The Blacklist: uns insidiosa serie norteamericana 

Consecuencias del hartazgo

Créanme, soy uno más de los contribuyentes que está hasta más allá del gorro de Presidentes pintureros empeñados en abrir puertas sin saber qué hay tras ellas; de sedicentes jefes de la oposición que hablan como si no conocieran la Constitución que dicen defender, de tertulianos que pontifican según los criterios del medio que los tiene en nómina, y, sobre todo y más que nada, de ex reclusos recalcitrantes que salen del trullo enarbolando los mismos trapos con los que entraron en chirona jurando que ahora empieza lo bueno, que quieren más, y más y mucho más y que lo van a tener sí o sí.

Así que, visto lo visto, me tomo unas vacaciones, ya veré cómo de largas, y me van a permitir que dedique este post a algo que podría parecer medio frívolo: comentar las gracias y desgracias de una curiosa serie televisiva americana que va ya por la novena temporada. Nada de política (¿o esto también será política, al fin y al cabo?)

Hoy voy a hablar de "The Blacklist", una de las joyas que Netflix nos trae desde la sede del Imperio imperial, aunque creo que también puede verse en no sé qué cadena en abierto.  

Un sencillo argumento

Y tan sencillo; cosas que pasan en cualquier lugar en cualquier momento: uno de los criminales que encabezan la lista de los "más buscados" por el FBI, se entrega a las fuerzas de la ley, o eso parece, ofreciendo su entusiasta colaboración para poner en manos de la policía a sus congéneres y competidores. Condiciona su ayuda a que su interlocutora sea una novata en el cuerpo de la que se duda si será o no su hija.

Las más altas instancias de la nación apadrinan la oferta y, en vez de encarcelar al criminal, crean una unidad supersecreta y se ponen, en la práctica, a las órdenes  del chivato para poner capturar o liquidar a una ristra de delincuentes de élite (La Blacklist de que habla el título). Los malandrines van cayendo, mientras el desenfadado delator se lucra en todos los casos de los negocios que dejan sin padre las sucesivas detenciones o muertes de los desenmascarados.

La nena protagonista hace como que odia y admira al asesino que unas veces da pistas y otras despista a la agente en la búsqueda de sus inciertos orígenes; éste jura que protege a la novata; los agentes selectos corren de acá para allá según les indica el culto, irónico y gélido protagonista y poco a poco, todo se va llenando de cadáveres.

Una infame pandilla de desalmados

No se salva nadie: todos matan, todos lo hacen sin pestañear, excepto un irání que pasaba por allí y trabaja de informático para el FBI (para una vez que mató, no para de quejarse). Hay Jueces que se venden, Fiscales que solo persiguen a los inocentes, gobernantes a sueldo de los criminales, fuerzas armadas que no forman parte del orden establecido.

Nadie se plantea cuáles son los límites de la Ley porque todos usan y abusan del conocido y discutido principio de que el fin justifica los medios. ¿Cómo es posible que la protagonista apiole nada menos que al Fiscal General de los Estados Unidos delante de testigos, sus compañeros de armas y desmadres, sin que apenas salga del trance con algo más que un sofocón?

(Por cierto, se ve que estamos en temporada: a la infrascrita, la indulta el mismísimo Presidente de los Estados Unidos y hasta la rehabilita como miembro de la Policía, porque el Primer Mandatario de la nación es otro pájaro de cuenta, llegado a la Casa Blanca por los tejemanejes del Sr. Reddington, nuestro afable, despiadado y letal protagonista, sobornos y cohechos mediantes, más algún muerto que otro en su haber).

Poco a poco va sabiéndose que la protagonista es hija de una agente al servicio de la extinta Unión soviética y de algún varón sobre cuya identidad la madre no se atreve a pronunciarse por exceso de candidatos; algo parecido a lo que le pasa al extraño marido que le ha caído en suerte, mercenario de vaya usted a saber quién, entrenado, cómo no, para matar, y, en ratos libres, hacer feliz a su esposa y a una niña cabezona y más bien fea e insípida que han traído a este perro mundo.

