Píldoras (III)

Los grotescos efectos de las encuestas

Cuando se tienen delante los resultados de cualquier encuesta, pocos son los que recuerdan, en ese momento, qué es exactamente una encuesta (esté bien o mal hecha, mal o bien interpretada): el reflejo del estado de opinión del colectivo encuestado en un momento dado, sobre las cuestiones planteadas por la encuesta. 

Sólo eso: estado de opinión, no realidad. Es decir  que una cosa es lo que ocurre y otra muy distinta, lo que el ciudadano cree que esta pasando, o lo que va a pasar, o lo que él mismo hará dentro de dos años.

Así que cuando el CIS cambia de Presidente y el Gobierno decide que ejecute sus encuestas y publique sus resultados mensualmente en vez de cada tres meses, ni deberíamos escandalizarnos demasiado, ni dar por supuesto que diga lo que diga el CIS, nunca será creíble porque su Presidente fue, en tiempos, miembro de la Ejecutiva del PSOE.

Por otra parte, después de publicarse los últimos sondeos hemos asistido a inefables declaraciones lindantes con el surrealismo. Otra prueba más de la extraordinaria mediocridad de nuestra clase política.

Se me ocurren varios comentarios, alguna que otra reflexión e impulsos casi incontenibles de reír.

• ¿Cómo es posible que todos los resultados del sondeo sean inverosímiles, salvo aquellos que dejan bien al Partido de quien los comenta? El portavoz, o lo que sea, de Ciudadanos declara impávido que los resultados carecen de valor, excepto el que dice que Ciudadanos está adelantando al PP. Nadie de su Partido le ha recordado que la Ley del embudo, mejor no manejarla en público.
• ¿Quién puede dar por supuesto que las consecuencias del estudio del CIS tengan que ser compartidas por dos Partidos enfrentados? Alguien del PP dice que “si los resultados fueran esos, el PSOE ya habría convocado Elecciones Generales”. Quizás el PP sí, y el PSOE, no.
• ¿Tiene derecho al trabajo el Sr. Tezanos, o visto su pecado original (miembro de la Ejecutiva del PSOE) deberá renunciar por siempre jamás a ejercer cualquier puesto de trabajo sobre el que su Partido tenga la menor capacidad de influencia? 
• ¿Deberá esperar el Sr. Tezanos a que recupere el poder la derecha para que un Gobierno del PP, o del PP/Ciudadanos, o de un tripartito PP/Ciudadanos/Vox, vuelva a acordarse de él y le encomiende alguna tarea digna de su bien probada profesionalidad?
• ¿Cuándo vamos a caer en la cuenta de que digan lo que digan las encuestas ahora, lo que ocurra al día siguiente de las próximas elecciones poco o nada tendrá que ver con los resultados actuales?  

En resumen:

• Como no hay dos encuestas que den resultados iguales, ni siquiera parecidos, no vale la pena enojarse con lo que dicen los estudios que uno no ha encargado.
• Más debería preocuparles a los encolerizados comentaristas el que según el CIS (en manos de Tezanos, recuerden) ningún político, ninguno, llega al aprobado pelón a juicio de los encuestados. ¿Qué creen que mejorará más su imagen, echar pestes de Pedro Sánchez o ponerse a trabajar?
• Llegarán las Elecciones, asistiremos a la consabida guerra de las encuestas y cuando se celebre el escrutinio, volveremos a ver que ninguna acertó. Como de costumbre. 
• ¿Es que no hay nada que hacer más que perder el tiempo en estas bobadas?

Taxistas en pie de guerra

Otra antigualla

De nuevo un gremio se alza en pie de guerra en defensa de sus supuestos derechos históricos poniendo a la sociedad, o tratando de ponerla, en dificultades si el Gobierno no accede a sus pretensiones. Chantaje al Poder Político con los ciudadanos como rehenes.

Ocurre que, de pronto, aparecen algunas organizaciones que aspiran a dar el mismo servicio que quien venía haciéndolo desde tiempo inmemorial, en mejores condiciones de precios y prestaciones. El negocio se resiente y el problema pretende resolverse acudiendo a la defensa de unos supuestos derechos históricos.

No es la primera vez, aunque lleva camino de ser de las últimas, porque la estructura ideológica, organizativa y política que subyace en la protesta es uno de los últimos reductos de un anacronismo histórico inexplicable: la supervivencia de los gremios medievales, anteriores a la mismísima revolución industrial.

