Píldoras (III)

Los grotescos efectos de las encuestas

Cuando se tienen delante los resultados de cualquier encuesta, pocos son los que recuerdan, en ese momento, qué es exactamente una encuesta (esté bien o mal hecha, mal o bien interpretada): el reflejo del estado de opinión del colectivo encuestado en un momento dado, sobre las cuestiones planteadas por la encuesta. 

Sólo eso: estado de opinión, no realidad. Es decir  que una cosa es lo que ocurre y otra muy distinta, lo que el ciudadano cree que esta pasando, o lo que va a pasar, o lo que él mismo hará dentro de dos años.

Así que cuando el CIS cambia de Presidente y el Gobierno decide que ejecute sus encuestas y publique sus resultados mensualmente en vez de cada tres meses, ni deberíamos escandalizarnos demasiado, ni dar por supuesto que diga lo que diga el CIS, nunca será creíble porque su Presidente fue, en tiempos, miembro de la Ejecutiva del PSOE.

Por otra parte, después de publicarse los últimos sondeos hemos asistido a inefables declaraciones lindantes con el surrealismo. Otra prueba más de la extraordinaria mediocridad de nuestra clase política.

Se me ocurren varios comentarios, alguna que otra reflexión e impulsos casi incontenibles de reír.

• ¿Cómo es posible que todos los resultados del sondeo sean inverosímiles, salvo aquellos que dejan bien al Partido de quien los comenta? El portavoz, o lo que sea, de Ciudadanos declara impávido que los resultados carecen de valor, excepto el que dice que Ciudadanos está adelantando al PP. Nadie de su Partido le ha recordado que la Ley del embudo, mejor no manejarla en público.
• ¿Quién puede dar por supuesto que las consecuencias del estudio del CIS tengan que ser compartidas por dos Partidos enfrentados? Alguien del PP dice que “si los resultados fueran esos, el PSOE ya habría convocado Elecciones Generales”. Quizás el PP sí, y el PSOE, no.
• ¿Tiene derecho al trabajo el Sr. Tezanos, o visto su pecado original (miembro de la Ejecutiva del PSOE) deberá renunciar por siempre jamás a ejercer cualquier puesto de trabajo sobre el que su Partido tenga la menor capacidad de influencia? 
• ¿Deberá esperar el Sr. Tezanos a que recupere el poder la derecha para que un Gobierno del PP, o del PP/Ciudadanos, o de un tripartito PP/Ciudadanos/Vox, vuelva a acordarse de él y le encomiende alguna tarea digna de su bien probada profesionalidad?
• ¿Cuándo vamos a caer en la cuenta de que digan lo que digan las encuestas ahora, lo que ocurra al día siguiente de las próximas elecciones poco o nada tendrá que ver con los resultados actuales?  

En resumen:

• Como no hay dos encuestas que den resultados iguales, ni siquiera parecidos, no vale la pena enojarse con lo que dicen los estudios que uno no ha encargado.
• Más debería preocuparles a los encolerizados comentaristas el que según el CIS (en manos de Tezanos, recuerden) ningún político, ninguno, llega al aprobado pelón a juicio de los encuestados. ¿Qué creen que mejorará más su imagen, echar pestes de Pedro Sánchez o ponerse a trabajar?
• Llegarán las Elecciones, asistiremos a la consabida guerra de las encuestas y cuando se celebre el escrutinio, volveremos a ver que ninguna acertó. Como de costumbre. 
• ¿Es que no hay nada que hacer más que perder el tiempo en estas bobadas?

Taxistas en pie de guerra

Otra antigualla

De nuevo un gremio se alza en pie de guerra en defensa de sus supuestos derechos históricos poniendo a la sociedad, o tratando de ponerla, en dificultades si el Gobierno no accede a sus pretensiones. Chantaje al Poder Político con los ciudadanos como rehenes.

Ocurre que, de pronto, aparecen algunas organizaciones que aspiran a dar el mismo servicio que quien venía haciéndolo desde tiempo inmemorial, en mejores condiciones de precios y prestaciones. El negocio se resiente y el problema pretende resolverse acudiendo a la defensa de unos supuestos derechos históricos.

No es la primera vez, aunque lleva camino de ser de las últimas, porque la estructura ideológica, organizativa y política que subyace en la protesta es uno de los últimos reductos de un anacronismo histórico inexplicable: la supervivencia de los gremios medievales, anteriores a la mismísima revolución industrial.

