Una sentencia para cavilar, que llega a destiempo

El Tribunal Constitucional

Los órganos encargados de garantizar que los poderes del Estado respetan las fronteras constitucionales, no aparecen hasta bien entrado el siglo XX. España, por razones obvias, no contó con el suyo hasta las postrimerías de la misma centuria.

Estos Tribunales resuelven las controversias que le son planteadas aplicando criterios y categorías jurídicas y no según parámetros de oportunidad política

El Tribunal Constitucional español, situado por encima de los tres poderes básicos del Estado, con facultades para controlar también a la judicatura, se llama "Tribunal", pero no está integrado en el Poder Judicial. Sus componentes ejercen sus funciones durante un mandato temporal y son elegidos por el Parlamento, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de la Nación.

Ignoro cómo es valorado en otros países; en España suele achacársele con harta frecuencia que se dedica a hacer política. Olvidamos o hacemos que no sabemos que el Constitucional es, necesariamente, un órgano político, porque su función no es aplicar las Leyes, sino interpretar la Constitución, muchos de cuyos preceptos son a menudo demasiado genéricos.

Los Magistrados no son extraterrestres, ni seres celestiales, ni demoníacos: son, puedo asegurarlo porque he conocido a varios, seres humanos. Y por tanto son, ya lo dijo Aristóteles, animales políticos, de manera que cuando interpretan la Constitución, lo hacen desde su modo de ver el mundo, con sus ideas sobre la forma de relacionarse los ciudadanos entre sí y estos con la legalidad vigente; se mueven, en definitiva, con su ideología a la espalda.

• Un ejemplo: el Art. 15 de nuestra Constitución declara que "todos tienen derecho a la vida". Decidir si un feto de seis semanas es "vida" y si además está incluido en el "todos" es imposible decidirlo sólo por criterios científicos o jurídicos: ahí es donde entra en juego la ideología.
• No obstante, no debemos confundir la ideología con la disciplina partidaria, ni lo subjetivo con lo arbitrario. Si el Magistrado del TC cuenta con un respaldo acreditado de conocimientos jurídicos y está dispuesto a actuar de acuerdo con lo que su ciencia le indica, no debemos pedirle más. Lo contrario sería seleccionar para ese Tribunal a ciudadanos políticamente asexuados, algo así como una nueva categoría de ángeles del cielo del derecho.

Toquemos tierra ¿de qué quiero hablar?

Como mis sagaces lectores habrán supuesto, trato de llegar a la reciente sentencia del TC en la que se resolvía el Recurso planteado por Vox contra el Decreto-Ley de 17 de marzo de 2020, que estableció el estado de alarma. Recordemos que el D.L. se publicó hace ya  casi año y medio.

Después de arduos, sesudos e interminables debates, el altoTribunal, por seis votos contra cinco, ha declarado inconstitucionales los apartados 1, 3 y 5 del Art. 7 del citado Decreto Ley y ha desestimado el resto del recurso. Ha declarado, pues, no conforme con la Constitución el confinamiento domiciliario que en su día se juzgó imprescindible para parar la embestida de la pandemia. 

Nada más (y nada menos). Antes de seguir, conviene recordar algunas circunstancias a propósito del fallo:

• Demasiado ruido por la exigua diferencia entre síes y noes. Cuando el Tribunal es colegiado, la mayoría vincula al total del colegio, no importa cuál haya sido el reparto de votos. Un sentencia no es más justa, ni siquiera más acertada, ni desde luego más vinculante porque se haya suscrito por unanimidad que la aprobada por una ajustada mayoría de seis vocales frente a cinco.
• Por otra parte, en este caso no tiene sentido hablar de dos bloque ideológicos : ni todos los que han declarado inconstitucional el Decreto Ley son conservadores, ni todos los progresistas votaron lo contrario. Este dato es muy positivo a la hora de valorar la conducta del Tribunal.
• El recurso lo suscribió Vox; el mismo grupo parlamentario que avaló con sus votos el primer confinamiento. Para pasmo de más de un atento observador, luego se sumaron a las reclamaciones de inconstitucionalidad, actores parlamentarios tan amantes de nuestra Carta Magna como la CUP. Guste o no, unos y otros estaban en su derecho; como años atrás dijo un tal Laureano López Rodó, "la Política hace extraños compañeros de cama".