Hace pocos meses asistimos indefensos a un desafío parecido: la revuelta de los estibadores en defensa de unos privilegios exorbitantes que incluían, por ejemplo el derecho a heredar el puesto de trabajo, amén del control gremial del mercado de trabajo, el monopolio de la actividad portuaria o el mantenimiento de unas condiciones de trabajo inusitadas. 

La Unión Europea había advertido de que el hecho no era tolerable y estaba ya sancionando al Estado español con cantidades multimillonarias. Hubo que afrontar el reto planteado por las organizaciones gremiales portuarias y reconducir la situación.

Viejas historias

Volvemos a las mismas. El mundo de taxi se ha levantado porque, a su juicio, soporta una competencia desleal por quienes organizan su mismo servicio desde otros parámetros que les restan clientes cada día.

Se oyen medias verdades, dejan de explicarse circunstancias fundamentales para entender qué está pasando y la ciudadanía duda entre ponerse de parte de unos o de otros.

Hay cosas que no deberían haber pasado nunca. Si parte del problema que afronta el taxi es el endeudamiento crónico en el que muchos profesionales se han visto atrapados a la hora de hacerse con una licencia, habrá que decir bien claro que la culpa es de las autoridades municipales que nunca han hecho el menor esfuerzo en evitar el vergonzoso trapicheo con las licencias que, en el fondo, no son sino concesiones administrativas, sujetas a su control.

No hay duda, por otra parte, de que la presencia de competidores con modos nuevos de actuación ha traído ya algunas favorables consecuencias como una mayor limpieza en los taxis y un distinto atuendo en los profesionales que los atienden.

Monopolio y alza de precios son un binomio difícil de romper. Una mayor competencia provoca o debería provocar el resultado contrario: mejores precios y mayor calidad de servicio.

¡El usuario! Éste es el pivote sobre el que debe girar cualquier planteamiento y, por tanto, solución de la controversia. El coche de alquiler, el taxi actual y cualquiera de sus alternativas, nace y se desarrolla, no para para dar empleo a una masa de necesitados, sino para resolver el problema del transporte urbano o interurbano.

El papel de la Administración, en este aspecto debería ser bastante sencillo: establecer unos estándares mínimos obligatorios de calidad, fijar unas condiciones inexcusables de seguridad y asegurarse de que sea quien sea el que preste el servicio cumpla escrupulosamente la legalidad vigente, sea en materia de trabajo (horarios, obligaciones de Seguridad social, salarios) o fiscal. 

Y, por encima de todo ello, garantizar que el ciudadano recibe el servicio que espera. 

Lo que es más que dudoso que vaya a lograrse por esa especie de curiosa variante del “Método Olendorff”: desplazando la solución a esferas de competencia diferentes a las que podrían haber tomado partido por quien es o debería ser el sujeto paciente de sus desvelos: el usuario del servicio.

“Deja que los muertos entierren a sus muertos” (Mt 8:21,22; Lc 9:59,60).

Un problema que viene de muy lejos.

Dentro de tres semanas se cumplirán 43 años de la muerte del General Franco. Murió siendo Jefe del Estado y fue enterrado donde él había decidido: en el monumento que, en su día mandó construir.

Unos dicen que La Basílica del Valle de los Caídos es el símbolo de la victoria del General en la Guerra Civil que él dirigió contra la República que había jurado defender, y otros que se levantó como un monumento a la reconciliación.

De lo que no hay ninguna duda es de que, por una parte, todos, sea cual fuere la interpretación sobre el origen del monumento, lo ven como símbolo de una época; por otra, tampoco hay dudas de que a partir de la muerte del General, España emprendió un camino nuevo, cuyo ejemplo más evidente es la Constitución vigente, incompatible con los principios que presidieron la política de los 40 años anteriores.

Así las cosas más de una vez se ha planteado la cuestión de qué hacer con los restos del Dictador. Desde dejarlo donde está hasta enterrarlo en lugar apartado, ha habido propuestas de todo tipo. El tiempo fue pasando y nada se hizo.

Cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura.

Llega junio de 2018, Pedro Sánchez gana la moción de censura, desbanca a Rajoy y se instala en la Presidencia del Gobierno.

Una de las primeras medidas que anuncia es la exhumación inminente de los restos del General Franco.