Hace pocos meses asistimos indefensos a un desafío parecido: la revuelta de los estibadores en defensa de unos privilegios exorbitantes que incluían, por ejemplo el derecho a heredar el puesto de trabajo, amén del control gremial del mercado de trabajo, el monopolio de la actividad portuaria o el mantenimiento de unas condiciones de trabajo inusitadas. 

La Unión Europea había advertido de que el hecho no era tolerable y estaba ya sancionando al Estado español con cantidades multimillonarias. Hubo que afrontar el reto planteado por las organizaciones gremiales portuarias y reconducir la situación.

Viejas historias

Volvemos a las mismas. El mundo de taxi se ha levantado porque, a su juicio, soporta una competencia desleal por quienes organizan su mismo servicio desde otros parámetros que les restan clientes cada día.

Se oyen medias verdades, dejan de explicarse circunstancias fundamentales para entender qué está pasando y la ciudadanía duda entre ponerse de parte de unos o de otros.

Hay cosas que no deberían haber pasado nunca. Si parte del problema que afronta el taxi es el endeudamiento crónico en el que muchos profesionales se han visto atrapados a la hora de hacerse con una licencia, habrá que decir bien claro que la culpa es de las autoridades municipales que nunca han hecho el menor esfuerzo en evitar el vergonzoso trapicheo con las licencias que, en el fondo, no son sino concesiones administrativas, sujetas a su control.

No hay duda, por otra parte, de que la presencia de competidores con modos nuevos de actuación ha traído ya algunas favorables consecuencias como una mayor limpieza en los taxis y un distinto atuendo en los profesionales que los atienden.

Monopolio y alza de precios son un binomio difícil de romper. Una mayor competencia provoca o debería provocar el resultado contrario: mejores precios y mayor calidad de servicio.

¡El usuario! Éste es el pivote sobre el que debe girar cualquier planteamiento y, por tanto, solución de la controversia. El coche de alquiler, el taxi actual y cualquiera de sus alternativas, nace y se desarrolla, no para para dar empleo a una masa de necesitados, sino para resolver el problema del transporte urbano o interurbano.

El papel de la Administración, en este aspecto debería ser bastante sencillo: establecer unos estándares mínimos obligatorios de calidad, fijar unas condiciones inexcusables de seguridad y asegurarse de que sea quien sea el que preste el servicio cumpla escrupulosamente la legalidad vigente, sea en materia de trabajo (horarios, obligaciones de Seguridad social, salarios) o fiscal. 

Y, por encima de todo ello, garantizar que el ciudadano recibe el servicio que espera. 

Lo que es más que dudoso que vaya a lograrse por esa especie de curiosa variante del “Método Olendorff”: desplazando la solución a esferas de competencia diferentes a las que podrían haber tomado partido por quien es o debería ser el sujeto paciente de sus desvelos: el usuario del servicio.

“Deja que los muertos entierren a sus muertos” (Mt 8:21,22; Lc 9:59,60).

Un problema que viene de muy lejos.

Dentro de tres semanas se cumplirán 43 años de la muerte del General Franco. Murió siendo Jefe del Estado y fue enterrado donde él había decidido: en el monumento que, en su día mandó construir.

Unos dicen que La Basílica del Valle de los Caídos es el símbolo de la victoria del General en la Guerra Civil que él dirigió contra la República que había jurado defender, y otros que se levantó como un monumento a la reconciliación.

De lo que no hay ninguna duda es de que, por una parte, todos, sea cual fuere la interpretación sobre el origen del monumento, lo ven como símbolo de una época; por otra, tampoco hay dudas de que a partir de la muerte del General, España emprendió un camino nuevo, cuyo ejemplo más evidente es la Constitución vigente, incompatible con los principios que presidieron la política de los 40 años anteriores.

Así las cosas más de una vez se ha planteado la cuestión de qué hacer con los restos del Dictador. Desde dejarlo donde está hasta enterrarlo en lugar apartado, ha habido propuestas de todo tipo. El tiempo fue pasando y nada se hizo.

Cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura.

Llega junio de 2018, Pedro Sánchez gana la moción de censura, desbanca a Rajoy y se instala en la Presidencia del Gobierno.

Una de las primeras medidas que anuncia es la exhumación inminente de los restos del General Franco.

• Que yo recuerde, nada se dijo en los primeros momentos sobre dónde irían a parar los restos, aunque doy por descontado que el Presidente del Gobierno no pretendía guardarlos en su despacho. Lo que ocurre, es que lo uno sin lo otro, de dónde sale y dónde va, se entiende mal.
• Apoyándome sólo en mis impresiones personales creo que hay una mayoría social que habría preferido que la medida se hubiera tomado hace tiempo. No sólo porque piense que mantener abierto el mausoleo espectacular de quien se alzó en armas contra el Gobierno legítimo de la nación es un caso sin precedentes, sino también porque de haberse hecho antes, ahora podríamos estar dedicándonos a discutir otra cosa.

