No juzguéis y no seréis juzgados

Quiero un título diferente

Hace muchos, muchos años, septiembre del 59, pisé por primera vez la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Hoy, tras vivir de la práctica de una de las ramas del Derecho hasta mi bien ganada jubilación, entre los incontables cambios habidos en la legislación vigente y los mucho más profundos cambios sociales, no pasa un día sin oír o ver noticias relacionadas con el que un día fue mi mundo, el del Derecho, y verificar que no entiendo los cómos ni los porqués de buen parte de las decisiones judiciales. 

Por todo lo cual me apremia la necesidad de obtener un título poco común: el de ex Licenciado en Derecho. 

Sería la vía para decirme a mí mismo, que mi extrañeza está justificada por la pérdida de conocimientos, o sea, por mi supina ignorancia. Prefiero esa alternativa a suponer, siquiera, que los Tribunales españoles de ahora ya no son merecedores del respeto reverencial, trufado con su pizca de temor, que antaño me inspiraban.

Unos sentimientos basados en los presupuestos que se daban por ciertos en quienes hacen de impartir justicia una profesión, a saber, probidad, conocimientos, imparcialidad e independencia, de tal forma que cuando llega a tus oídos lo que ha sentenciado el Juzgado de Aranjuez, la Audiencia Provincial de Almería o el Tribunal Supremo no sólo no te asombra, sino que encuentras atinado y conforme con tu modo de ver el mundo, lo que los juzgadores han decidido.

No obstante, recuerdo también que alguien, durante mi carrera, explicaba que a la hora de enfrentarse a una sentencia, hay que tener claro, que una cosa es lo que en verdad pasó (algo que puede buscarse pero que rara vez se encuentra); otra, más asequible, lo que puede probarse a lo largo del proceso, que será la base, el fundamento de lo que viene más tarde; una tercera, la opinión final del Tribunal, o sea lo que refleja la Sentencia, y una última, que es lo que se comunica por los medios, lo que llega a la ciudadanía. Diferencias que abundan en la sensación de estupor, en la cara de marrmolillo que se me está quedado de un tiempo a esta parte, con alarmante frecuencia, cuando me llegan noticias del final de un caso sonado.

Algunos ejemplos

• El Fiscal General del Estado fue condenado por revelación de secreto. Sin embargo, las declaraciones de algunos de los testigos que vi y oí, dejaban en evidencia que la fuente de la información, quien reveló el secreto, no había sido el acusado, sino otras fuentes, ni siquiera otra, que el deber de secreto profesional impedía citar. No entendí la Sentencia, ni la comprendieron la mayoría de interlocutores con los que comenté el tema. Aclaro: no he leído la Sentencia, y es posible que la muestra sociológica de quienes compartían mi opinión, no sea técnicamente representativa. Pero, hecha la doble precisión, permanece en mí el asombro, la incomprensión, el desacuerdo con el trato recibido por el Fiscal General.
• El "Caso mascarillas", Ábalos, Koldo y Aldama, póngalos en el orden que les parezca, estaban acusados de un montón de barbaridades, todas probadas y todas odiosas, manipularon los precios de las mascarillas en plena pandemia, traficaron con influencias políticas, colocaron a sus "novias" en trabajos públicos a los que no tenían la obligación de acudir, se repartieron las ganancias de sus fechorías y dieron, además, un ejemplo de hasta qué lodazales pueden llevar la codicia y el abuso de poder, unidas a un sentido cutre de las formas sociales. Sin embargo, Aldama se convirtió en delator y, aunque sus aportaciones a la causa fueron mínimas (casi todo lo que contó ya estaba recogido en los informes de la UCO) ha salido del proceso prácticamente ileso: no volverá a pisar la cárcel, mientras Ábalos se ha encontrado con una condena de veinticuatro años de cárcel y Koldo con diecinueve. ¿Conclusión? Roma no paga traidores pero el Tribunal Supremo, sí. Ahora el chivato acude, muy ufano, a las manifestaciones contra la corrupción, anda de tertulia en tertulia luciendo una ideología ultra que ha debido descubrir al empezar a cantar, salvo que la mantuviera oculta  tiempo atrás para no molestar a sus socios.
• Me pregunto qué puede pasar si cunde el ejemplo. Es obvio que "confesar" cierto tipo de delitos, ayuda a su desaparición, y no hay duda de que la corrupción es algo que puede acabar destruyendo nuestra democracia.  Por otra parte, en términos presupuestarios es mucho más barato apañar un acuerdo con un soplón que mantener la UCO operativa, aunque espero que a nadie con capacidad para ello, le dé por extraer conclusiones de hecho de lo que acabo de decir. El caso es que, como en lista de espera están los Cerdán, Martínez, Leire, Zapatero y demás colegas, ya hay quien piensa que si surgen imitadores de Aldama, nadie sabe lo que nos queda por ver. Podría plantearse la creación y adiestramiento del Orfeón de los Acusados Cantores, pero me temo que desafinarían demasiado. Otra cuestión más interesante es saber hasta dónde, hasta qué extremos podrán negociarse beneficios a cambio de delaciones. Si el ejemplo tiene fortuna, veo a Dª Leire exigiendo no sólo la libertad incondicional, sino, además, la Gran Cruz de Isabel La Católica con cintajo amarillo a cambio de desembuchar todo lo que sabe, o al Sr. Martínez, a más de evitar el trullo, pidiendo el nombramiento de Cónsul Honorario del Emirato de Qatar, por el impagable material que puede poner sobre la mesa a propósito, por ejemplo, del triángulo Delcy Rodríguez, Air Europa y Rodríguez Zapatero. Para la cantata del comisario Villarejo no se me ocurre a qué habría que recurrir para poder entrar en eu extensa, polifacética y venenosa memoria.