• Que yo recuerde, nada se dijo en los primeros momentos sobre dónde irían a parar los restos, aunque doy por descontado que el Presidente del Gobierno no pretendía guardarlos en su despacho. Lo que ocurre, es que lo uno sin lo otro, de dónde sale y dónde va, se entiende mal.
• Apoyándome sólo en mis impresiones personales creo que hay una mayoría social que habría preferido que la medida se hubiera tomado hace tiempo. No sólo porque piense que mantener abierto el mausoleo espectacular de quien se alzó en armas contra el Gobierno legítimo de la nación es un caso sin precedentes, sino también porque de haberse hecho antes, ahora podríamos estar dedicándonos a discutir otra cosa.

No obstante, tengo mis dudas de si antes de anunciar la medida el Gobierno había previsto todas las contingencias subsiguientes y los pasos a dar para evitar más problemas de los imprescindibles.

• ¿Podía el Gobierno tomar por sí y ante sí una medida como ésa? Hay quienes piensan que no y quienes creemos que sí. De hecho, no se olvide este dato, tengo entendido que la Iglesia Católica no pone objeciones a la exhumación.
• ¿Puede el Gobierno decidir qué hace con los restos? Tampoco piensa igual todo el paisanaje. Soy de los que creen que no, que no puede hacer lo que se le antoje: los destinatarios de los  restos son, necesariamente, los familiares del difunto. O sea, problemas a la vista.
• ¿Cree el Gobierno que está en su mano “ordenar” a la familia Franco dónde dar sepultura a los restos? Espero que no lo crea, porque el error sería mayúsculo. Cuestión distinta es si cabe o no una negociación al respecto, y llegado el caso, qué puede ofrecer el Gobierno a la familia, y cuándo y cómo debería haberse llevado a cabo esa negociación.

Resulta ahora, que la familia parece inclinarse por dar sepultura al fundador de la Dinastía en la Catedral de la Almudena. Según la Jerarquía eclesiástica, tiene derecho y si pretende ejercerlo no habría forma de oponerse. Parece que en Roma se le ha dicho a la enviada del Gobierno, que éste, el Gobierno, “tiene un problema”. (Yo creo que sería una bendición que sólo tuviera uno, pero ésa es otra cuestión)

Qué hacer y qué no hacer

No puede darse marcha atrás al tiempo. No cabe decir que si otro Gobierno lo hubiera hecho antes, habría sido más fácil. Es verdad, pero no vale de nada.

Me permito una disgresión teórica: la verdad y la justicia no son términos equivalentes, ni mucho menos. Quiero decir que si pretendemos saldar de una vez por todas nuestras cuentas con la Historia, si pretendemos  cerrar heridas tan viejas que dentro de poco no quedarán supervivientes de cuando se produjeron, es preciso primero sanear la herida hasta que no quede asomo de duda sobre qué pasó, quiénes fueron responsables de una cosa y de su contraria y de qué lugar merece cada uno en nuestra Historia.

Ésta operación no tiene nada que ver con la justicia. La justicia, o sea, la aplicación de la Ley ya ha hecho su labor en tan altísimo porcentaje de casos que dudo de si la proporción no llegará al 100%. Lo que quiero decir es que ya no quedan ilícitos penales pendientes de juicio.

Pero es como en el caso de ETA: la cuestión a resolver no es cuándo salen los reos de delitos ya sentenciados, sino qué debe saber la población vasca y la del resto de España sobre el por qué de la sangría horrenda del terrorismo y cuál fue el papel de cada uno en los cerca de mil asesinatos y en los muchísimos más de persecuciones, ofensas, acosos, denuncias, círculos de vacío. Si esto no se hace, seguirá latiendo bajo la piel social la división que arrasó a dos generaciones

La cuestión, yo al menos la veo así, es que es un error plantear esta operación, de poner aquí o allí el cadáver del Dictador, como ahora se ha hecho. Tal cosa no puede ser emprendida por un Gobierno que no sólo es de izquierdas (se tomaría, como así ha sido, como una revancha) sino que ni siquiera tiene suficiente respaldo “nacional” parlamentario.

Si el Partido Popular y Ciudadanos se creen demócratas, yo no tengo por qué dudarlo, doy por supuesto de que no se sentirán cómodos en su papel de defensores de la memoria de quien fue la negación de la democracia.

Creo, por tanto, que el ejecutor de la exhumación del General, debería ser un Gobierno de la derecha democrática, consensuada la medida con la mayoría o la totalidad del arco parlamentario, sabiendo de antemano qué hacer con los problemas que ahora mismo no parecen tener solución.