El destiempo y otros efectos

Cuesta trabajo creer que las discusiones sobre la constitucionalidad del estado de alarma no pudieran haber terminado tiempo atrás. Incluso antes de que terminara el plazo del propio estado de alarma. 

Llega el remedio cuando para casi nada positivo ha de servir. Hay quien dice que desactivará las sanciones impuestas por las vulneraciones del confinamiento; me pregunto qué sanciones, si, según fuentes oficiales, el 90 % no llegaron ni a notificarse. Así que como suele decirse "para este viaje no se necesitaban tales alforjas", o, mejor, "a buenas horas mangas verdes"..

Otros opinan que los fundamentos de la sentencia deberían orientar el quehacer legislativo del inmediato futuro para saber a qué atenerse en la próxima pandemia. No lo descarto, pero recuerdo a los desmemoriados que la anterior la sufrimos hace un siglo, o sea que no parece una tarea demasiado urgente, esperemos.

Para lo que sí va a valer es para dos efectos, ambos indeseables:

• Mermará el prestigio de los Tribunales en el sentir popular. No importa cuál sea la incardinación orgánica del Constitucional, para la ciudadanía es otro Tribunal, quizás el más distinguido, el más importante, y, por ende, el que más obligado está a dar buen ejemplo. Entre la perplejidad por lo tarde que llega el fallo y las soflamas que habrán de oír, aumentará el número de quienes creen que nuestra Justicia es manifiestamente mejorable.
• Atizará la polémica entre los Partidos que tratarán de utilizar el contenido de la Sentencia como un arma de combate político, no importa lo pintoresco que sea el argumentario que se utilice. Tal como va la temporada, poco necesita nuestra clase política para enzarzarse en la enésima pelea tabernaria. De hecho, como era de esperar, les ha faltado tiempo para ponerse a disparatar.  Eso sí, hay que ser ecuánimes: los despropósitos se han repartido de forma bastante equitativa entre los que creen que han obtenido la victoria del siglo y los que se resisten a admitir que algo han perdido. 

Las inoportunas lamentaciones del Gobierno

Veamos:

• Dice Margarita Robles que cuando uno está en el Constitucional tiene que tener sentido de Estado, saber cuál es la realidad social y actuar en consecuencia. Dice recordar que en abril del año pasado el propio Tribunal emitió un auto en el que hablaba de que el confinamiento era la única medida adecuada al momento. Argumento sorprendente en alguien que procede de la Magistratura.
• Ione Belarra, sucesora del ocurrente profesor Iglesias, asegura que "los jueces hacen oposición al Gobierno" (Los Jueces, no especificando si engloba a los de Primera Instancia, a la Audiencia Nacional, al Contencioso Administrativo de la Audiencia Murciana, o sólo al TC). ¿Por qué me viene a la memoria el empeño de su predecesor en reciclar a los jueces españoles hasta hacerlos sensibles a la sociedad que les rodeaba? ¿Por qué tengo que recordar ahora la "reeducación" de la revolución cultural maoísta?
• La actual Portavoz del Gobierno se preguntaba qué habrían hecho los Magistrados del TC en la primavera del 2020 si hubiera sido ellos los obligados a actuar. Pregunta retórica sin más contestación presunta que "lo que hizo el Gobierno, por descontado".
• Otra voz autorizada reclamaba la urgente necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, lo que siendo una evidencia me suena a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid… porque nada tiene que ver el bochornoso retraso en resolver el bloqueo del Consejo con el contenido de una sentencia que emana de un órgano tan diferente como es el TC.

