Indultos

El que la hace paga… pero no siempre

El viejo aforismo que encabeza este párrafo plasma el sentir popular: no hay delito sin condena, no hay desmán sin penitencia. Y, no obstante, desde la noche de los tiempos, el máximo representante del poder, ya haya sido cacique tribal, rey, emperador, presidente o lo que corresponda al momento histórico de que se trate, ha ostentado y ejercido la prerrogativa de liberar al infractor de las consecuencias de su delito. Es lo que se siempre se ha llamado EL INDULTO. Incluso al toro de excepcional bravura, el pueblo soberano puede pedirle al Presidente, que lo libre de la muerte que el destino le tenía reservado.

Así que la capacidad del gobernante de terminar con el sufrimiento del cumplimiento de las penas no es de ahora. Luego, el pueblo unas veces entiende el proceder de quien indulta y otras no. Depende de cómo y por qué se haya ejercido la prerrogativa. Tal parece que el sentir popular reserva el correcto ejercicio de la potestad del perdón para casos excepcionales en los que la desproporción entre la culpa y la pena, el transcurso del tiempo entre los hechos y las sentencias, la transformación del penado en persona distinta del que cometió las fechorías, la misma evolución de las convicciones sociales, hacen plausible la medida de gracia.

Hay otra figura vagamente parecida al indulto, LA AMNISTÍA, que también lleva aparejada la liberación del sancionado, pero que obedece a circunstancias esencialmente distintas: son medidas de gracia de carácter colectivo por las que se revisan las decisiones judiciales o administrativas que dieron lugar a las condenas, una vez superadas las circunstancias, las bases socio políticas, que determinaron la existencia de figuras delictivas que han dejado de serlo. Suelen ser medidas tomadas en favor de quienes lucharon por cambiar la historia, una vez que lo han logrado.

Vemos, pues, que mientras que en el indulto no se cuestiona ni la Ley que se infringió, ni el Tribunal que sentenció al penado, en la amnistía, es, precisamente, el reconocimiento social, político y legal de la injusticia histórica lo que determina su razón de ser.

Valga este larga introducción como preámbulo necesario para comentar el anunciado propósito del Gobierno de indultar a los condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación en el denominado "juicio al procés". 

Pasa el tiempo y cambian los discursos

Algo que no es ninguna novedad y menos en el tornadizo terreno de la política.

El actual Ministro de Justicia defendía con sobrado fundamento en 2017 que cualquier medida de gracia tendría que ser absolutamente excepcional; algo que mal casa con un indulto, o, más bien, un paquete de indultos que afecten a todos los condenados por una misma sentencia: eso es lo contrario a excepcional. 

En aquellas fechas, hace cuatro años, socios y sostenedores del Gobierno (Unidas Podemos y ERC) manifestaban que, llegado el momento, no deberían concederse indultos en contra del parecer del Tribunal sentenciador. Sánchez, por su parte, aseguró que las penas se cumplirían íntegramente (no recuerdo si lo dijo antes o después de confesar que gobernar con Iglesias le impediría conciliar el sueño).

Así que llegado este punto, uno puede preguntarse sin que pueda ser tachado de malpensado si detrás de esta inminente medida hay algo más que el puro deseo de asegurar la continuidad del Gobierno.

Tal como a mí se me ocurre, parece desequilibrado poner en la balanza el interés de España en un platillo y la continuidad o no del Gobierno en la otra. Que conste que especular sobre el efecto negativo o positivo del indulto sobre los resultados de una eventual cita electoral de incierta fecha me parece una desfachatez, sea para prevenir sobre sus efectos negativos o para dejar constancia de que falta tanto tiempo que el efecto será nulo: la permanencia o no de Pedro Sánchez en la Moncloa no es una variable que deba ser tenida en cuenta a la hora de decidir si los penados en virtud de sentencia del Tribunal Supremo deben o no cumplir las penas impuestas.

Lo que piensan los que van a ser indultados

O, mejor dicho, lo que puede suponerse que piensan, si creemos lo que dicen, que tampoco hay por qué.

Como se sabe, la regulación vigente del derecho de gracia, data de finales del Siglo XIX. De 18 de junio de 1870, para ser precisos. Tanta prisa para cambiar Leyes de anteayer y ahí seguimos con esta antigualla en vigor; aunque a lo mejor es que hasta ahora a todos los que han ido llegando al Gobierno les ha parecido bien su contenido.

En todo caso, según esa vetusta norma, para obtener un indulto, se precisa primero una sentencia firme y más tarde, una petición de gracia al poder ejecutivo, pero no es preciso que sea el reo quien demande perdón; basta con que alguien lo haga en su nombre. Esta particularidad permite la ficción de que el condenado mantenga su "honor", su orgullo a salvo, pero pudiendo beneficiarse de la petición que en su nombre hacen sus conmilitones disfrazados de benéfica asociación.

Ese subterfugio permite al futuro beneficiario no tener que pasar por las horcas caudinas  de mostrar arrepentimiento por los hechos que determinaron su condena ni prometer propósito de la enmienda. De hecho, en el caso que nos ocupa los condenados no solo no muestran signo alguno de contricción, sino que alardean de estar dispuestos a repetir sus hazañas en cuanto seamos tan condescendientes como para ponerlos en la calle.

Más aún: todos, repito, todos, sostienen que no quieren indulto sino amnistía, es decir, nos echan en cara que fueron condenados injustamente, en virtud de leyes inicuas que deben ser derogadas cuanto antes y que, por tanto, ellos, como colectivo han sido víctimas de una injusticia histórica que hay que corregir cuanto antes.