Cierto que hacer lo que propongo supondría al actual Gobierno dar marcha atrás. Hay cosas peores. No sería la primera vez que en el corto espacio de tiempo que lleva Sánchez en el Poder ha tenido que desdecirse. Sólo sería enmendar el error de haber anunciado una chapuza oportunista sin saber dónde le llevaba.

Y todo volvería  a demorarse. ¿Y qué? ¿Importa mucho dejar pasar 44 años en vez de 43?

Píldoras (II) 

La generación mejor preparada de la Historia.

Otro eslogan que funciona como un mantra: los jóvenes españoles actuales son la generación mejor preparada de la Historia.

¿Con qué criterios hacemos la comparación? ¿Cuantitativa o cualitativamente? ¿Más jóvenes preparados o jóvenes mejor preparados? ¿Comparamos con las generaciones españolas anteriores, ya sea en cantidad o calidad, o con sus coetáneos del mundo mundial?

No hay duda alguna de que el número (número, repito) de universitarios o egresados de escuelas técnicas superiores, es mucho mayor que el de generaciones anteriores. Eso no sólo es cierto, sino que es algo de lo que deberíamos congratularnos.

¿Podríamos decir lo mismo si quisiéramos comparar a nuestros jóvenes licenciados con los de hace cincuenta años? Aplicando un criterio lógico, es decir, comparando los españoles de antes y de ahora, con sus coetáneos de naciones con las que aspiremos a ser identificados.

Hay algunas evidencias preocupantes. Esta supuesta generación tan bien formada, ha salido de alguna de nuestras 83 Universidades, ninguna de las cuales está entre las 120 mejores del Planeta.

Según la fuente que consultes, el mejor de nuestros Centros Universitarios aparece en el puesto 135 o en el 151. No creo que sea para vanagloriarse de la calidad de nuestra enseñanza superior.

De esas 83 Universidades, 65 han sido creadas en los últimos 40  años. Magnífico, sí, pero… ¿De dónde han salido los cuadros docentes para tanta aula, para tanta disciplina nueva o vieja?¿Cuánto tiempo ha de invertirse en formar un formador eficiente? ¿Pueden garantizar esas instituciones la calidad de sus enseñanzas? Permítanme el símil: es como tratar de comercializar un tinto “Gran Reserva”al año siguiente de inaugurar la bodega.

Si acudimos a otros niveles educativos, mi opinión es más pesimista: la formación profesional ha retrocedido en todos los frentes y la enseñanza en los primeros niveles más aún. Está fallando el fundamento, los cimientos que sustentan el edificio donde guardar y difundir el saber de nuestros muchachos.

En resumen: creo que el joven español conoce más y mejor que ninguno de sus antecesores lenguas extranjeras y domina, cómo no, con más soltura que sus mayores las nuevas tecnologías. ¿Eso es suficiente para calificar a esta generación como la mejor formada de la Historia?

Otra vez, como en el caso de los autónomos, que comentaba hace algunos días, me asalta la sospecha “electoral”. Quien tanto halaga a los recién llegados a la condición de votantes, busca la devolución de sus mimos en forma de votos contantes y sonantes.

No se alarmen: lo hacen todos los Partidos, así es que lo único que pretendo es no comulgar con ruedas de molino, al margen de quién sea el oficiante de esa extraña Misa laica.

El mito de la alternancia

No creo que sea necesario, en apariencia, insistir demasiado en que el principio de la alternancia en el poder viene a ser algo así como el fundamento, los cimientos de la democracia.

Gobiernas en tanto el pueblo sigue confiando en ti, en tus programas, en tu modo de ejecutarlos. Un buen día (o malo, eso depende del punto de vista) las cosas cambian, quienes ejercieron hasta entonces la oposición llegan al Gobierno y tú y los tuyos ocupáis su lugar.

Ni siquiera hay que extrañarse si el comportamiento del pueblo soberano adquiere ciertos tintes de ingratitud: los casos de Sir Winston Churchill o del General de Gaulle, son paradigmáticos.

Puede ser que tu caudal político se haya agotado, que lo hayas hecho mal, o que el electorado haya cambiado. Pasas de gobernante a opositor.

El cambio, desde luego, sólo puede producirse por alguno de los métodos previstos en las Leyes; en caso contrario, no hay alternancia: hay usurpación, asalto al Poder, Golpe de Estado. En definitiva, muerte o colapso de la democracia.

No es que nadie debiera extrañarse de ese cambio: es que su existencia es la prueba de que el sistema funciona con absoluta normalidad.

