La Ley de la Vivienda (II)

¿Quién redacta las leyes?

Uno ha tenido que leer demasiadas Leyes en su vida y acaso por deformación profesional, trata de buscar la simplicidad en el lenguaje jurídico como camino confortable para moverse con una cierta soltura en el mundo del derecho.

"Lo bueno, si breve, dos veces bueno". Receta de Baltasar Gracián, ya saben, que el legislador debería tener grabado a fuego en su mente (o a bolígrafo en su mano, que quizás sea más eficaz). Vano empeño. En los tiempos que corren, los redactores de nuestras Leyes parecen vanagloriarse de que lo que ellos escriben, sólo los iniciados barruntan de qué va. Barruntan, aunque dudo de que lleguen jamás a estar seguros. 

Y eso será bueno para picapleitos de poca monta y tal vez para políticos de andar por casa porque les asegura la confusión y la trifulca, que es de lo que viven unos y otros. Lo malo es que las Leyes, por definición, están dirigidas a colectivos bastante más heterogéneos para los que lo críptico es, siempre, un obstáculo.

Y lo que es peor: los mismos jueces pueden encontrarse con tales dificultades para dar con la tecla que pretendían los redactores que mientras unos interpretan una cosa, los otros emprenden el camino contrario. 

Claro que alguien redacta y otros votan. Y estos últimos, los padres de la patria, padrastros en más de una ocasión, tampoco estaría de más que, además de estar atentos a las indicaciones del jefe de su bancada, leyeran lo que están a punto de votar y, llegado el caso, trataran de enmendar los textos que someten a su consideración.

Un ejemplo de redacción farragosa, de dudosa sintaxis y con aportación de neologismos gratuitos en un idioma, el castellano, cuyo léxico, el oficial, supera los 90.000 términos. Más, muchos más que su equivalente inglés: Artículo 14.3.- De manera complementaria, con objeto de luchar contra el fenómeno del sinhogarismo, las Administraciones competentes deberán programar medidas específicas para afrontar con el objetivo de promover la plena inclusión de las personas sin hogar desde una perspectiva integrada e intersectorial, que promueva la aplicación efectiva de los programas existentes de política de vivienda y la coordinación entre los diferentes niveles administrativos.

¿Queda claro? ¿No? ¡Vaya!

Leo la Ley y me entra la duda de si sus escribas conocen la diferencia entre Ley de Bases y Ley Ordinaria. Ocurre que un número significativo de sus artículos no son de aplicación directa, no obligan, ni prohiben, ni regulan, sino que se limitan a establecer pautas de conducta que éste o aquél organismo de la Administración, que a veces ni siquiera concretan, deberán, procurarán, regularán esto o aquello; sin plazos, sin concreciones. Bases de actuación que, en definitiva suenan bien pero no generan derechos exigibles porque ni se sabe ante quién, ni desde cuándo.

 

¿Es ésta una Ley electoral?

Desde luego que sí. Lo que, por otra parte, no es ni bueno ni malo. ¿Qué Ley no lo es en cierto modo? Lo que importa es su contenido, porque luego el resultado práctico de su aplicación puede convertir la maniobra electoral en un triunfo o un fracaso.

¿En este caso? Quién sabe, pero por si ayuda:

• Es una lástima que una materia tan importante, tan determinante para el buen o mal vivir de tantos compatriotas sea utilizada como mera herramienta electoral. La Ley se publica tras una larguísima espera: ¿No podría haberse elegido una fecha más alejada de la confrontación electoral, o es que era eso lo que se buscaba?
• Si así fuera, si la elección del momento ha sido deliberada, aún queda una incógnita por resolver: ¿Saldrá bien o mal la maniobra? O dicho de otra forma ¿Quién va a obtener un botín mayor de votos, los que la apoyan o los que abominan de ella? El 29 de mayo y, sobre todo, allá a finales de diciembre lo sabremos.
• Lo que es evidente es que la Ley disgusta a una parte muy significativa de nuestros parlamentarios y acaso podría haberse intentado lo contrario. Se ha perdido la ocasión de acordar un texto con vocación de permanencia. ¿Ésta? Sí, es la primera en 40 años que trata de regular el derecho a la vivienda. Se ha salido del agujero, sus autores sacan pecho… y la oposición, ¿cómo no? promete su derogación en cuanto alcance el poder. Quizás l hagan y vuelta a empezar, como con las Leyes de Educación. Lamentable, pero predecible, cuando lo que ahora se pregona es más radical que darle una vuelta a una Ley: se trata de "derogar el sanchismo". ¿Serán capaces de reprogramar también los cerebros de sus votantes?