Por consiguiente, las leyes que infringieron, los Tribunales que los juzgaron, los gobernantes que les han mantenido en prisión, han atropellado sus derechos de ciudadanos libres y sin tacha, y la amnistía que piden, si la consiguieran, sería la prueba de todo ello. 

¿Recuerdan la última amnistía concedida en España? Muerto el General Franco, asentada la democracia, fueron amnistiados cuantos las leyes de la dictadura habían condenado por luchar contra ella. Primero cambió el régimen, luego llegó la amnistía; esa es la secuencia lógica. Llevado el caso al conflicto catalán, primero habría de haber llegado la República Catalana y luego aplicar la amnistía a quienes fueron condenados por tratar de conseguirlo saltándose la legalidad que lo dificultaba.

Así las cosas, como deja en evidencia el Informe del Tribunal Supremo elevado al Gobierno, los escritos de los peticionarios de indulto, vienen a ser una especie de recurso ante el Gobierno contra una decisión judicial que se considera injusta en todos sus términos. Es, pues, un evidente atentado contra la división de poderes: una cosa es el derecho de gracia a favor de un condenado por sentencia justa, y otra el intentar que el Gobierno acepte indultar a unos condenados que cuestionan la legalidad vigente, desde la Constitución hasta la Ley Orgánica del Poder Judicial; ni se asume el fallo del Tribunal Supremo, ni se pide clemencia: se exige la revisión por el poder ejecutivo, de decisiones del poder judicial.

Y, algo sobre lo que volveré más tarde: advierten que la concesión de sus deseos no basta; es necesario, pero insuficiente para darse por satisfechos, porque el indulto (¿qué otra cosa puede ser?) ni borra la condición de delincuentes de los condenados, ni supone avanzar en el proceso para conseguir la independencia de Cataluña.

Las aparentes razones para el indulto, según los voceros del Gobierno

• "No se trata tanto de beneficiar a los condenados, sino de reducir la tensión". Me pregunto qué tensión ¿La existente entre catalanes partidarios y contrarios a la independencia? Dudoso. ¿La que pudiera existir entre Cataluña y el resto de España? Más dudoso aún ¿La que ahora hay entre los españoles que vivimos fuera de Cataluña? Pues mi impresión es la contraria. Así que quizás la única que disminuiría, (disminuiría, no desaparecería) es la que puede darse entre el Gobierno y el conglomerado secesionista presente en el Parlamento. Y me pregunto ¿Es bueno o malo que esa tensión disminuya? Por otra parte, vista la contundencia con la que se ha producido el Tribunal Supremo en su informe, me temo que, en cambio, la concesión masiva de indultos aumentarían las tensiones institucionales entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
• "Se trata de avanzar en el camino de la paz y de la concordia. No se debe confundir la justicia con la venganza. Hay que avanzar en la senda de la armonía y del diálogo". ¿Diálogo? Por supuesto: ahora, y más tarde, y siempre, pero no confundamos diálogo con superposición de monólogos. Por lo demás, me temo que hablar de venganza cuando estamos en presencia de condenados como resultado de un proceso que ninguna instancia solvente, incluidas las instituciones judiciales europeas, han tachado de parcial o de arbitrario, es incurrir en la demagogia mas grosera.
• Añado por mi cuenta un último comentario en este apartado: vistos los escritos de solicitud, la concesión de estos indultos dañaría las posiciones españolas en los casos pendientes de solución ante los Tribunales de la Unión Europea. Los que buscan la internacionalización de la cuestión catalana, se apuntarían un buen tanto.

La realidad subyacente

Pese a todo mi argumentario, ciego estaría si no viera que el panorama al Este del Ebro va de mal en peor: aumenta el número de partidarios de la independencia, la creciente internacionalización del problema perjudica las posiciones españolas, crece la tensión entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles.

Desde que se impugnó el Estatuto (¿o fue desde que al ex honorable Pujol y su familia empezaron a tener problemas con la Justicia?) las cosas van de mal en peor. 

Admitido este hecho, creo que podemos afirmar que todos sabemos cómo no se arregla el problema: haciendo las cosas como hasta ahora. Repetir lo ya conocido asegura el fracaso.

¡Qué más quisiera que tener siquiera a nivel personal la certidumbre del camino a seguir para salir del atolladero! Estaría dispuesto a comulgar con ruedas de molino, tragarme todo mi discurso y asumir el descrédito inherente a la concesión de los indultos si ello nos trajera la paz, la concordia, el entendimiento entre catalanes y entre estos y el resto de España. El caso es que mi modo de ver el futuro me lleva a la conclusión contraria: la excarcelación de los condenados solo asegura un momentáneo mejor entendimiento entre secesionistas y Gobierno y, como dice el pueblo, "para ese viaje no se necesitan tantas alforjas".

Sólo apunto una sugerencia: ¿Hasta dónde ayudaría a encontrar la salida al laberinto catalán el que los que piden los indultos tuvieran enfrente el resultado de un amplio acuerdo entre las fuerzas inequívocamente constitucionalistas en el sentido de mantener la sentencia del Tribunal Supremo en sus propios términos a cambio de ampliar los márgenes de entendimiento entre los firmantes del acuerdo?

Más concreto ¿Qué es más efectivo para desactivar el secesionismo, la reedición de la foto de Colón o la firma de un acuerdo entre las fuerzas políticas constitucionalistas suscrito en La Moncloa?