El Poder con mayúscula, en USA y en el resto del planeta, está en manos de una tenebrosa organización secreta de la que, pese a todo, el personal tiene sobrada información.

"La Camarilla", así se llama, ahí está el poder. Todos forman parte de ella, desde el Presidente que no manda, hasta el confidente que mata y mata, pasando por el Director de la CIA que trata de despenar a la nena protagonista, o la Asesora de Seguridad que se deshace de una subdirectora del FBI de un disparo en pleno despacho de la Casa Blanca sin que nadie note nada extraño.

Advierto que lo que cuento puede ser así o parecido; salen tantos fiambres por episodio que ustedes me disculparán si yerro al cargarle un muerto a quien no debo. No importa: si no era ése, habrá sido otro, porque matar, lo que se dice matar, lo hacen todos, sin inmutarse, y sin dejar rastro, que para eso anda por allí muy atareada, desde luego, una señora que atiende por "Señor Kaplan", que llega medio minuto después de la cerrajina de tiros y deja la escena del crimen como los chorros del oro en un abrir y cerrar de ojos (Sí: la mujer encargada de limpiar escenarios, atiende por Señor Kaplan, de eso no me cabe duda. ¿Será un guiño al mundo LGTBIQ?).

Y digo yo:

• ¿A qué viene que una empresa norteamericana escriba, produzca, ruede y distribuya semejante mercancía, lujosa y bien rodada, con espléndidos diálogos y con frecuentes toques de clase en la que se muestra una sociedad, un país en plena descomposición, manejada por una caterva de conspiradores que dejan a Daniel Estulin y sus especulaciones sobre el Club Bilderberg al nivel del redactor de una hoja parroquial?
• ¿No será que se intenta sobrepasar por arriba, por deliberada exageración cualquier intento serio de reflexionar sobre los más sangrantes desajustes de la sociedad real norteamericana?
• ¿Y si se tratara de ir dejando las semillas para que el incauto espectador fuera familiarizándose poco a poco con proyectos tan siniestros como la normalización del tráfico de armas, el carácter venal de la justicia cuando se enfrenta al poder, el uso de la violencia como recurso imprescindible para acabar con los desmanes, o la existencia sistemática de ejércitos privados?
• ¡Qué distinta "The blacklist" de "Cuéntame"! Traigo a colación la comparación porque hace unos días oí o leí, no recuerdo, una crítica en la que se ponía al protagonista, Antonio Alcántara, de chupa de dómine: machista, egoísta, incapaz de dar a los demás lo que exige para él. Creo recordar que se le echaba en cara no haber sido capaz de evolucionar. Estoy de acuerdo, claro, pero ¿cuántos cientos de miles de coetáneos del anciano Alcántara no han seguido el mismo camino? O sea que sí, que Alcántara es un patriarca incapaz de estar a tono con los tiempos que corren, pero vean un capítulo, uno sólo de la serie americana y ya me dirán dónde está el mal.

 El hilo de Ariadne

La salida del laberinto

En posts anteriores he cuestionado la concesión de indultos a los condenados en "el proceso al procés" y me he manifestado contrario a eliminar el delito de sedición o, siquiera, reducir su gravedad. Por el contrario, otras voces autorizadas defienden posiciones contrarias que respeto tanto como supongo que otros hacen con las mías.

Sin embargo, me gustaría pensar que hay una amplia mayoría de ciudadanos que admiten tres cuestiones que pueden ser los puntos de partida de este post:

• Primera: no importa cuáles hayan sido las causas, hemos llegado a un punto en que la mitad de los catalanes se sienten independentistas y la mayor parte de los no catalanes no admiten la segregación de una parte de España.
• Segunda: la vía judicial se ha revelado insuficiente para encontrar la salida del laberinto catalán. Ni en sueños se me ocurriría descartarla, pero, siendo imprescindible mantenerla en vigor, es evidente que no es la herramienta adecuada para buscar la solución. Su utilidad se circunscribe a sancionar conductas que infringen la Ley, no a resolver un conflicto que es más político que jurídico.
• Tercera: siendo así las cosas, es imprescindible explorar otras vías, porque mantener y reiterar lo que se ha venido haciendo es el camino más seguro para repetir los resultados obtenidos hasta ahora.