No obstante, tengo mis dudas de si antes de anunciar la medida el Gobierno había previsto todas las contingencias subsiguientes y los pasos a dar para evitar más problemas de los imprescindibles.

• ¿Podía el Gobierno tomar por sí y ante sí una medida como ésa? Hay quienes piensan que no y quienes creemos que sí. De hecho, no se olvide este dato, tengo entendido que la Iglesia Católica no pone objeciones a la exhumación.
• ¿Puede el Gobierno decidir qué hace con los restos? Tampoco piensa igual todo el paisanaje. Soy de los que creen que no, que no puede hacer lo que se le antoje: los destinatarios de los  restos son, necesariamente, los familiares del difunto. O sea, problemas a la vista.
• ¿Cree el Gobierno que está en su mano “ordenar” a la familia Franco dónde dar sepultura a los restos? Espero que no lo crea, porque el error sería mayúsculo. Cuestión distinta es si cabe o no una negociación al respecto, y llegado el caso, qué puede ofrecer el Gobierno a la familia, y cuándo y cómo debería haberse llevado a cabo esa negociación.

Resulta ahora, que la familia parece inclinarse por dar sepultura al fundador de la Dinastía en la Catedral de la Almudena. Según la Jerarquía eclesiástica, tiene derecho y si pretende ejercerlo no habría forma de oponerse. Parece que en Roma se le ha dicho a la enviada del Gobierno, que éste, el Gobierno, “tiene un problema”. (Yo creo que sería una bendición que sólo tuviera uno, pero ésa es otra cuestión)

Qué hacer y qué no hacer

No puede darse marcha atrás al tiempo. No cabe decir que si otro Gobierno lo hubiera hecho antes, habría sido más fácil. Es verdad, pero no vale de nada.

Me permito una disgresión teórica: la verdad y la justicia no son términos equivalentes, ni mucho menos. Quiero decir que si pretendemos saldar de una vez por todas nuestras cuentas con la Historia, si pretendemos  cerrar heridas tan viejas que dentro de poco no quedarán supervivientes de cuando se produjeron, es preciso primero sanear la herida hasta que no quede asomo de duda sobre qué pasó, quiénes fueron responsables de una cosa y de su contraria y de qué lugar merece cada uno en nuestra Historia.

Ésta operación no tiene nada que ver con la justicia. La justicia, o sea, la aplicación de la Ley ya ha hecho su labor en tan altísimo porcentaje de casos que dudo de si la proporción no llegará al 100%. Lo que quiero decir es que ya no quedan ilícitos penales pendientes de juicio.

Pero es como en el caso de ETA: la cuestión a resolver no es cuándo salen los reos de delitos ya sentenciados, sino qué debe saber la población vasca y la del resto de España sobre el por qué de la sangría horrenda del terrorismo y cuál fue el papel de cada uno en los cerca de mil asesinatos y en los muchísimos más de persecuciones, ofensas, acosos, denuncias, círculos de vacío. Si esto no se hace, seguirá latiendo bajo la piel social la división que arrasó a dos generaciones

La cuestión, yo al menos la veo así, es que es un error plantear esta operación, de poner aquí o allí el cadáver del Dictador, como ahora se ha hecho. Tal cosa no puede ser emprendida por un Gobierno que no sólo es de izquierdas (se tomaría, como así ha sido, como una revancha) sino que ni siquiera tiene suficiente respaldo “nacional” parlamentario.

Si el Partido Popular y Ciudadanos se creen demócratas, yo no tengo por qué dudarlo, doy por supuesto de que no se sentirán cómodos en su papel de defensores de la memoria de quien fue la negación de la democracia.

Creo, por tanto, que el ejecutor de la exhumación del General, debería ser un Gobierno de la derecha democrática, consensuada la medida con la mayoría o la totalidad del arco parlamentario, sabiendo de antemano qué hacer con los problemas que ahora mismo no parecen tener solución.

Cierto que hacer lo que propongo supondría al actual Gobierno dar marcha atrás. Hay cosas peores. No sería la primera vez que en el corto espacio de tiempo que lleva Sánchez en el Poder ha tenido que desdecirse. Sólo sería enmendar el error de haber anunciado una chapuza oportunista sin saber dónde le llevaba.

Y todo volvería  a demorarse. ¿Y qué? ¿Importa mucho dejar pasar 44 años en vez de 43?