A propósito del derecho a la propiedad

Derecho protegido por nuestra Constitución. La misma que establece el derecho del ciudadano a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Un derecho que ha sido uno de los motores del progreso, pese a una antiquísima línea doctrinal que considera la propiedad privada el origen de todos los males de la humanidado. Otra de tantas paradojas: propiedad, individualismo e insolidaridad son conceptos que no andan muy alejados, pero la ambición, el deseo de tener más, de defender lo que "es" tuyo, mueve voluntades.

No obstante, el derecho a la propiedad privada, no es un absoluto. Ninguno lo es, ni siquiera el derecho a la vida. No se trata de reavivar el debate sobre la pena de muerte, pero sólo un par de ejemplos: cada vez que un ginecólogo tiene que elegir entre la madre y el hijo, haga lo que haga está actuando contra el derecho a la vida del que muere. Por último, la legítima defensa justifica la pérdida de la vida del que pone en riesgo la mía o la de los míos.

Si eso es así respecto del derecho a la vida ¿quién puede dudar de que el derecho a la propiedad privada no es absoluto? ¿O es necesario recordar la figura de la expropiación forzosa?

Conectar derecho a la propiedad y derecho a la vivienda, nos lleva a situaciones en los que ambos van de la mano, mientras que hay supuestos que se mueven en terrenos de pura y simple contradicción.

La cuestión no es que a veces ambos vayan en direcciones opuestas, sino qué se propone hacer el legislador para resolver la contradicción.

 Veamos tres supuestos:

• ¿Debería "prohibirse" la existencia de viviendas vacías? El propietario de un inmueble puede decidir disfrutar de él, cedérselo a otro mediando o no alguna compensación, o mantenerlo ocioso. ¿Qué se puede hacer? ¿Arrebatárselo al dueño?¿Y si la fiscalidad de las viviendas ociosas llegara a ser tan gravosa que nadie en su sano juicio pensara en mantenerlas desocupadas? Porque eso, utilizar la herramienta fiscal, es algo que sí está en la mano del gobernante y que no violenta el derecho de la propiedad.
• ¿Qué hacer cuando quien quiere comprar vivienda no encuentra modo de adquirir alguna "digna y adecuada" que, además sea asequible? ¿Limitar los precios? Es más que probable que el resultado sea la disminución del número de viviendas en venta. Dos soluciones: facilitar medios económicos al comprador o lograr que aumente tanto el número de viviendas en venta que las inexorables leyes del mercado hagan bajar los precios. No todos somos partidarios de las ayudas directas. ¿Y si creas las condiciones idóneas para que la construcción de viviendas sea atractiva? Desde las instancias oficiales se puede actuar sobre el suelo disponibleble, sobre la fiscalidad de los elementos que intervienen en la construcción, sobre los beneficios de las empresas… etc. 
• ¿A quién debe protegerse cuando el disfrute de una vivienda pasa por alquilarla y su coste la deja fuera de tus posibilidades? Hablo de dos cosas diferentes: el precio a pagar, y las condiciones que rigen a partir del momento en que, por fin, tienes acceso a ella. Por lo que se refiere al primer asunto, ¿Limitarás el precio de los alquileres o los harás bajar aumentando la oferta? ¿Qué pasa cuando prohibes y qué ha ocurrido cuando es la Administración la que entra en el mercado y amplía el parque público de viviendas? La contestación suele ser más ideológica que racional, pero, en todo caso, la dejo a gusto del lector. 
• El segundo aspecto nos lleva a un debate viejo: proteger al propietario, o al inquilino. ¿Tan complicado es buscar el equilibrio? No se puede vencer la balanza a favor del casero, que suele ser la parte fuerte, porque dejarías en la estacada a quien tiene derecho a la tan citada "vivienda digna y adecuada". Pero es un error no exigir al inquilino que respete lo pactado, porque dejar de pagar el alquiler o vulnerar el contrato suscrito, acaba reduciendo el número de viviendas en alquiler. Y, recuerden: la obligación de proporcionar vivienda no es del gremio de caseros, es de los poderes públicos. Lo dice la Constitución.

En resumen

• Hemos dejado pasar la ocasión de encontrar la solución entre todos.
• Ésta Ley, dure su vigencia lo que dure, traerá problemas.
• Dejo para otro día, como guinda del pastel, hablar del antipático fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas.

 

 En vivienda tampoco habrá pacto de Estado

¿Para qué pactar si puedes pelearte?