A partir de estas evidencias, ¿qué hilo de Ariadna nos sacará del atolladero? Es más fácil criticar que proponer, destruir que crear, pronosticar que acertar, así es que ni puedo asegurar que el resto de este post sirva para algo, ni podría molestarme que mis lectores no estuvieran de acuerdo conmigo.

Espero, nada más, que acepten mi punto de partida y que, en su caso, busquen sus propias soluciones, si es que creen, como yo, que lo que hemos intentado ha sido insuficiente y, por tanto, es imprescindible explorar caminos nuevos.

Diálogo, sí; búsqueda de consensos, desde luego; pero ¿entre quiénes, para llegar a qué meta, hablando de qué y en qué condiciones?

Tratemos de evitar los comienzos imposibles

La primera condición para alcanzar un acuerdo, sea cual fuere el ámbito de la negociación, es que ambas partes compartan ciertas dosis de sus objetivos. Esta evidencia nos lleva a su contraria: cuando las posiciones de partida son absoluta, total y completamente contradictorias, el acuerdo es imposible.

Lo que quiero decir es que convocar una mesa de diálogo y poner encima de la mesa exclusivamente la alternativa independencia de Cataluña o inviolabilidad de la unidad territorial de España sería el camino más seguro para al fracaso, porque entre el sí y el no, no hay puntos intermedios, no caben posiciones transacionales, son inviables los acuerdos aceptables para ambas partes: solo habría un vencedor y un derrotado. O sea, vuelta a empezar.

El mejor, más lento y más arduo camino

Conseguida una mínima sintonía entre las formaciones que en cualquiera de los dos campos tuvieran que llevar la negociación (algo que, hoy por hoy está lejos de darse) convendría diseñar un campo de negociación lo más amplio posible.

Las negociaciones sobre un solo asunto no es que sean antipáticas, que lo son, es que dificultan tanto la transacción que muchas veces la tornan imposible. Si solo hay una controversia, ¿cómo ceder en un par de puntos, conseguir lo que se quiere en otros y dejar el que más parecía importar para mejor ocasión, porque el resultado ya obtenido permite seguir en el camino, reducir las dificultades que ambas partes tenían y defender el resultado obtenido ante la ciudadanía?

Habría que empezar por un recuento de las fuerzas en cada uno de los campos. Quiénes están por la labor en Barcelona y en Madrid, en qué coinciden, qué lista de objetivos han de hacerse figurar en la agenda, en qué podemos ceder y en qué no, cómo creemos que se comportará la otra parte, etc.

Sería imprescindible partir de un doble acuerdo de lealtad que garantizara el juego limpio basado en que allá y acá se dé más importancia a lograr el acuerdo que hacer caer al Gobierno, sea el de La Moncloa o el de la Plaza de San Jaime, y  mantuviera, por otra parte, un clima de discreción sobre el avance del proceso negociador.

Negociar entre quiénes y sobre qué 

¿Quiénes? Alrededor de la mesa deberían estar todos aquellas formaciones que no opten por auto excluirse. Hay fuerzas políticas que están en la frontera del sistema: Vox abomina del Estado de las Autonomías; Unidas Podemos está muy cerca de la disgregación nacional; Junts Pel Sí aboga por la virtualidad del unilateralismo.