Para evitar abusos y forzar la garantía de que los que ostentan el poder deben cambiar de tanto en tanto, hay países que limitan la duración de los mandatos de los gobernantes. 

Los Estados Unidos de Norteamérica, prohiben el tercer mandato de un Presidente. México, desde que se deshizo de Porfirio Díaz, sacralizó el principio absoluto de la no reelección. 

Europa, por el contrario, es más tolerante y deja que sea el normal desenvolvimiento de la vida política el que establezca los procesos sucesorios.

Así que cabría decir que para que todo esto funcione hay que partir de un doble axioma: el poder, y por tanto quien los representa, el Gobierno, es del pueblo, no de la izquierda ni de la derecha. El pueblo somos todos, no sólo los que piensan como yo.

Me temo, no obstante, que no todos los que repetimos estas ideas, además, creemos en ellas.

Supongamos que lo escrito hasta ahora tiene un cierto sentido. Entonces ¿Es Pedro Sánchez un “okupa”?

No me entusiasma ni su modo de gobernar, ni su forma de gestionar el liderazgo de su Partido. Creo que se equivoca demasiado, improvisa más de lo conveniente, rectifica con excesiva frecuencia; ha cambiado el modo de entender y desarrollar la política en el PSOE y, sobre todo (es mi opinión), suele ir en malas, pésimas compañías.

Sin embargo, ésa no es la cuestión. Lo que deberían preguntarse muchos de nuestros conciudadanos es si el acceso al Poder de Sánchez se ha hecho o no de espaldas a la legalidad vigente.

Si la contestación es que llegó a la Moncloa con arreglo a métodos consagrados por las Leyes, deben asumir cuanto antes que seguirá donde está hasta que se le desaloje por los mismos procedimientos legales posibles: Elecciones Generales o moción de censura constructiva que lleve en volandas al Gobierno a un nuevo Presidente.

No olviden, por otra parte, que acierte o se equivoque, es el Presidente del Gobierno y no los líderes de los Partidos de la oposición, quien tiene la facultad de disolver las Cortes y convocar Elecciones. (Yo creo que se está equivocando y que cuanto más tarde en hacerlo, menor será la distancia electoral con Podemos, pero mi opinión, es obvio, carece de importancia).

O sea, que se pueden pedir elecciones a diario, incluso más de una vez al día, pero que nadie crea que Sánchez está obligado a atender la petición.

Mientras tanto, recuerden todos: el Poder no es de las derechas o de las izquierdas, sino del pueblo soberano que no siempre elige para gobernar al que nos gusta.

Fiat iustitia et pereat mundus

Al aforismo (“Hágase justicia y perezca el mundo”) y a cualquiera de sus variantes, suelen atribuírsele múltiples paternidades. Desde Aristóteles, hasta Fernnando I, único Rey de Hungría y luego Emperador de Alemania nacido en Alcalá de Henares, pasando por Kant o Hannah Arendt.

Algún siglo que otro después, Hegel transformó la frase y la cambió de sentido (“fiat iustitia ne pereat mundus”, es decir, "hágase justicia para que el mundo no perezca").

En todo caso, estamos en presencia de una de las encrucijadas filosóficas del mundo occidental sin solución definitiva: cuál es el papel del poder judicial, aplicar la legislación vigente caiga quien caiga, o llevar a cabo una delicada operación de interpretación jurídica que permita resguardar una apariencia de legalidad y defender, al mismo tiempo, el orden aparente de la sociedad. ¿Nada menos que justicia versus orden?

Ya suponen a qué viene esta introducción: la Sala 3º del Tribunal Supremo ha cambiado el criterio que hasta entonces sostenía el mismo Tribunal, y ha sentenciado que ciertos costes fiscales derivados de la concesión de hipotecas deben correr por cuenta de quien se lucra del negocio, el Banco que otorga el crédito, y no de quien suscribe la hipoteca.

Hasta aquí, nada especial, más allá de su trascendencia para los interesados.No tengo elementos de juicio suficientes para opinar si la posición correcta era la antigua o la nueva. Lo insólito es que, tras dictar Sentencia, el Tribunal sigue dudando qué hacer.

Dicen, eso he oído, que estamos hablando de un coste añadido para la Banca de seis mil millones de Euros. Dicen que la Bolsa ha penalizado inmediatamente a los Bancos porque esos caudales se traducirán en mayores pérdidas o en menores ganancias. Dicen que los perjuicios para la economía podrían ser tales que algo habrá que hacer.

