La titubeante marcha de nuestras instituciones  

La vieja teoría de la división de Poderes

Ta vez mis lectores conozcan el libro de Maurice Joly “Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu”. Si es así, disculpen mis primeras digresiones al respecto. En caso contrario, recomiendo su lectura. En cualquier momento, pero en el que estamos viviendo con mayor razón que nunca.

Imaginen la escena: los dos más grandes teóricos del Poder de la Era Moderna, disertan sobre sus respectivos modos de entender la Política (esta vez, desde luego, con mayúscula) en los infiernos. Diálogo imposible en vida, que cuando Montesquieu vino al mundo, hacía más de siglo y medio (162 años, para ser precisos) que Maquiavelo había muerto. 

No me voy a extender demasiado sobre la contraposición de modelos: el cinismo como categoría, el sometimiento al principio de que el fin justifica lo medios, por una parte, y la concepción del gobierno del Estado Moderno desde conceptos mucho más cercanos, es curioso, a la ética tradicional.

Lo que importa, lo que me ha llevado a abrir el post con estos comentarios es que estamos viviendo no sólo en España sino en gran parte de las naciones del Occidente desarrollado una paradoja siniestra. En teoría, las democracias occidentales se dicen feudatarias de las equilibradas teorías de Montesquieu. Todas, todas, blasonan de aplicar a rajatabla el principio de la división de poderes.

El Poder Legislativo, elegido por el pueblo por sufragio universal, legisla, dicta las normas por las que la Sociedad ha de regirse; el Poder Ejecutivo, emanado por uno u otro conducto también de la voluntad popular, gobierna, sometido al imperio de las Leyes elaboradas por el Legislativo; el Poder Judicial al que se accede por variados caminos, dentro todos ellos de rígidos esquemas normativos, aplica les Leyes y resuelve las controversias públicas o privadas que puedan surgir.

Los tres Poderes son independientes y se contrapesan y equilibran, de manera que el conjunto forme un todo armónico en el que proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y conseguir su bienestar sean el objetivo común de los tres.

¿Ya lo han leído? ¿Sí? Pues miren ahora a su alrededor y díganse a sí mismos cuándo oyeron hablar por última vez del cumplimiento de tan fantástico modelo en este país nuestro. Podrían hacerse la misma pregunta respecto a una docena más de orgullosas naciones “de nuestro entorno”, pero ya saben: “mal de muchos, consuelo de tontos”.

Lo que estamos viendo, viviendo y sufriendo es una perversión acelerada de lo que se dice respetar. 

El Ejecutivo sigue emanando del voto popular, cierto, aunque luego se le hurte al pueblo cualquier posibilidad real de control. 

En realidad, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, para entendernos, es la criatura nacida de los cabildeos de los "Sanadrines" de los Partidos que hace tiempo dejaron de interesarse por la búsqueda del Bien Común. Persiguen conseguir y mantener el Poder, por cualquier medio a su alcance.

Este Poder, trata de dominar a los otros dos con poco o ningún disimulo. Controla el Legislativo a partir de de la llamada disciplina de voto, lo que equivale a decir que el  Diputado o Senador elegido por el pueblo, no representa al ciudadano que le votó sino al Partido que lo presentó como candidato y pagó los costes de su campaña.

El mismo Poder, y de eso hablaré más tarde, busca, a veces sin pudor alguno, controlar a los Tribunales porque sabe que es la última trinchera, el último baluarte contra el que puede estrellarse en su afán de dominar la vida pública. 

Las idas y venidas del Sr. Iglesias: del caño al coro y del coro al caño

Permítanme que baje un par de peldaños el discurso y me centre en asuntos concretos.

He oído y leído comentarios escandalizados a propósito de los zascandileos de Pablo Iglesias de La Moncloa a la cárcel, de los presidios a La Moncloa, negociando, hablando, intentando pactar con quienes esperan conocer su destino cuando nuestra lentísima Justicia tenga a bien sentarlos en el banquillo de los acusados.