España padece un serio problema de falta de viviendas. Un problema con muchas caras, a veces contradictorias. Hay viviendas vacías, pero, al mismo tiempo, no hay viviendas para todos. Muchos de los que quisieran comprar no pueden hacerlo, y bastantes de los que quieren alquilar, tampoco. 

Coexisten pueblos vacíos, abandonados, inmuebles muertos de asco, algunos de titularidad pública, con lista de espera de "okupas" dispuestos a ejercer por su cuenta y riesgo el derecho a una vivienda, sea suya o ajena.

La atribución constitucional de las competencias en materia de vivienda a las CC. AA., dan como resultado que, dependiendo del color del que gobierna, se amenaza con estrangular el mercado tratando de limitar precios, alquileres y usos alternativos, o se subasta el parque público de viviendas al mejor postor.

La legislación que regulaba hasta ahora este galimatías es antigua, fragmentaria y, a veces, contradictoria. Y en éstas andábamos cuando el Gobierno, este Gobierno, Gobierno de coalición, o Gobierno Frankestein, depende del gusto del consumidor, anuncia "la primera Ley de Vivienda de la democracia". Primera porque hasta ahora nadie había hincado el diente al problema. Primera, sí, pero no necesariamente buena, que es condición que no depende del orden, sino del contenido.

No hacía falta contar los votos para adivinar el resultado: no habría acuerdo entre los dos grandes bloques. Ni siquiera habría una segunda edición del acercamiento PP/PSOE de la semana anterior

¿Y el contenido es bueno o es malo?

Depende, que dirían los paisanos del aspirante a inquilino de La Moncloa. La Ley se ha aprobado con los votos en contra de Vox, PP, Ciudadanos, Junts per Cat, PNV y Coalición Canaria. Pese a lo que diga Núñez Feijóo, no parece que el sentimiento nacionalista haya influido en el voto ¿Quién es más independentista, Otegi o El Gran Fugado? Tal parece que esta vez, los bloques se han agrupado en función del componente económico de su catecismo ideológico más que por el amor o el desamor a la unidad de España.   

La Ley no es muy larga, 43 artículos, amén de una prolija exposición de motivos con mucha llamada a Europa, y once disposiciones más, entre finales transitorias, adicionales y derogatoria. Farragosa, técnicamente imprecisa y rebuscadamente barroca, incluyendo invenciones terminológicas no previstas todavía por la RAE. ¡Que ganas de complicarse la vida o de no tener bastante con el vocabulario disponible! "Las palabras de las Leyes han de ser claras para que todo hombre las entienda y guarde en su memoria ", se decía en el Código de las 7 Partidas. Aquí es al revés: es un redactado sólo asequible para los que estén en el secreto. Alfonso X el Sabio lloraría si tuviera que desentrañar la terminología de esta Ley.

¡Ah, el viejo Código Civil! Data de 1889 pero los artículos que perviven en su decimonónica versión se entienden a la primera, tanto por jueces y letrados como por diletantes y menestrales sin formación jurídica. Estuvo redactado con esmero y sosiego y por auténticos maestros en el arte de legislar, un arte que no es ni puede ser panfletario, doctrinario ni vasallo de los últimos modismos, porque se legisla para todos, no sólo para los cofrades.

¿Esta Ley? Llena de conceptos y términos procedentes de la sociología, la ciencia política o el periodismo, carentes de cualquier pretensión de rigor técnico, oscilante entre el ser y el deber ser, es tan vulnerable, valga la expresión, como los ciudadanos que con tanto ahínco pretende proteger de caseros desalmados. Luego habrá que aplicarla y ahí empezarán los problemas; ruego a los dioses que no acabemos como con ésa otra Ley que con tanto afán defendía el dúo Montelarra, mientras tres cuartos de los votantes clamaban por que fuera corregida cuanto antes.

Esas objeciones, no obstante, no son lo importante. Cuestión de acostumbrarse y de convencer a los jueces de que lo que importa es lo que se busca, no lo que se dice. La Ley toca uno de los elementos clave en el escenario sobre el que se desenvuelve la vida del ciudadano, y eso la hace primordial. Que sea orgánica o no es otra cuestión, pero es decisiva para tratar de asegurar el bienestar de los españoles. 