¿Convendría dejar fuera a los extremos? Habrá quien piense que eso haría más fácil la negociación pero ¿cómo evitar el fuego graneado de los excluidos a partir de un hipotético acuerdo sea cual fuere? La suma de votantes de estas formaciones arroja cifras muy significativas del electorado; no importa lo lejos que estén del resto, son opciones legales que deben de estar presentes, salvo que ellos mismos se nieguen a participar. Por las mismas razones, resultaría difícil de entender que en la representación catalana no estuviera el PSC ganador de las últimas elecciones.    

¿Sobre qué hay que negociar? Si somos capaces de admitir que una cosa es elaborar la lista de peticiones y otra acordar las medidas que tienen que dar fin al conflicto, no debería haber vetos previos que no sirven más que para dinamitar el proceso. Tengan por cierto que no faltaría material a cualquiera de las partes para estar ocupados durante el tiempo necesario para llegar a un final asumible por la mayoría de los ciudadanos de uno y otro lado del Ebro.

Sólo como ejemplos posibles ¿se puede o no se puede hablar de temas como estos?

• Cotas de autogobierno pendientes de discusión, sin romper las costuras de la Constitución.
• Destino de los Fondos Europeos que se anuncian como inminentes: modo de gestionarlos, controles, competencias centrales y autonómicas.
• Sistema de financiación autonómica a partir de modelos alternativos al actual.
• Política lingüística, garantías de cumplimiento de pronunciamientos judiciales al respecto.
• Admisión o no de participación autonómica en competiciones deportivas internacionales.
• Forma de ratificación de los acuerdos logrados.

Ni la lista es exhaustiva ni quizás sea la más adecuada; es, nada más, un ejemplo del rimero de materias en las que podrían darse acuerdos que evitaran tener que pronunciarse sobre lo que para cada una de las dos partes se considera innegociable.

Y como guinda…

Ese día, el día en que se anunciara "urbi et orbi" el acuerdo global, podría ser una buena ocasión para anunciar los indultos de quienes en su día tanto hicieron por complicar la vida a catalanes y no catalanes, como muestra de que había llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva.  

Ese día, ni uno antes.

 El delito de sedición

Lo que esconden las palabras

No cesa la presión. No basta con anunciar que el Gobierno va a indultar a los condenados en el proceso al procés. Hay que agotar el argumento, eliminar o al menos aguar la figura delictiva que motivó el encarcelamiento de los condenados. 

Hay incluso quienes están clamando por la vuelta a España, libres de culpa, por supuesto, de delincuentes fugados en nombre de hipócritas ejercicios de magnanimidad, clemencia, concordia, etc. etc. 

Grandes palabras que esconden motivaciones bastante más prosaicas: la irrelevante peripecia de un Gobierno que no por legítimo está por encima del bien y del mal. ¿Sabemos, al menos, cuál es el final del culebrón? Indulto, eliminación del delito que les encarceló… ¿Y qué más está encima de la mesa para garantizar la supervivencia del Gobierno?

Qué es la sedición

Según la RAE , se entiende por sedición el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión.

De acuerdo con la legislación vigente (Art. 544 del vigente Código Penal) Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes.

Ambas definiciones concuerdan en considerar la sedición como un acontecimiento indeseable  emparentado con la rebelión, sin llegar a su gravedad. Tal vez por esa proximidad algunas voces próximas al Gobierno han hablado de revisar ambos delitos.

Claman por la adecuación de los delitos pero buscan otra cosa

Tachan la regulación legal de la sedición de "decimonónica". Lo es, desde luego, pero ¿Tan mala es la fecha de nacimiento de la figura? Porque decimonónica es también la institución del indulto tal como la conocemos ahora; esa misma institución que tan pródigamente viene siendo utilizada en los últimos tiempos y que hace  casi un siglo alguien tan poco sospechoso de conservadurismo como Jiménez  de Asúa clamaba por su desaparición en aras del sometimiento a la regla de oro de la división de poderes.

Y ya de puestos, decimonónico es nuestro monumental Código Civil y a nadie se le ocurre plantear su derogación, quizás porque los legisladores actuales se saben incapaces de alcanzar las cotas de racionalidad y de depurada técnica jurídica que demostraron sus predecesores del denostado siglo XIX.