No es eso, el trajín de intermediario del líder de Podemos, lo que debería escandalizarnos. Hablar, hasta con el diablo si preciso fuera, es la materia prima, una de las materias primas, imprescindibles en Política.

También es reciente, aunque menos, el pasmo que produjo el que un Partido como el PSOE, un Partido constitucionalista que apoyó sin reservas la aplicación del Art. 155,  aceptara los votos de los mismos Partidos que provocaron el 155, para desalojar al PP de la Moncloa y llegar al Poder.

Tampoco eso me escandaliza, aunque lo que acabo de decir sorprenda a algunos de mis lectores.

El objetivo de la moción, como digo, era sacar de la Moncloa al Sr. Rajoy y eso era algo en lo que coincidían muchos grupos. La moción de censura tiene sus reglas, las que figuran en las Leyes, no las que les gustaría a los que un día tienen que sufrirlas. Todos los Diputados tienen derecho al voto y tonto sería quien despreciara los que caen de su lado, por lejos que estén de sus planteamientos.

Lo que sí resulta escandaloso, al menos a mí me lo parece, es que conseguido el que se suponía que era el objetivo de la moción, desalojar al PP del Gobierno, no se tengan en cuenta las consecuencias esperables de haber recibido los apoyos citados. Para nada más podrían valer, salvo que se dé un giro de 180 grados al propio planteamiento.

Es decir, a partir de su toma de posesión, el nuevo Presidente tenía que saber (lo sabía, por supuesto) que mantener los apoyos parlamentarios iba a tener costes políticos inasumibles, luego lo único decente que cabía hacer era convocar al Pueblo y pedirle su voto, si tan claro estaba que el Partido Popular habría de quedar relegado.

Lo que sigue resultando escandaloso, volviendo a D. Pablo y sus trabajos de correveidile, no es que se prestara a ello, sino que ni él, ni su mandante (si es que el mandante no era él) dejen en la más negra oscuridad a qué iba a las cárceles, cuáles eran sus encomiendas, hasta dónde llegaba su mandato y qué resultados había obtenido de los contactos. O por qué no se había podido obtener nada positivo de tanto trajín, si es que ése había sido el caso.

El uso y el abuso del atajo legislativo

Cuando el Partido al que pertenece el Presidente del Gobierno cuenta con tan exigua cuota de Diputados como el actual, sólo el pacto constante permite avanzar a tientas, dos pasos adelante, uno atrás, sin que pueda soñarse con desarrollar el programa que les llevó al Poder.

Con mayor motivo si la mayoría parlamentaria que le dio al PSOE los votos necesarios para ganar la moción de censura estuvo basada más en el factor negativo (desbancar al PP) que en el positivo (afrontar juntos un programa mínimo común).

El actual Gobierno parece haber descubierto el Mediterráneo cuando habla de gobernar por Decreto-Ley. Es cierto que la figura existe en España y en la práctica totalidad de los países occidentales. Consiste en dictar normas que por su naturaleza están reservadas al Poder Legislativo (lo que se conoce como “reserva de Ley”), por actos emanados del Gobierno: los comentados Decretos Leyes.

Sin embargo, también la absoluta generalidad de países que admiten el atajo del Decreto Ley, España incluida, reservan su uso para casos excepcionales, circunstancias de necesidad y urgencia, y obligan a que el Gobierno consiga el apoyo posterior del Parlamento que debe convalidar esas normas reservadas, en principio, a su competencia.

Anunciar, por tanto, que la intención del Gobierno, si llega el probable caso de que sus Presupuestos no logren el apoyo suficiente, es prorrogar los del Gobierno que descabalgó con la moción de censura y modificarlos después tantas cuantas veces sean necesarias, equivale a declarar públicamente la intención de hacer trampas.

O se está admitiendo que sólo se pretende ganar tiempo, aunque no se sepa para qué, o, lo que me parece mucho más preocupante, se está dando la señal inequívoca que el principio de la separación de poderes es algo que ha quedado en el desván de los trastos inútiles.