Parece ser que el Tribunal Supremo, ¡Supremo!, o sea, nadie por encima de él, ha decidido tomarse un tiempo y ver si donde dijo Diego, dice digo, o si deja las cosas como están.

Tal como yo lo veo, el problema no es cuánto cuesta la Sentencia. Se mire por donde se mire, sean seis mil millones, sesenta mil millones o catorce €, el importe siempre será el mismo lo paguen los clientes o lo paguen los Bancos.

Así que se me ocurren tres comentarios:

• El pretendido efecto negativo sobre la economía nacional es discutible: los seis mil millones los pueden pagar unos u otros, pero siguen siendo los mismos dineros. Salvo que demos por supuesto que la economía nacional y la de los bancos son una y la misma cosa.
• No encuentro por parte alguna, entre las funciones del Poder Judicial, velar por la buena marcha de la Economía Nacional. Tengo la impresión de que eso les corresponde a otros.
• Mucho me temo que el ciudadano acabe teniendo la impresión de cuando los bancos andan de por medio, eso de que todos somos iguales ante la Ley no siempre acaba de verse.

En resumen:

• La justicia española, ésa que según el art. 117 de la Constitución emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, está a punto de entrar en el fangoso territorio en el que todo puede ocurrir.
• No andamos sobrados de instituciones por encima de toda sospecha como para que ahora, el mismísimo Tribunal Supremísimo acabe por darse un tiro en un pie y salga malparado de este entuerto. Cualquier cosa que menoscabe el prestigio de la justicia es malo para España.

Píldoras (I)

Fotos para el recuerdo

Dicen que cayeron más de 230 litros de agua por metro cuadrado en muy pocas horas. Los cielos se abrieron y derramaron sobre la Sierra de Calicant torrentes que se volverían mortíferos en menos de tres horas.

El fenómeno no es nuevo ni en Sant Llorenç, ni en otros muchos puntos de la cuenca Mediterránea. Una atenta lectura de “La Odisea” puede dar cuenta de fenómenos parecidos hace treinta siglos.

La orografía, el descuido urbanístico y hasta cabe en lo posible que el tan traído y llevado cambio climático pueden acabar provocando tragedias como la que acabamos de vivir.

El caso es que el desastre ha provocado movimientos solidarios nada infrecuentes entre españoles, algunos de cuyos ejemplos han merecido tratamiento especial de los medios de comunicación.

Rafael Nadal, manacorí nacido a una treintena escasa de kilómetris del siniestro, tal vez nuestro mejor deportista de todos los tiempos, acudió a prestar su ayuda. No fue el único, pero sí el más conocido, así que su actitud mereció comentarios elogiosos y fotografías demostrativas de su ejemplar actitud, pala en mano, calzando  botas de agua y vistiendo ropa de trabajo.

En la misma fecha, compareció también por Sant Llorenç, Pedro Sánchez, Presidente de Gobierno. También fue fotografiado. Vestía traje oscuro y se le veía saludando sonriente (o serio, que hubo más de una fotografía) con lo que suele conocerse por “las fuerzas vivas”. Don Pedro, como digo, vestía “de calle”; ni mono de trabajo, ni pala en mano.

Horas después me llega al teléfono una composición fotográfica (lo cierto es que la misma foto me llegó por tres conductos diferentes) en la que se contraponían las figuras del tenista y la del Presidente, con sendos subtítulos que ponían de manifiesto que uno había ido a trabajar y otro a hacerse la foto.

Evidente. ¿Qué otra cosa podría haber hecho el Presidente del Gobierno, más que acudir al lugar de la tragedia, dejarse ver, ser fotografiado, infundir alguna palabra más o menos animosa y volver a su despacho que es donde podía hacer algo por los afectados?

El mismo día, en la misma zona y a la misma hora, el líder de la oposición, el Sr. Casado, hacía cosas parecidas a las del renacido Sr. Sánchez: dejarse ver, hacerse fotografiar y hablar con quien encontrara al paso, sobre todo si llevaba un micrófono en la mano. Tampoco vestía mono, ni portaba pala.

Y digo yo ¿Por qué tenemos que aprovechar ocasiones como la que comento para intentar ridiculizar al Presidente de Gobierno? ¿Quién sale ganando con semejante maniobra? ¿Es que no ven que lo que puede echársele en cara (nada en este caso, tal como yo lo veo) al Presidente le es igualmente aplicable a uno de sus principales adversarios políticos?

