Les elegimos para que nos representen

 y se ponen de acuerdo para espiarnos.

Cuando la mentira es la norma.

Es posible que la verdad haya estado históricamente sobrevalorada. Es posible que la eficacia sea un valor superior a la decencia. Es posible que desde hace milenios el ciudadano, o sus predecesores los súbditos no hayan sido más que la materia prima indispensable para que las élites gobernantes hayan disfrutado del poder sin demasiados agobios.

También es posible que desde el comienzo de la Historia el devenir de la Humanidad no haya sido sino la guerra a muerte entre El Bien y El Mal.

De lo que no cabe duda alguna es que de un tiempo a esta parte, la desvergüenza ha tomado carta de naturaleza entre nosotros (nosotros: los ciudadanos que poblamos ahora el mundo; no sólo España) y ya nadie se cree en la obligación, siquiera, de guardar las formas y ocultar sus intenciones.

Se miente ante el mundo, y cuando alguien desenmascara al embaucador, éste no sólo no se retracta sino que llama mentiroso al que lo descubrió o se limita a admitir que lo que él ha dicho es, nada más, “una verdad alternativa”.

En este escenario, manipular a las masas, intoxicarlas con falsas verdades (lo que antes se llamaban mentiras y ahora se disfrazan con anglicismos) forma parte del día a día.

Órganos especializados ocupan su tiempo y los dineros que un día fueron nuestros en enardecer a la ciudadanía, encenderla, soliviantarla y disponerla en orden de batalla para defender intereses que alguien les dijo que eran los suyos.

Esa manipulación sin escrúpulos goza ahora de unos vehículos nunca soñados: las redes sociales. Llegan a todas partes, permiten, en la práctica, una impunidad que roza lo absoluto y su manejo es barato bastante asequible. 

En el universo de las redes se mueven reacciones instintivas, elementales, lejos del sosiego del raciocinio. Es un mundo en el que las malas noticias, sean verdaderas o falsas se difunden a la velocidad de la luz, porque el morbo llega más rápido y más lejos que el razonamiento.

En ese espacio indefinido, hay ya una legión de agentes especializados en examinarnos a cada uno de nosotros. Se sabe dónde estamos, a dónde vamos, con quiénes nos relacionamos, qué nos gusta, qué nos disgusta, qué compramos y qué querríamos comprar, dónde nos gustaría ir de vacaciones, qué leemos, qué escribimos, que ideologías nos son próximas y de cuáles abominamos.

Todo lo que se sabe o puede saberse de nosotros, puede sistematizarse, anotarse, guardarse, comprarse, venderse, utilizarse no en nuestros provecho sino en el de quienes aspiran a hacer de nosotros simples monigotes que hagamos, deshagamos, compremos, vendamos lo que alguien quiere.

El paso que estamos a punto de dar, el que quiero comentar hoy, es el que  intenta que votemos por quienes otros decidan que lo hagamos. 

Repito: quieren que nosotros votemos lo que otros quieran. Y están dispuestos a conseguirlo, esta vez sí, también en España.

¿Quiénes? La totalidad de Partidos Políticos españoles con representación parlamentaria

La increíble reforma de Ley Orgánica de Protección  de Datos.

La LOPD nació como muro protector de la intimidad del ciudadano. Se trataba de conseguir que nadie invadiera mi intimidad, y su contrario: que nadie supiera de mí más que lo que yo estuviera dispuesto a admitir.

Arrancó con bastante ímpetu y la Agencia Estatal creada al efecto se movió deprisa y con  contundencia, sancionando a quienes no siguieran sus precisas normas. La Ley y la Agencia eran una garantía de defensa de nuestra privacidad.

Hasta ahora.

La citada Ley está en vías de ser reformada de manera que los Partidos Políticos, los nuestros, los españoles, no los de Tanzania o Polonia, puedan entrar a saco en nuestras comunicaciones para darnos a conocer sus propuestas electorales, sólo eso, en función de nuestras personalísimas características.

Lean, lean el redactado del Art. 58 bis, punto segundo: “Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral”.

Hay más, desde luego, pero si el proyecto de Ley, que se encuentra ahora en el Senado, resultara aprobado en el Parlamento, resultaría que los Partidos, esos que se supone que buscan nuestro bien y el de nuestro país, podrán utilizar los medios tecnológicos necesarios para captar y manejar datos personales obtenidos, como dije, en páginas web y redes sociales.