No es lo más sano, pero cabe entender que en un caso excepcional un Gobierno pueda prorrogar los Presupuestos que ese mismo Gabinete elaboró en el ejercicio anterior, pero ¿gobernar con los que proceden del denostado rival al que derrotó en la moción de censura?

En resumen: al menos en el punto de las relaciones Ejecutivo/Legislativo, si el actual Gobierno sigue adelante con su idea varias veces expuesta, está haciendo un flaco servicio al fundamento de la democracia parlamentaria.

El espectáculo de nuestros parlamentarios

Aunque no sea razón para menospreciar al Parlamento, el comportamiento cada vez más frecuente de un nutrido grupo de Diputados es tan deplorable que sería recomendable no airear en nuestras pantallas de televisión durante el horario infantil lo que sucede en el hemiciclo.

Cierto, también, que no somos el único Parlamento en el que sus Señorías se comportan más como truhanes tabernarios que como representantes de la soberanía nacional. El insulto sustituyendo al argumento, la mentira como herramienta de trabajo, el acusar al contrario de lo que uno hace, la banalización de expresiones que llegan a perder su significado, la bronca, el filibusterismo parlamentario, están en el quehacer habitual de un buen puñado de Diputados.

Unos, quizás porque es lo único que saben hacer, porque buscan y consiguen que la aplicación del Reglamento los expulse del salón de sesiones, para poder clamar después por la falta de libertades. Otros porque olvidan lo que los colegas de su Partido hacían hace sólo cinco meses. Los de más allá porque no quieren quedarse atrás en zaherir al payaso de las bofetadas. 

Caigo en la cuenta de que ¡oh sorpresa! en las últimas semanas ni siquiera el protagonismo lo asume el clan de los Profesores, ellos, que tan dados eran al histrionismo. Releo la prensa y observo perplejo que durante muchos días seguidos hasta se ha dejado de hablar de un tal Puigdemont. Todo lo tapa, lo esconde ahora el fragor de lo que ocurre en el Parlamento.

Oigo a varios tertulianos decir que peor es lo que pasa en el Parlamento británico, que ahí sí que hay jarana. Y no, no estoy de acuerdo: los británicos tienen sus normas y las acatan a rajatabla. A ningún parlamentario del Reino Unido se le ocurriría saltarse ciertas reglas, el tiempo de exposición, el obedecer al instante cualquier indicación del speaker, el pasar del comentario hiriente, sarcástico, ingenioso, al insulto chabacano. Nadie, nunca, bajo ningún concepto, llamaría allí “fascista” o “golpista” a un colega, entre otras cosas, porque recuerdan muy bien lo que fue el fascismo y qué pasó cuando en su tierra hubo un Golpe de Estado de verdad.

Así que no sé cómo habría que hacerlo, pero creo que un puñado de nuestros sedicentes representantes, están pidiendo a gritos unos cursos de buena educación y de cortesía parlamentaria, porque están dejando la Institución a la que pertenecen como un manicomio. Están siendo, ellos también, los causantes directos del descrédito de la clase política entre los españoles.

Y por si no fuera suficiente, la quincena siniestra del Poder Judicial.

Sólo un breve comentario sobre el desafortunado desarrollo del asunto del Impuesto Sobre Actos Jurídicos Documentados.

Tecnicismos y argumentos en uno y otro sentido aparte, creo que el caso es, en origen, nada más un lamentable error de comportamiento del Tribunal en su conjunto y de su Presidente en particular. 

Tal como yo lo veo, si se tomó una decisión (¡del Tribunal Supremo, no del juzgado de Paz de cualquier aldea!), se aplica y a otra cosa.

Sólo habría hecho falta aclarar si se establecía retroactividad y en su caso hasta dónde habría de llegar, a la hora de exigir que fueran los Bancos el sujeto obligado al pago del pintoresco impuesto. ¿O alguien duda de que la Banca española se las habría arreglado para repercutir los costes en el precio de la hipoteca o en el montante de la comisión a pagar por pasar por delante de una Sucursal, si al caso viniera?