Pienso dedicarle al tema algún post más. En éste, sólo quisiera poner de manifiesto, que, según mi personal punto de vista, nadie ha hecho ningún esfuerzo serio para elaborar una Ley que perviviera en el tiempo, que trascendiera la alternancia de los Partidos, que se hubiera basado en el consenso (algo de lo que todos hablan y nadie mueve un dedo para conseguir)

La cercanía de procesos electorales, el empecinamiento de unos y de otros y la distancia ideológica entre quienes están a ambos lados de la línea imaginaria que separa al Gobierno de la oposición, lo ha hecho inviable. Mal por ellos y peor para nosotros.

Pese a todo, o precisamente por todo ello, en los tiempos que se avecinan la recién nacida será usada contra el otro como si fuera un ariete, sea quien sea el que saque el tema. Ésta, la Ley del sólo sí es sí, Doñana y alguna otra cuestión aburrirán nuestros oídos. En la mayoría de los casos nadie logrará cambiar el punto de vista que cada uno tuviera antes de empezar el sarao, pero para eso se inventaron las campañas electorales, para tratar de que se vote contra el adversario .

Llegado el día yo también votaré, pero, mientras tanto, permítanme que hoy les deje un pequeño muestrario de juicios apresurados  pendientes de desarrollo. Los próximos fines de semana entraremos en materia.

Ninguna obra humana es perfecta (ni absolutamente perversa)

Cuestión distinta es que lo que a Juan le parezca bien, sea precisamente lo que a Pedro le disguste. Por ejemplo.

• A mí me parece que todo lo que sea incrementar el parque de viviendas, es bueno. Es de Perogrullo, pero se reparte mejor cuando hay abundancia que cuando escasea lo que sea que se quiera repartir. Por eso habría que crear las mejores condiciones para que la actividad de construir viviendas resulte atractiva.
• El mercado tiene sus leyes. Puede actuarse "en" el mercado e influir en él desde dentro, pero encorsetarlo no suele servir para casi nada. A veces, para provocar el efecto contrario al que se busca. El racionamiento trae mercado negro, el "estraperlo", la trampa.
• Una bajada de precios consecuencia de un incremento de la oferta, es natural y suele ser duradera. Si lo que trata de provocarla es una prohibición, aparecerán pagos en B, simulaciones y especulación. No es un argumento, es una evidencia. Por tanto, aumentar el parque de viviendas públicas, abaratará los precios de los alquileres. Y eso, se supone, es algo que casi todo el mundo busca.
• La propiedad privada es un derecho amparado por la misma Constitución que en su artículo 47 establece el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada. Un artículo  que impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. La obligación, relean el texto del artículo, se le impone al Estado, no a los particulares.
• "Okupar" una vivienda ajena y obligar a que sea el propietario quien tenga que demostrar que el "okupante" no es vulnerable, es una barbaridad jurídica. Estoy convencido de que es inconstitucional, pero eso ya se verá. De momento, me parece preocupante que, una vez más, se opte por invertir la carga de la prueba. Suele ser un camino para señalar de antemano al culpable, que no siempre es el que comete el desafuero.
• Volveremos sobre el tema, pero ¿imaginan que tras el asalto a un banco se obligara a que fuera el director de la sucursal quien tuviera que demostrar que el atracador no era tan pobre que ya no tenía ni para merendar esa tarde?
• En resumen, la obligación de facilitar vivienda digna y adecuada, lo dice la Constitución, le corresponde a los poderes públicos, no al ciudadano, sea éste propietario de una casa, de dos o de cuarenta y siete.

Y hoy, prefiero dejarlo aquí. Tiempo tendremos de opinar sobre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, lo progre, lo carca y lo redicho que contiene "La Primera Ley de La Democracia", así, mayúsculas gratuitas, incluidas.

 Isabel Díaz Ayuso, Presidenta

Qué fácil es errar el tiro.

Uno ve, oye, lee, cree que analiza lo que pasa a su alrededor, y acaba llegando a supuestas conclusiones que, en la mayoría de los casos, son meros aprioris, subproductos de sus propias convicciones ideológicas.

Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo. La oyes decir "no me gusta la Ley de la vivienda de Sánchez. No voy a aplicarla",  "Madrid no se apaga" o "Socialismo o libertad", y puedes llegar a creer que su autora es, como mucho, la portavoz de una camarilla de conjurados que persigue la instauración de un régimen fascista, primero en la Comunidad de Madrid, y, más tarde, en España entera. Y caes en la tentación de ironizar sobre las mal aprovechadas dotes adivinatorias de la presidenta. ¡Qué facultades de premonición: sabe que no le gusta una Ley de la que ni siquiera conoce el texto del anteproyecto!