Ni los más viejos recuerdan cosa igual 

Me refiero al juez Peinado, instructor de la causa seguida contra la esposa del Presidente del Gobierno y su ayudante, y, si por él hubiera sido, contra bastantes más imputados, entre ellos un Ministro, nada menos que el de Justicia, y un Rector de Universidad y no sé si algún jugador de la selección mundialista. La Audiencia Provincial de Madrid frenó su celo y echó atrás algunas de sus pintorescas exigencias. Aún tendremos que esperar un tiempo, para saber cuántas más se vendrán abajo cuando se resuelvan los recursos pendientes.

Desgranar una a una sus ocurrencias llevaría demasiado tiempo. Basta con examinar sus decisiones importantes, la de llevar a Begoña Gómez a juicio oral ante un jurado popular, y la imposición de unas medidas cautelares que muchos consideramos desproporcionadas. Basta con compararlas con el tratamiento de la misma cuestión, cuando el instruido era José Luis Rodríguez Zapatero y el instructor el juez Calama.

Al hilo de este último punto, las medidas provisionales del ocurrente juez Peinado, creo que estamos ante el primer caso en el que un juez español especula con la posibilidad de que la Policía Nacional ayude a evadirse a su escoltado. Los sindicatos policiales han puesto el grito en el cielo e, incluso, el CGPJ ha tomado cartas en el asunto, pero, dado el calendario, es de temer que la notificación oficial de apertura de expediente sancionador, si llega a acordarse, le llegue el juez Peinada cuando ya esté jubilado.

Y queda la gran incógnita ¿por qué un juez de instrucción con tantos años de experiencia a sus espaldas ha podido cometer tantos errores en tan poco tiempo? Hay quien opina que actuaba a órdenes no se sabe muy bien de quién, otros dudan de su salud mental y no falta quien habla de agradecimientos a quienes han dado trabajo a sus hijos. Todo es posible, pero mi explicación es más sencilla: visto lo que le faltaba para su jubilación y partiendo de una más que probable profunda antipatía por Sánchez y su trayectoria política, el Sr. Peinado decidió un buen o mal día (depende de quién lo valore) amargarle la vida al Presidente, dándole donde más pudiera dolerle: criminalizando a su esposa. Luego, las instancias superiores podrán desmantelar su obra en todo o enparte, pero el gustazo de haber traído de cabeza a tanta gente importante ya no se lo puede quitar nadie. 

Y, para terminar, los sobrevalorados recursos

Lo oigo con frecuencia, piensen en el Fiscal General, o en la propia Begoña Gómez: "No pasa nada: el fallo es recurrible, (cuando lo es) así que si de verdad tiene razón, la instancia superior se la dará y asunto concluido".

Menos es nada, cierto, pero ¿quién repone el prestigio perdido? ¿Quién devuelve el tiempo en el que el afectado se ha visto mermado en sus derechos? Porque por muy anulado que sea el auto que ha privado a Begoña Gómez de su pasaporte, nadie va a exigirle responsabilidades por ello al jubilado juez Peinado, ni va devolverle a Dª Begoña la posibilidad de acompañar a su esposo en cualquiera de sus frecuentes viajes al extranjero. Y lo mismo podemos decir de los miembros del Tribunal Supremo que condenaron al Fiscal General del Estado, si éste, al final, resultara absuelto.