por hacer las cuentas y se aclara quién debe dinero a quién y cuánto. Imaginemos que estas cuentas se hacen públicas de común acuerdo, de manera que todo el mundo sepa lo que puede ganar o perder en un caso y en su contrario.

Demos por hecho que los negociadores presentan, también al unísono cuáles serías las alternativas reales a la independencia, en cuanto a financiación y competencias autonómicas revisadas.

Asumamos que hay acuerdo en cuanto a qué porcentaje de votos son necesarios para que el hipotético sí a la independencia sea válido, un mínimo del 51 % del censo, por ejemplo ¡Del censo, no de los votantes!

Admitamos que el acuerdo incluye el principio de que si gana el no, la cuestión no puede volver a plantearse n los próximos 30 años, o 40, o los que las partes acuerden.

Imaginemos que lo que se pretende es que en esa consulta sólo vote el censo catalán debidamente elaborado y que lo hagan contestando una pregunta simple, clara, sólo una a contestar con un "Sí" o un "No".

Es evidente que articular esa consulta exige modificar la Constitución. Primer referéndum, por tanto, en el que vota toda la nación y cuyo resultado, es obvio, es vinculante. Sólo si el pueblo español en su conjunto, después de los pasos anteriores, acepta que los ciudadanos catalanes decidan sobre su futura relación con el resto de España, podrá plantearse el segundo referéndum.

En esas condiciones, y sólo en ésas, ¿Tan imposible sería hablar de ese segundo referéndum? ¿Por qué no hemos empezado por ahí? 

Aún estamos a tiempo.