Pero no: primero, donde dije digo, digo Diego, con lo cual cuatro de cada cinco contribuyentes pensaron que todos somos iguales ante la Ley, pero unos más que otros. Oí en algún noticiario que cierto político irresponsable acusaba a la mitad menos unos de los Magistrados de la Sala 3ª de estar vendidos a la Banca. Una barbaridad, desde luego, rematada por la petición pública de disculpas por el mismísimo Presidente del alto Tribunal. Inaudito.

Para cerrar el círculo, faltaba el sentido oportunista (que no el don de la oportunidad) del Jefe del Ejecutivo: Pedro Sánchez fue incapaz de resistir la tentación de ganar unas décimas de popularidad. Si él cambiaba las reglas de juego y volvía a cargarle a la Banca el engorro de pagar el dichoso Impuesto de Actos Jurídicos no Documentados, algunos miles de ciudadanos igual creían que estaba poniendo a los Bancos en su sitio.

Sólo que… Sólo que el prestigio del Poder Judicial quedaba en entredicho: ya podía decir el Supremo lo que quisiera que el Presidente del Gobierno sabía cómo poner las cosas en su sitio al siguiente Consejo de Ministros. 

Una chapuza que casi nadie agradeció porque se daba por supuesto que, como siempre, “de enero a enero el dinero es del banquero” y seguirían siendo los peticionarios de créditos los paganos de la broma de una forma o de otra.

Aún faltaba la traca final. Concluido el mandato del Consejo General del Poder Judicial, PP y PSOE cabildean, chalanean y terminan por acordar por debajo de la mesa, a espaldas de la ciudadanía, sin contar con nadie más que con ellos y por ellos, cuántos Vocales y de qué tendencia han de formar el nuevo Consejo.

Extraño en los tiempos que corren, pero socialistas y populares se ponen de acuerdo. Mayoría progresista y Presidencia conservadora. Apenas sellado el compadreo, el chanchullo salta por los aires. Por descontado, como siempre, la culpa es del otro. ¿De quién? Del otro ¿o cabe otra posibilidad?

Dicen que desde las cocinas de la Moncloa se filtró el acuerdo a destiempo. Dicen, aunque no esté claro qué ganaba el PSOE yéndose de a lengua antes de tiempo. Extraño, pero posible, que tampoco el actual Gobierno es una máquina de acertar.

Cuentan que un prohombre del PP, cierto Senador que, murmuran, hace unos meses compraba ladrones con dinero público para hacerse con papeles robados, difunde en una red privada comentarios increíbles sobre la operación de control del Consejo del Poder Judicial. 

La red era, comentan, privada, pero tenía en lista de destinatarios más de dos centenares largos de Senadores. O sea, que era privada, pero menos. Y en esa red privada, el sagaz redactor del whatsapp se jactaba de haber cerrado un acuerdo a partir del cual, el Partido tenía controlados a los Jueces. ¿Será posible? 

Lo malo, amigos, no es que alguien largue antes de tiempo que ya hay fumata blanca. Lo malo tampoco es que un Senador nos salga lenguaraz. 

Lo lamentable, lo lindante con lo intolerable es que el acuerdo se trabajara a ciencia y conciencia, a órdenes, de las cúpulas de los dos primeros Partidos Políticos de España y que, se mire por donde se mire, todo el asqueroso asunto deja en evidencia que ni los unos ni los otros tienen el menor deseo, la menor intención, de respetar el baqueteado principio de la División de Poderes. 

Antes al contrario, hacen todo lo posible por intentar controlar el Legislativo y el Judicial. Y así nos luce el pelo.

Sólo un tímido resplandor al final del túnel. Un Juez, el Sr. Marchena, les ha dado a unos y a otros una lección de dignidad. Él es Magistrado del Tribunal Supremo y prefiere seguir dedicando su tiempo a elaborar Sentencias que a dejarse manejar por una tropa de politiquillos logreros. Aunque pierda la Presidencia de lo que sea. Bien por él.