¿Y si partimos desde otro punto? 

Imaginemos que cuando la Presidenta dice eso de que "no me gusta la Ley de la vivienda de Sánchez", lo único que está haciendo es extraer conclusiones sencillas de premisas ya conocidas. Dicho de otra manera, no hay posibilidad alguna de que pueda gustarle un proyecto de Ley de la vivienda salido del actual Gobierno de coalición. Ella, sabe que no va a gustarle, lo dice y añade que "en Madrid, no se aplicará" (cosa que, por otra parte, entra en buena medida dentro de sus competencias como presidenta de una Comunidad Autónoma).

La Presidenta madrileña está en las antípodas ideológicas del Presidente del Gobierno de España y es una mujer consecuente con sus convicciones. No es preciso conocer el texto del proyecto para dar por supuesto su andamiaje teórico: hablará de parque público de viviendas sociales y quizás de limitación de precios, amén de otros extremos predecibles; en cambio, es posible que ni siquiera hable de okupas. El proyecto se moverá entre límites ya conocidos, el de Ábalos que quedó en nada por la inquina podemita y el de Podemos que hizo inviable el PSOE. 

Cualquier actuación en materia de vivienda que guste a Dª Isabel, tiene que estar basada en la libertad de mercado, en su infalibilidad como mecanismo de atribución de recursos, en la bondad intrínseca de la iniciativa privada, y eso, con total seguridad, no va a encontrarlo en el texto que salga de La Moncloa.

Más aún: el modelo a seguir por Dª Isabel está, o debería estar, en la memoria de todos. ¿Parque de viviendas sociales de titularidad pública? Al contrario, venta de las que ya existan a fondos especulativos. Es lo que hizo Ana Botella cuando era la alcaldesa de Madrid ¿Alguna razón para esperar que Isabel Díaz Ayuso dé un giro de 180 grados a la política de la antigua alcaldesa?

Es un hecho que en la Unión Europea las cosas van otros rumbos. Los datos disponibles indican que en España las viviendas sociales apenas rozan el 3% del total,  es decir, menos de la tercera parte de la media comunitaria, y casi la séptima parte del porcentaje al que se llega en algún país escandinavo o en Austria. 

Un inciso: si hay algún debate estéril, aburrido y reiterativo es enzarzarse en averiguar si anunciar la conversión de 50.000 viviendas de la Sareb en viviendas sociales y  la construcción de otras cuarenta y pico mil más, es o no es electoralismo. Pues claro que lo es, como todo lo que hacen los Partidos, estén no cerca próximas las unas. Como lo es también hablar, por ejemplo, de un bono de 1.000 euros a los jóvenes para pagar alquileres, o por la ocurrencia de avales públicos para adquisición de viviendas de ejecución privada, dicho por alguien que en diez años al frente de otra Comunidad Autónoma ha construido apenas 300 viviendas sociales.

Isabel Díaz Ayuso es predecible

Como cualquier político cuyas coordenadas ideológicas presidan su actuación. Algo que sería deseable en todos los casos. Así que cuando la Presidenta interviene en sanidad, su modelo pasa por la construcción de centros sanitarios con dinero público que gestionarán más tarde entidades privadas, igual que cuando se trata de residencias para la tercera edad. Y si tuviera en su campo de acción, la regulación de las pensiones de jubilación, lo lógico sería verla optar por el sistema de capitalización frente al actual de reparto, encomendando la gestión a compañías privadas de seguros. 

¿Todo eso es detestable, es intrínsecamente perverso? Para buena parte de los votantes, no; para buena parte de los votantes, sí. En la Europa continental, la herencia socialdemócrata ha dejado, por el momento, fuera de la polémica asuntos como el carácter público de las pensiones, la sanidad y la educación. Pueden coexistir con la actividad privada pero siempre que la primera esté generosamente garantizada Pero, ojo, no hay más que ver lo que está pasando en Francia y tal vez no esté dicha la última palabra. En los Estados Unidos, en cambio, lo que resulta impensable es que alguien se extrañe de que la iniciativa privada y el mercado sean los reyes.

Lo que me parece fuera de lugar, es caricaturizar a Isabel Díaz Ayuso y tratar de convertirla en una muñeca ingeniosa, o en la marioneta de la FAES, porque trivializarla es olvidar su auténtico peso público y minusvalorar al adversario acaba pagándose. La Presidenta madrileña cumplirá 45 años en otoño. Tiene, pues, una larga vida política por delante. De momento es el más firme puntal territorial del Partido Popular, por encima, desde mi perspectiva, de Juanma Moreno. El 28 de mayo por la noche se acostará siendo de nuevo Presidenta de los madrileños. Si va a serlo con o sin el concurso de Vox, no me parece que sea tan relevante, porque sus programas políticos no difieren en lo esencial y porque nadie en la formación ultra, salvo quizás el mismísimo Santiago Abascal, que no compite en esta carrera madrileña, pueden hacerle sombra.