En realidad, lo que se está buscando no es la modernidad, sino alcanzar la amnistía sin hablar de ella; porque si se elimina de la legislación el delito que les llevó a la cárcel, los condenados resultarían exculpados de sus acciones en virtud de la aplicación del principio de norma más beneficiosa.

Lo que se lleva por ahí

Uno de los argumentos que se repite hasta la náusea es que es preciso "adecuar nuestra legislación a lo que se lleva en Europa". Suena bien pero, ni me parece por sí misma una razón suficiente para cambiar nuestras Leyes, ni, lo que es más grave, se corresponde con la realidad.

Partiendo de la base cierta de que no hay ninguna materia en la que la regulación internacional sea homogénea, se trate de Europea, incluya además a países más o menos homologables con lo que nos atañe, o se refieran al mundo mundial, lo cierto es que la mayoría de los países a los que tratamos de parecernos, sí contemplan la sedición o figuras semejantes, como delitos suficientemente graves como para echar por tierra el argumento de los abolicionistas.

Más aún: si nos centramos nada más en el intento de separar una parte del territorio de la patria común como una de las conductas que hay que considerar delictivas y nos fijamos sólo en democracias consolidadas, esas que tratamos de emular…

• Alemania trata el intento de secesión como alta traición
• Portugal habla de traición cuando se refiere a separarse de la Madre Patria
• Francia considera traición atentar contra la integridad territorial.
• Finlandia también incluye la secesión como un supuesto de traición
• Y en USA, Canadá y Australia, con pequeñas variantes, lo mismo.

¿Unanimidad? En absoluto. Entre esas naciones a las que queremos parecernos hay tres que no tienen en su legislación penal el secesionismo: Bélgica, Suiza y Reino Unido. Los países que los heroicos independentistas catalanes han elegido como sus hogares de residencia para llorar desde sus cómodos refugios por la independencia de su terruño. 

Conclusión

Así que más allá de la cuestión semántica de si la misma conducta debe llamarse sedición, traición, alta traición o como quieran denominarla, hay dos cuestiones fuera de toda duda

• La primera es que la generalidad de los países democráticos castigan con severidad el atentar contra la unidad territorial de la nación.
• La segunda es que es evidente que el paso del tiempo puede hacer variar el valor social de las convicciones y, al cabo, modificar la legalidad que se deduce de ellas.

Así las cosas, la cuestión no es si debemos fijarnos en lo que hacen los alemanes o los belgas sino si ha cambiado o no en España la percepción colectiva sobre el valor de mantener la integridad el Estado en el que nacimos. 

O sea, si la unidad de España es un bien protegible o es algo que carece de importancia y que, por tanto, puede entrar a formar parte del capital negociador de los Partidos Políticos, según meros criterios de oportunidad electoral.

Permítanme un ejemplo no demasiado lejano de cómo cambian los valores sociales protegidos por las Leyes y de qué consecuencias acarrea ese cambio en la regulación legal de una cierta materia. Veamos cómo la huelga pasó de ser delito de lesa patria a derecho amparado por la Constitución.

• En marzo del 38, en plena Guerra Civil, se publicó la primera de las Leyes que la dictadura franquista consideró "Fundamentales". En su declaración XI, el Fuero del Trabajo consideró la huelga, como digo, delito de lesa patria.
• A tono con tan altisonante calificación, el Art. 222 del Código Penal de 1941 incluyó la huelga entre los delitos de sedición.
• Cuarenta años después, el Art. 28.2 de la Constitución, ampara el derecho a la huelga.

Lo lógico, como así fue, es que los maltratados por la legislación franquista por haber incurrido en tan graves delitos fueran exonerados de toda responsabilidad una vez que los nuevos tiempos, las nuevas convicciones sacaran a la huelga del Código Penal y a sus ejercientes de los antecedentes penales.