Uno y otro fueron a lo que mejor saben hacer: intentar arañar algún voto a costa de meros gestos sin mayor valor ni trascendencia. Ni malicia.

Imaginen lo contrario: Sánchez y Casado se quedan en sus despachos en vez de acudir al lugar de la tragedia ¿No serían tachados de insensibles?

Todos sabemos que es un juego, pero a los afectados, no lo duden, les gusta lo que hizo Nadal, y lo que hicieron el Presidente y el líder de la oposición.

Y a diferencia de lo que pudo pasar por la cabeza del anónimo autor del poco afortunado montaje fotográfico, saben distinguir entre lo que puede esperarse de uno y de otros. 

El mito de los autónomos.

Columna vertebral de nuestra economía, héroes anónimos, superhombres que nunca enferman,  trabajadores infatigables, creadores silenciosos de empleo, etc. etc.

Los autónomos, qué duda cabe, tienen muy buena prensa entre nosotros. No importa de qué formación política sea el que habla, se habrá deshecho en halagos a este ejército de emprendedores modestos que, dicen, vienen a ser la reserva moral, laboral y productiva de España.

Tienen razón en muchas de sus proclamas, pero…

También es cierto que en el mundo de los autónomos florece el fraude fiscal como en ningún otro. El dinero en B circula con una cierta prodigalidad y eso es algo que todos sabemos porque, en muchas ocasiones, cada uno de nosotros hemos sido cómplices del fraude para ahorrarnos el desembolso de una parte del coste del servicio o el bien recibido.

Tampoco es infrecuente encontrar casos flagrantes de fraude a la Seguridad social: trabajadores sin dar de alta, por acuerdo mutuo en ocasiones no dejemos de admitirlo, o cotizantes por menos horas de las trabajadas, o sin aportar las cotizaciones correspondientes a horas extraordinarias, por ejemplo. Cosas que no suelen ocurrir en las empresas de grandes dimensiones, cuya fuente de ahorro y ganancia está en otros parámetros.

Si eso es así ¿por qué el entusiasmo y el halago de nuestros políticos con y para los trabajadores autónomos?

Simple cuestión de matemática electoral: según las fuentes consultadas, el número de trabajadores autónomos en España supera la cifra de 3 millones.

Por cada consejero de administración de alguna de las 135 empresa cotizadas en el Ibex (cuyo voto puede darse por supuesto en la mayoría de los casos) hay más de cien mil autónomos que puede inclinarse por éste o aquél Partido en las siguientes elecciones.

El colectivo que comentamos es, antes que nada, para nuestros políticos, un caladero de votos, eso es todo.

Nosotros y sobre todo ellos deberíamos tenerlo muy presente.

El paradigmático caso de D. Eduardo y Dª Pura

Dª Pura y D. Eduardo No se conocen.

D. Eduardo, Ingeniero de Caminos, natural y residente en Madrid, 45 años de edad, casado, padre de dos hijos que se educan en un acreditado colegio del extrarradio, es un hombre brillante. Terminó la carrera a los 23 años, triunfa en la vida y vota a cierto Partido de la derecha.

Dª Pura, valenciana, soltera vocacional, 43 años, funcionaria de uno de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, es una mujer inteligente. Fue número uno de su promoción con 24 años y ahora vive en Málaga, presta servicios a la Junta de Andalucía y siempre vota a la izquierda.
  

A D. Eduardo no se le conoce actividad política alguna, más allá de acudir a las urnas cuando es convocado. Por supuesto, tampoco imagina siquiera la posibilidad de ocupar la Presidencia de su comunidad de vecinos. Para ser precisos, ni siquiera suele acudir a las Asambleas. No lo ha hecho nunca pero está convencido de que eso no sirve para nada.

Tampoco Dª Pura está por la labor de dedicar una parte de su valioso tiempo libre a tareas políticas. Y, como D. Eduardo, no se deja ver por las Asambleas vecinales. En realidad fue una vez y salió pensando que aquello era un gallinero.

D. Eduardo y Dª Pura, ya dije que no se conocen, coinciden no obstante en dos o tres detalles:

- Ambos habitan en sendas urbanizaciones en los aledaños de sus ciudades respectivas, urbanizaciones que padecen problemas de muy variada condición.

- Los dos se consideran suficientemente capacitados para criticar los escasos logros de las instituciones que les afectan ya hablemos de esfera estatal, autonómica, municipal o, incluso, vecinal.