Después, allá por diciembre, verá desde su barrera qué pasa en las elecciones generales. Si el que dicen que es su jefe, Alberto Núñez Feijóo, llega a la Moncloa, seguirá esperando. Al fin y al cabo, don Alberto no parece que se haya planteado entrar en combate contra la baronesa madrileña. Más le vale. Hay quien dice que eso se debe al gen gallego de Núñez Feijóo, pero Manuel Fraga y Camilo José Cela habían hecho los dos profesión de fe gallega y eran cualquier caso menos prudentes y taimados. Yo tiendo a pensar que el susodicho no olvida lo que pasa cuando te enfrentas a la presidenta madrileña. 

Pero ¿Y si hecho el recuento de votos resulta que la suma de las derechas se queda a un escaño de la mayoría absoluta? También tendrá que esperar, porque gobernarán otros, pero escalará un peldaño y la veremos en otro sillón, u ocupando dos, según el día y la hora.

Encabecé este post, llamando presidenta a Isabel Díaz Ayuso. Presidenta ¿de qué? Hoy de la Comunidad Autónoma de Madrid, por supuesto. ¿Alguien descarta verla de Presidenta del PP? ¿Y del Gobierno de España? Espero que nadie se rasgue las vestiduras. No, si creen que la alternancia en el poder es uno de los pilares de la democracia.

Votar por la Srª Ayuso, o hacerlo por cualquiera de sus adversarios es igual de legítimo. Creo haberlo dicho en alguna ocasión: se puede estar a favor o en contra, pero conviene saber a favor o en contra de qué se está. Lo malo en todos los casos, en el de quien abomina de la Presidenta y en el de quien besa por donde pisa, es convertir las ideas en ideología, porque el siguiente paso es el fanatismo, y de ahí al odio y a la barbarie no hay más que un paso.

Un jueves digno de un guionista con disfunciones cognitivas

He visto al dúo "Montelarra", dramática estampa del desamparo, pareja de huerfanitas desvalidas, hacer pucheros en la infinita soledad del banco azul. La ley, su Ley del sólo sí es sí desmantelada ante sus atónitas miradas por la incalificable coyunda de populares y socialistas (un recuerdo a Dª Cayetana Álvarez de Toledo, antaño látigo del PP, "¿Así que ustedes en esos momentos se pasan el rato diciendo que sí, que sí? ¡Qué raro! ¿No?"). Para añadir leña al fuego, el mismo día otra nueva encuesta made in Tezanos, pone a Yolanda por delante del dúo. El Presidente Sánchez, mientras tanto, se  hace un selfie en Doñana, como si aquello no fuera con él, Dª Cuca magnifica el apoyo de su Partido a la Ley y Patxi López lo devalúa. Gana cuota pantalla el debate sobre la Ley de Vivienda, se calientan las gargantas de itrios y troyanos y oyendo a Feijóo, uno se da cuenta de que el encuentro PP/PSOE tiene más de "consensus interruptus"  que de "contigo pan y cebolla". 

Y ante tantas emociones, uno mira al cielo, tan azul, y, cosas de la edad, recuerda aquello de la "pertinaz sequía" de cuando el innombrable peroraba sobre las bondades de su régimen.

 El laberinto español

Allá por 1943, cuando España trataba de sobrevivir como buena o malamente podía, Gerald Brennan escribió ese ensayo, "El laberinto español", del que me he permitido la licencia de tomar prestado el título para el post de este sábado.

Por fortuna, los que ya vivíamos en 1943, aunque no estuviéramos en condiciones de paladear la prosa del hispanista, sabemos que comparar las penurias, los riesgos, las desdichas de entonces con las de ahora, sólo es propio de ignorantes, de castrotofistas o, sencillamente, de mentirosos.

No obstante, he aquí tres hermosos charcos, tres laberintos que están complicando la vida a nuestros gobernantes.

Sólo sí es sí

La Ley de la que hablamos se denomina, en realidad "Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual". Rebuscado y farragoso nombre que justifica su olvido inmediato, aunque el precio a pagar consista en acudir a esa tontería del "solo sí es sí" (y sólo butifarra es butifarra ¿o no?).