En resumen, este Gobierno y sus voceros enmascarados en unas cuantas cuentas activas en redes sociales, y en algún que otro programa de la televisión pública, debe tener claro que el respeto a la independencia judicial se demuestra, sobre todo, cuando uno se enfrenta a una sentencia que le quita la razón, aunque solo sea en parte. Lo contrario es un ataque temerario al sacrosanto principio de la división de poderes; especialmente grave cuando llega del Gobierno.

Cuando la desmesura lleva al ridículo

Desde la acera de enfrente, Vox, Abascal de por medio y otros eximios parlamentarios, entre ellos el poco comedido don Jorge Buxadé, se ha tirado en tromba considerando que el fallo del Tribunal es el comienzo de la Segunda Reconquista.

Ellos sabrán, que títulos académicos no les faltan, pero deberían recordar que el Decreto Ley que recurrieron era la continuación del que avalaron con sus votos. ¿No perciben contradicción alguna entre los argumentos que exhibieron para rechazar el que impugnaron y los que utilizaron para apoyar el primero?

Más me llama la atención, no obstante, que si sus razonamientos iban en la línea de limitar las extraordinarias facultades que otorgaba al Gobierno el estado de alarma, (hablaban, curioso oxímoron, de "Dictadura constitucional") no caigan en la cuenta de que la alternativa habría sido la declaración del estado de excepción, durante el cual las facultades del Gobierno se multiplican. 

Y en cuanto a las declaraciones… Don Abascal ha dicho que estamos en presencia "de la mayor vulneración de los derechos humanos de nuestra historia"

• Dudé, volví a oírlo y me tranquilicé: hablaba de nuestra Historia, no de la Historia de la humanidad, así que el cautiverio judío en Egipto, las matanzas de Gengis Kan, el genocidio armenio, la noche de San Bartolomé, el exterminio sistemático de los nativos norteamericanos, la tiranía nazi, la siniestra historia del archipiélago gulag, la revolución cultural china, no entraban en la comparación. 
• Nos quedaban sólo cuatro bagatelas españolas, la expulsión de los judíos y la de los moriscos, los procesos de la inquisición, y sobre todo, el exquisito respeto del General Franco y sus secuaces por las libertades de expresión, de manifestación o de asociación; la prohibición de partidos y sindicatos, la consideración de la huelga como delito de sedición, el enjuiciamiento y condena de ciudadanos por hechos cometidos antes de que las leyes los declararon prohibidos, la creación de jurisdicciones especiales, de policías políticas, los frecuentes estados de excepción, y algunas otras minucias que harían demasiado prolija la relación. 
• ¿Qué son esas pequeñeces comparadas con el estado de alarma decretado por el Gobierno socialcomunista, castrista y bolivariano, Gobierno ilegítimo de okupas que nos tortura y nos encierra en nuestras casas por una gripecinha de nada?

¿Corolario? 

El que cabía esperar: la moción de censura de Abascal es la más justificada de las que se hayan presentado en democracia y, por tanto, deben convocarse elecciones generales. ¿Ven la lógica de la secuencia? ¿No? ¡Vaya!

Por consiguiente…

• Cuando uno juega y pierde, no es de recibo echar la culpa a las reglas del juego, que es lo que ha hecho una parte del Gobierno, y de sus palmeros. Mejor haría en reconocer la legitimidad del mismo Tribunal al que tantas veces han acudido y tantas con resultados a su favor ¿O no ha apelado nunca este Gobierno al TC?
• Cuando uno juega y gana, más le valdría felicitarse por el éxito, pero por el que ha tenido, no por el que dice que ha cosechado; y menos si para celebrar el triunfo se mete uno en charcos de los que lo único que puede sacar es el aplauso de los incondicionales que lo habrían hecho tanto en un caso como en su contrario.