- La funcionaria y el ingeniero, como si hubieran crecido juntos, comparten algunas sólidas convicciones: el Gobierno de la Nación, los destinos de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de la Capital de España y el de Málaga, y, desde luego, sus respectivas comunidades de vecinos, están en las peores manos posibles.

- Ambos se quejan en sus círculos respectivos de amigos, cuando salen a cenar, del caótico estado de cualquier entidad que salga a relucir en la conversación.

Ni uno ni otro, son conscientes de que el Estado, la Comunidad Autónoma, el Municipio y la Comunidad de Vecinos, los habitamos los mismos ciudadanos, con distintas gorras según la ocasión.

En todos los casos somos los mismos los que votamos o nos abstenemos. Así que no cabe esperar grandes diferencias en lo que pasa en cada una de las áreas de convivencia de que estamos hablando.

Ninguno de los dos, y ninguno de sus amigos que comparten las lacrimógenas críticas de nuestros protagonistas, caen en la cuenta de que cuando los buenos se abstienen de participar en la cosa pública, el poder acaba en manos del primero que está dispuesto a ejercerlo.

Es posible que yo esté equivocado y que todas estas reflexiones estén al alcance de D. Eduardo y Dª Pura, pero ni ellos ni sus amigos parecen estar dispuestos a hacer algo más que quejarse en tertulia. 

Aviador y Comandante.

Hasta hace muy poco tiempo, Madrid tenía una calle que se llamaba “Comandante Zorita”. La calle sigue existiendo, el homenajeado sigue en el callejero, pero… ¡El mismo individuo ha pasado a llamarse “Aviador Zorita”! Sí, la calle cambió de nombre pero no demasiado. 

Esta vez no se le ha quitado de las placas para dar paso a un poeta muerto en el exilio, al cuñado de un político republicano, o a la estanquera que vendió puros a don Indalecio Prieto.

Reconozco que hasta ahora nunca hice nada por saber quién era Zorita así que me documenté (lo justo ara escribir este post, tampoco quiero alardear de lo que no habría sido cierto)

Demetrio Zorita Alonso, el que antes era conocido como Comandante y ahora como Aviador, fue un estudiante de ingeniería que ingresó voluntario en el Ejército del Aire dentro de las fuerzas que se alzaron en armas en el 36. Piloto militar franquista, para que no quepan dudas. 

Fue protagonista de bastantes hechos de armas durante la Guerra Civil, se integró después en la Escuadrilla que voló en los cielos rusos con la División Azul, y, más tarde, vuelto a España, fue el primer español en romper la barrera del sonido. El 5 de marzo del 54, para ser precisos.

Dos años más tarde, en 1956, perdió la vida a los mandos de su aparato en un accidente en acto de servicio.

Y a su debido tiempo tuvo su calle en Madrid.

Luego, en tiempo presente, alguien sospechó que había sobrados motivos para poner en cuarentena el nombre de la citada calle.

Y eso es lo que no entiendo. No que quien ahora está al cargo de repartir y retirar rótulos callejeros dudara de la procedencia o no de atribuirle una vía pública a alguien con ese historial, sino a que, si superaba el rígido y tal vez dogmático filtro por el que se miden estas sandeces, se respetara el nombre pero no la profesión.

O sea, que Don Demetrio Zorita Alonso puede seguir poniendo nombre a una calle, pero sólo si se le recuerda a la ciudadanía que fue aviador, no comandante.

Que siempre y solo fuera piloto militar es algo que no parece deba ser tenido en cuenta por quienes con tanto celo velan por la democratización de nuestro callejero.

Dicho de otro modo: hay alguien (o “alguienes” que quizás para llegar a tan alambicada decisión final se haya necesitado el trabajo de una comisión) que piensa que una cosa es ser aviador del Ejército del Aire, profesión tolerable, a lo que parece, y otra bien distinta, ostentar el grado de comandante en el mismo Ejército.

Es posible que ande yo un tanto espeso, pero, el episodio me resulta a ratos inexplicable, a ratos cómico y a ratos enervante. Un esperpento irritante, en el mejor de los casos.

Les aseguro que es una de las ocasiones en las que más me está costando no dedicarle algún adjetivo descalificativo al autor de semejante despropósito.

Supongo que los hechos hay que encuadrarlos en el capítulo de la Política. Si es así, alguien debería recordar que en Política hay algo mucho peor que hacer el mal: hacer el ridículo.