Ley que pretendiendo algo encomiable acaba provocando no sólo resultados contrarios a los buscados, sino desconcierto generalizado entre sus padrinos, (que, por cierto, fueron el Gobierno en pleno, no se olvide, y la mayoría parlamentaria que la aprobó, recuérdese también), y algarabía, jolgorio y rasgada generalizada de vestiduras entre sus opositores.

Creía yo que lo de "sostenella y no enmendalla" era una antigualla que convendría erradicar cuanto antes de nuestros usos y costumbres. Pues parece que no en este caso. Con una tozudez digna de mejor causa y acusando de retrógrados a quienes tratan de corregir los errores que ellas mismos cometieron, las mentes inspiradoras de la Ley, prefieren acudir a otra frase rotunda, supuestamente autoexplicativa y esencialmente falsa: "enmendar la Ley es volver al Código de la manada". Parece que es el más importante, sino el único argumento para encasillarse en la defensa de un texto cuyos efectos perniciosos rondan las 1.000 reducciones de condenas y las 100 excarcelaciones de condenados por violación. La bola sigue creciendo y pase lo que pase con la modificación que ahora se tramita, los efectos ya causados son irreversibles.

Y mientras  el sector PSOE del Gobierno presenta y está tramitando un texto alternativo, la dupla "MonteLarra", se aferra a su malparida criatura, y Dª Yolanda, de perfil, como le gusta en estas últimas jornadas.

El verdadero charco o laberinto para el PSOE no es que vaya a necesitar los apoyos del Partido Popular y los de Vox -doy por amortizado el efecto electoral de conseguir cambiar la Ley con las ayudas de los opositores habituales- sino que está por ver hasta dónde llegan esos apoyos tan cacareados.

El Partido Popular es más que posible que se tiente la ropa a la hora de la verdad. La tramitación parlamentaria acerca peligrosamente la votación final de la Ley a la cita electoral de mayo. En esas condiciones ¿Correrá el PP el riesgo de que le llamen "muleta de Sánchez" desde su derecha, o irá poniendo cada día nuevas condiciones para su apoyo hasta que el PSOE termine por rechazar la ayuda? Si es así ¿Cuál es el panorama? 

Por el contrario, Vox, que no tiene que demostrar su antisanchismo a nadie, en el colmo de la paradoja sí que podría mantener su apoyo, porque como, repito, nadie va a poner en duda sus posiciones ideológicas y siempre podría argumentar con el favor que le hace a las mujeres españolas enmendando la nefasta Ley de Unidas Podemos. Que el texto que trata de corregirse fuera de todo el Gobierno y no sólo de Irene Montero, es lo de menos. No cuenta la verdad, cuenta su percepción.

¿Algún pronóstico? Pues no, mire usted; sólo que esté atento a las noticias. Pero no se extrañen demasiado si Sánchez vota contra la pareja Belarra-Montero, se apoya en la derecha y sobrevive.

Reyes regatas y regates

Don Juan Carlos de Borbón, Rey Emérito residente en Emiratos Árabes, quiere volver a Sanxenxo (Sanjenjo, cuando fuera de Galicia se hablaba de él en castellano). El "Bribón IV", compuesto y aparejado le espera, junto a su entusiasta grupo de amantes de la náutica.

El Rey emérito sigue siendo ciudadano español, no tiene causas pendientes con la justicia, ni está condenado a pena alguna que limite sus movimientos en suelo español. Por consiguiente, desde el punto de vista de la legalidad vigente, tiene derecho a entrar y salir de su patria cada vez que lo estime oportuno.

Quienes se escandalizan, quienes llegan a decir que la presencia del monarca abdicado es un fallo de la democracia, quienes se oponen a su venida, están en su derecho de ser antimonárquicos, republicanos, o, nada más, críticos con el que fue Jefe del Estado. Saben, o deberían saber, que su derecho a opinar no llega para limitar la libertad de movimientos de alguien que, en cualquier caso, es tan ciudadano español como ellos.

Cuestión bien distinta es plantear la nueva excursión del ex rey por tierras gallegas desde la óptica de la prudencia política o, incluso, la oportunidad de su presencia. En definitiva, preguntarse a quién beneficia y a quién perjudica su excursión; y más específicamente, si la institución de la que fue cabeza visible sale fortalecida o debilitada por su afición marinera.