Lo insólito, dentro de lo increíble que resulta la modificación de la LOPD, es que los Partidos serán los únicos entes autorizados a utilizar estas prerrogativas exorbitantes porque cualquiera otro que lo intentara, Policía incluida, estaría fuera de la Ley.

Las inadmisibles consecuencias

Hay quien habla de lo cansino, lo aburrido, lo pesado que podrá llegar a ser abrir el teléfono y encontrarse catorce WhatsApps con la propaganda electoral de los cuatro o cinco Partidos que hayan tenido la oportunidad, el dinero y la organización suficiente para desarrollar el Art. 58 en su nueva versión.

En mi opinión, ése sería el menor de nuestros problemas. A partir de las informaciones que la Ley va a permitir a los Partidos conseguir de cada uno de nosotros, será un juego de niños elaborar nuestro perfil como comprador de lo que sea, en este caso, de ideologías políticas, o, si se prefiere, nuestro perfil de votante, que es de lo que se trata.

Estamos en la época de las posverdades, de las mentiras, de las verdades alternativas. Lo que usted y yo y el señor aquél de la esquina vamos a recibir en nuestro teléfono, en la pantalla de nuestro ordenador, van a ser mensajes incendiarios que tratarán de destruir la honra y la fama del contrario, que nos alertarán contra los riesgos de tal o cual práctica que no coincida con el ideario o con el programa del Partido que nos lo manda.

Leeremos barbaridades. El adversario siempre será el demonio. Según quien escriba, los inmigrantes son violadores y criminales, intoxicadores, herejes de la peor especie. Todos los banqueros son atracadores. Y el contrario será también un émulo de Hitler o de Stalin, o de los dos al mismo tiempo, dependiendo de quién nos escriba. 

Y muchos de nosotros, espero que ni usted ni yo, caeremos en la trampa, nos infectaremos y haremos circular la infamia que nos ha llegado de fuente anónima. Luego votaremos creyendo que somos libres, que alguna vez lo fuimos.

Porque, querido lector, admitido el principio, de poco han de valer las medidas aparentemente garantistas que se quieren introducir en la Ley para evitar desmanes. No serán, desde luego, los Partidos los firmantes de los mensjes, sino mercenarios expertos quienes se ocupen de la labor.

Quiénes pretenden semejante atropello y qué puede hacerse

Todos los Partidos. En esto ha habido unanimidad. Unos han propuesto, otros han apoyado y otros han callado. Nadie, nadie, nadie se ha opuesto. Todos están interesados en cazar en ese coto sin riesgo de ilegalidad.

No soy Catedrático de Derecho Constitucional, pero tengo para mí que ese increíble cheque en blanco que se les regala a los Partidos es inconstitucional. Al menos, si miro a mi alrededor, puedo ver que ya ha habido otros países con lo que nos gusta compararnos que no toleran semejantes actividades.

Italia, un país que en los momentos presentes dista de ser un ejemplo en otros aspectos, prohibió desde la primavera de 2014 la utilización con fines políticos de datos personales que figuren en internet.

Francia en 2016 exige el consentimiento previo y explícito para autorizar la lícita utilización de los datos personales de los votantes.

Al año siguiente el Reino Unido optó por una fórmula similar, imponiendo a las formaciones políticas la obligación de informar al ciudadano personal y directamente sobre los datos con que cuenta de él y sobre el destino que proyecta darles.

Sobre estas bases, con estos ejemplos fuera de nuestras fronteras, y con los mecanismos disponibles ¿qué podemos hacer?

Usted y yo, poco, amigo lector, salvo ir tomando conciencia de lo que se nos viene encima y estar dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que trate de evitar semejante atentado a nuestra intimidad.

Creo que sería una buena ocasión para utilizar el recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Defensor del Pueblo. A algunos puede habérseles olvidado, pero el Defensor del Pueblo dicen que sigue existiendo y, al menos sobre el papel, está ahí para hacer lo que su nombre indica: defendernos. 

Incluso de las agresiones de quienes hemos elegido para representarnos, si necesario fuera. Pocas ocasiones como ésta para demostrar que el coste de la institución está más que justificado.

Hay otra vía. Difícil de transitar a título individual, pero seguramente más eficaz que ninguna otra: Europa. Lo que nuestros Partidos pretenden va frontalmente en contra del pensamiento y de la normativa europea y es más que posible que en unos tiempos en los que los peligros vienen de tantos campos, las instituciones comunitarias no dejen pasar tan bestial ataque a la dignidad del ciudadano, a su seguridad, a su intimidad.

Confiemos, y, antes, si es posible, seamos conscientes del riesgo que nos acecha.