Por tanto, y como resumen del resumen: 

• ¿Ha cambiado el sentir de los españoles sobre la integridad territorial de su país?
• Si no es así ¿Quién, cómo y cuándo, puede minusvalorar las conductas de quienes atenten contra ella? 
• ¿Qué garantías esperan que pueda haber de que, salvadas las momentáneas y nada importantes dificultades del Gobierno actual, los antiguos delincuentes no vuelvan por sus fueros, una vez que se les ha dejado la autopista libre de trafico y sin peaje alguno que pagar?
• La actitud favorable al desmantelamiento territorial del actual Estado Español figura en todas las proclamas de uno de los socios de Gobierno desde que la formación se dio a conocer. El otro socio, el Partido Socialista, ha sido hasta ahora constitucionalista. ¿Piensa seguir siéndolo?

 

 Indultos

El que la hace paga… pero no siempre

El viejo aforismo que encabeza este párrafo plasma el sentir popular: no hay delito sin condena, no hay desmán sin penitencia. Y, no obstante, desde la noche de los tiempos, el máximo representante del poder, ya haya sido cacique tribal, rey, emperador, presidente o lo que corresponda al momento histórico de que se trate, ha ostentado y ejercido la prerrogativa de liberar al infractor de las consecuencias de su delito. Es lo que se siempre se ha llamado EL INDULTO. Incluso al toro de excepcional bravura, el pueblo soberano puede pedirle al Presidente, que lo libre de la muerte que el destino le tenía reservado.

Así que la capacidad del gobernante de terminar con el sufrimiento del cumplimiento de las penas no es de ahora. Luego, el pueblo unas veces entiende el proceder de quien indulta y otras no. Depende de cómo y por qué se haya ejercido la prerrogativa. Tal parece que el sentir popular reserva el correcto ejercicio de la potestad del perdón para casos excepcionales en los que la desproporción entre la culpa y la pena, el transcurso del tiempo entre los hechos y las sentencias, la transformación del penado en persona distinta del que cometió las fechorías, la misma evolución de las convicciones sociales, hacen plausible la medida de gracia.

Hay otra figura vagamente parecida al indulto, LA AMNISTÍA, que también lleva aparejada la liberación del sancionado, pero que obedece a circunstancias esencialmente distintas: son medidas de gracia de carácter colectivo por las que se revisan las decisiones judiciales o administrativas que dieron lugar a las condenas, una vez superadas las circunstancias, las bases socio políticas, que determinaron la existencia de figuras delictivas que han dejado de serlo. Suelen ser medidas tomadas en favor de quienes lucharon por cambiar la historia, una vez que lo han logrado.

Vemos, pues, que mientras que en el indulto no se cuestiona ni la Ley que se infringió, ni el Tribunal que sentenció al penado, en la amnistía, es, precisamente, el reconocimiento social, político y legal de la injusticia histórica lo que determina su razón de ser.

Valga este larga introducción como preámbulo necesario para comentar el anunciado propósito del Gobierno de indultar a los condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación en el denominado "juicio al procés". 

Pasa el tiempo y cambian los discursos

Algo que no es ninguna novedad y menos en el tornadizo terreno de la política.

El actual Ministro de Justicia defendía con sobrado fundamento en 2017 que cualquier medida de gracia tendría que ser absolutamente excepcional; algo que mal casa con un indulto, o, más bien, un paquete de indultos que afecten a todos los condenados por una misma sentencia: eso es lo contrario a excepcional. 

En aquellas fechas, hace cuatro años, socios y sostenedores del Gobierno (Unidas Podemos y ERC) manifestaban que, llegado el momento, no deberían concederse indultos en contra del parecer del Tribunal sentenciador. Sánchez, por su parte, aseguró que las penas se cumplirían íntegramente (no recuerdo si lo dijo antes o después de confesar que gobernar con Iglesias le impediría conciliar el sueño).

Así que llegado este punto, uno puede preguntarse sin que pueda ser tachado de malpensado si detrás de esta inminente medida hay algo más que el puro deseo de asegurar la continuidad del Gobierno.