Cada uno es muy libre de opinar lo que quiera, pero piensen que sea cual fuere nuestro modo de verlo, los efectos se producirán al margen de la voluntad y de la afición de cada uno. Así que reflexiones, sobre todo si creen que debe preservarse la supervivencia de la monarquía, que si en uso de su derecho Don Juan Carlos de Borbón vuelve otra vez, si su modo de comportarse repite modelo y los resultados son negativos ¿a quién beneficia y a quién perjudica el que el rey emérito ejerza su derecho a darse una vuelta de vez en cuando por su país?

Alguien podría decir que lo que hay que conseguir cuanto antes es que las cosas normales, que un español, sea quien sea, entre y salga de su país cuando quiera, se vean normales. Bien cierto, pero eso, por el momento, no ocurre.

El atractivo de los tulipanes

El pasado jueves, a última hora de la mañana o a primeras horas de la tarde, la Junta General de Accionistas de Ferrovial, dio el Visto Bueno a la propuesta de la dirección de trasladar la sede social de la Compañía a tierras holandesas.

Algunas cuestiones que están fuera de toda duda

• La empresa de la que hablamos es una compañía privada, una sociedad anónima cuyo órgano de máxima representación es la Junta General de Accionistas.
• La decisión de cambiar de sede social es algo que entra dentro del capítulo de facultades de la citada Junta.
• Desde el punto de vista de la legislación española, por tanto, la decisión es inobjetable.
• La nueva sede social va a estar en Países Bajos, país miembro fundador de la hoy llamada Unión Europea, de la que España también es miembro. Entre los principios básicos de la Unión, está la libre circulación de personas y capitales, gracias a los cuales, a veces llegan nuevas empresas europeas a España y en ocasiones, ésta por ejemplo, ocurre lo contrario. 

Otras materias que ya no están tan claras.

• ¿Puede el Gobierno de un país europeo presionar públicamente a una empresa privada para que no haga uso de cualquiera de sus prerrogativas?¿O en casos como éste sería mejor llevar a cabo contactos directos más discretos?
• ¿Es presentable llegar a amenazar con el uso de las instituciones controladas por el Gobierno, la inspección fiscal por ejemplo, si la empresa no se pliega a los deseos de aquél?
• En un sistema democrático, es el Gobierno quien depende de la opinión pública, no el Presidente de una empresa privada que, además, no es una cadena de tiendas, sino una ejecutora de obra pública; ésta, la empresa, de quien depende, es de su Junta General de Accionistas. Por tanto, en una confrontación pública tiene mucho más que perder el Presidente el Gobierno que el de la empresa. ¡Y ambos lo sabían!
• Sólo por quedarme tranquilo ¿Se puede o no se puede, hoy, no el el futuro, cotizar al mismo tiempo en las bolsas de Madrid y de Nueva York?

Matices a no olvidar

• Ferrovial, empresa cuyo principal accionista es el tercer hombre más rico de España, se ha hecho grande no sólo por su buen desempeño que no es cuestionable, sino también y en muy buena medida, gracias al trato fiscal favorable que ha venido recibiendo a lo largo de varias décadas en las que ha obtenido espléndidos resultados ejecutado docenas de grandes obras públicas pagadas con dinero también público. 
• Cuando uno tiene derecho a cambiar de sede, basta con ejercerlo, guste o no alGobierno. No es preciso, sino más bien perjudicial para la economía del país que te hizo grande, tratar de justificar esa decisión poniendo en tela de juicio algo tan serio y tan sensible para la imagen internacional de España como la seguridad jurídica de ese mismo Estado de cuya legislación te has beneficiado.
• Todo gobernante europeo tiene a su disposición asesores capaces de aclararle cualquier duda sobre la escasa virtualidad de la presión a ejercer sobre empresas de titularidad privada. Si, pese a todo, se dicen y se hacen las cosas que hemos oído estos días, acaso convenga preguntarse por qué se hizo, si era rabieta (lo dudo), empeño inútil (más de lo mismo) o se trataba de curarse en salud ante el alud de críticas que podrían temerse precisamente de quienes se dicen tus amigos más fiables.
• Como acabo de escribir a propósito de regatas y regates, el Sr. del Pino y el Sr. Garamendi quizás deban reflexionar a propósito de las diferencias entre lo legal y lo ético. Ni todo lo que permiten las Leyes es ético, ni todo lo que la ética exige está amparado por la Ley. Y esto ya se sabía cuando hace dos mil quinientos años, Sófocles escribió "Antígona".

Por último, si les sobra tiempo, busquen la definición exacta de patriota y vean de encajar en ella a Don Rafael del Pino.