Tal como a mí se me ocurre, parece desequilibrado poner en la balanza el interés de España en un platillo y la continuidad o no del Gobierno en la otra. Que conste que especular sobre el efecto negativo o positivo del indulto sobre los resultados de una eventual cita electoral de incierta fecha me parece una desfachatez, sea para prevenir sobre sus efectos negativos o para dejar constancia de que falta tanto tiempo que el efecto será nulo: la permanencia o no de Pedro Sánchez en la Moncloa no es una variable que deba ser tenida en cuenta a la hora de decidir si los penados en virtud de sentencia del Tribunal Supremo deben o no cumplir las penas impuestas.

Lo que piensan los que van a ser indultados

O, mejor dicho, lo que puede suponerse que piensan, si creemos lo que dicen, que tampoco hay por qué.

Como se sabe, la regulación vigente del derecho de gracia, data de finales del Siglo XIX. De 18 de junio de 1870, para ser precisos. Tanta prisa para cambiar Leyes de anteayer y ahí seguimos con esta antigualla en vigor; aunque a lo mejor es que hasta ahora a todos los que han ido llegando al Gobierno les ha parecido bien su contenido.

En todo caso, según esa vetusta norma, para obtener un indulto, se precisa primero una sentencia firme y más tarde, una petición de gracia al poder ejecutivo, pero no es preciso que sea el reo quien demande perdón; basta con que alguien lo haga en su nombre. Esta particularidad permite la ficción de que el condenado mantenga su "honor", su orgullo a salvo, pero pudiendo beneficiarse de la petición que en su nombre hacen sus conmilitones disfrazados de benéfica asociación.

Ese subterfugio permite al futuro beneficiario no tener que pasar por las horcas caudinas  de mostrar arrepentimiento por los hechos que determinaron su condena ni prometer propósito de la enmienda. De hecho, en el caso que nos ocupa los condenados no solo no muestran signo alguno de contricción, sino que alardean de estar dispuestos a repetir sus hazañas en cuanto seamos tan condescendientes como para ponerlos en la calle.

Más aún: todos, repito, todos, sostienen que no quieren indulto sino amnistía, es decir, nos echan en cara que fueron condenados injustamente, en virtud de leyes inicuas que deben ser derogadas cuanto antes y que, por tanto, ellos, como colectivo han sido víctimas de una injusticia histórica que hay que corregir cuanto antes.

Por consiguiente, las leyes que infringieron, los Tribunales que los juzgaron, los gobernantes que les han mantenido en prisión, han atropellado sus derechos de ciudadanos libres y sin tacha, y la amnistía que piden, si la consiguieran, sería la prueba de todo ello. 

¿Recuerdan la última amnistía concedida en España? Muerto el General Franco, asentada la democracia, fueron amnistiados cuantos las leyes de la dictadura habían condenado por luchar contra ella. Primero cambió el régimen, luego llegó la amnistía; esa es la secuencia lógica. Llevado el caso al conflicto catalán, primero habría de haber llegado la República Catalana y luego aplicar la amnistía a quienes fueron condenados por tratar de conseguirlo saltándose la legalidad que lo dificultaba.

Así las cosas, como deja en evidencia el Informe del Tribunal Supremo elevado al Gobierno, los escritos de los peticionarios de indulto, vienen a ser una especie de recurso ante el Gobierno contra una decisión judicial que se considera injusta en todos sus términos. Es, pues, un evidente atentado contra la división de poderes: una cosa es el derecho de gracia a favor de un condenado por sentencia justa, y otra el intentar que el Gobierno acepte indultar a unos condenados que cuestionan la legalidad vigente, desde la Constitución hasta la Ley Orgánica del Poder Judicial; ni se asume el fallo del Tribunal Supremo, ni se pide clemencia: se exige la revisión por el poder ejecutivo, de decisiones del poder judicial.

Y, algo sobre lo que volveré más tarde: advierten que la concesión de sus deseos no basta; es necesario, pero insuficiente para darse por satisfechos, porque el indulto (¿qué otra cosa puede ser?) ni borra la condición de delincuentes de los condenados, ni supone avanzar en el proceso para conseguir la independencia de Cataluña.

Las aparentes razones para el indulto, según los voceros del Gobierno

• "No se trata tanto de beneficiar a los condenados, sino de reducir la tensión". Me pregunto qué tensión ¿La existente entre catalanes partidarios y contrarios a la independencia? Dudoso. ¿La que pudiera existir entre Cataluña y el resto de España? Más dudoso aún ¿La que ahora hay entre los españoles que vivimos fuera de Cataluña? Pues mi impresión es la contraria. Así que quizás la única que disminuiría, (disminuiría, no desaparecería) es la que puede darse entre el Gobierno y el conglomerado secesionista presente en el Parlamento. Y me pregunto ¿Es bueno o malo que esa tensión disminuya? Por otra parte, vista la contundencia con la que se ha producido el Tribunal Supremo en su informe, me temo que, en cambio, la concesión masiva de indultos aumentarían las tensiones institucionales entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
• "Se trata de avanzar en el camino de la paz y de la concordia. No se debe confundir la justicia con la venganza. Hay que avanzar en la senda de la armonía y del diálogo". ¿Diálogo? Por supuesto: ahora, y más tarde, y siempre, pero no confundamos diálogo con superposición de monólogos. Por lo demás, me temo que hablar de venganza cuando estamos en presencia de condenados como resultado de un proceso que ninguna instancia solvente, incluidas las instituciones judiciales europeas, han tachado de parcial o de arbitrario, es incurrir en la demagogia mas grosera.
• Añado por mi cuenta un último comentario en este apartado: vistos los escritos de solicitud, la concesión de estos indultos dañaría las posiciones españolas en los casos pendientes de solución ante los Tribunales de la Unión Europea. Los que buscan la internacionalización de la cuestión catalana, se apuntarían un buen tanto.

La realidad subyacente

Pese a todo mi argumentario, ciego estaría si no viera que el panorama al Este del Ebro va de mal en peor: aumenta el número de partidarios de la independencia, la creciente internacionalización del problema perjudica las posiciones españolas, crece la tensión entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles.

Desde que se impugnó el Estatuto (¿o fue desde que al ex honorable Pujol y su familia empezaron a tener problemas con la Justicia?) las cosas van de mal en peor. 

Admitido este hecho, creo que podemos afirmar que todos sabemos cómo no se arregla el problema: haciendo las cosas como hasta ahora. Repetir lo ya conocido asegura el fracaso.

¡Qué más quisiera que tener siquiera a nivel personal la certidumbre del camino a seguir para salir del atolladero! Estaría dispuesto a comulgar con ruedas de molino, tragarme todo mi discurso y asumir el descrédito inherente a la concesión de los indultos si ello nos trajera la paz, la concordia, el entendimiento entre catalanes y entre estos y el resto de España. El caso es que mi modo de ver el futuro me lleva a la conclusión contraria: la excarcelación de los condenados solo asegura un momentáneo mejor entendimiento entre secesionistas y Gobierno y, como dice el pueblo, "para ese viaje no se necesitan tantas alforjas".

Sólo apunto una sugerencia: ¿Hasta dónde ayudaría a encontrar la salida al laberinto catalán el que los que piden los indultos tuvieran enfrente el resultado de un amplio acuerdo entre las fuerzas inequívocamente constitucionalistas en el sentido de mantener la sentencia del Tribunal Supremo en sus propios términos a cambio de ampliar los márgenes de entendimiento entre los firmantes del acuerdo?

Más concreto ¿Qué es más efectivo para desactivar el secesionismo, la reedición de la foto de Colón o la firma de un acuerdo entre las fuerzas políticas constitucionalistas suscrito en La Moncloa?