El supuesto control de los viajes de parlamentarios.

 

Y PP y PSOE se pusieron de acuerdo.

 

Años de desencuentros, de descalificaciones, de amparar los propios errores en los fallos del contrario, de odios africanos, cuando no de calumnias cruzadas sin más objetivo que zaherir al otro, al que se le negaba el pan y la sal porque para eso era "el otro", quedaron disueltas como un azucarillo cuando se trató de acordar el procedimiento de control de los gastos de viaje de los Parlamentarios.

 

Ése era el objetivo aparente: establecer medidas rigurosas de control aplicables a Diputados y Senadores cuando viajaran por cuenta de sus respectivas Instituciones. Como enseguida diré, el resultado ha quedado muy lejos del objetivo, y eso ha sido algo deliberado.

 

A qué las prisas.

 

Con el aliento de "Podemos" en el cogote, los órganos pensantes de las formaciones mayoritarias debieron de pensar que no estaban los tiempos para soportar escándalos domésticos por motivos de tan poco fuste como las andanzas más o menos románticas de parlamentarios sin ganas de gastar sus propios dineros.

 

Asistimos en unos primeros momentos a la colección de tópicos al uso en estos casos. "No podemos juzgar a toda la clase política por la conducta de algunos casos, muy pocos, por cierto"; "debemos respetar la presunción de inocencia"; "No me temblará el pulso si tengo que apartar de nuestras filas a quienes no merecen estar en ellas", etc. etc.

 

Pero el caso es que la agitación no cesaba, así es que PP y PSOE decidieron que había que hacer algo ¡y que había que hacerlo juntos! Ya no se trataba de fruslerías como qué hacer con el caso Cataluña, por qué no pactar la mejora de la Justicia o cómo arreglárselas para no cambiar el Plan de Enseñanza cada vez que había alternancia de Gobierno. Ahora estaba en juego el bienestar de los Parlamentarios.

 

Qué había que hacer y qué se hizo.

 

En el origen del problema estaban las dudas acerca de quién pagó y por qué viajes de algún parlamentario, las razones de cuyos desplazamientos ofrecían no menos de dos versiones. Y estaban también los usos vigentes hasta ese momento, según los cuales el control de Senado y Parlamento sobre este tipo de gastos era, en la práctica, inexistente.

 

La solución estaba tan al alcance de la mano como haber pedido la normativa interna de cualquier empresa, grande, pequeña o mediana sobre el control de gastos de viaje de sus empleados, cambiar nombres y cargos, aprobar el procedimiento, encomendar al Tribunal de Cuentas el seguimiento de la normativa y establecer el modo de hacer público el resultado con una periodicidad razonable. Era tan sencillo que hasta un Subsecretario habría sido capaz de entenderlo e, incluso, resolverlo.

 

Pero no. Lo hecho, eso sí, a velocidad de crucero, ha sido algo muy distinto. Para empezar, el Presidente de las Cortes enfatizó su nula disposición a que fueran Senado y Parlamento quienes controlaran los gastos de viaje de los parlamentarios. "Ése es un problema de cada Partido, y deben ser éstos quienes controlen a sus representantes". Con el mismo argumento, podría haberse encomendado el control al Alcalde del pueblo del viajero o al Párroco de su feligresía.

 

Así que con esta venia presidencial, PP y PSOE acordaron dar a conocer cada cierto tiempo, tres meses creo recordar, la evolución global de la partida de gastos de viaje, sin especificar quién había viajado, ni a dónde, ni por qué.

 

Ambos se vanaglorian de haber dado un paso adelante en la transparencia de las cuentas públicas. Ninguno de los dos se atribuye el mérito de la operación, no sé si por modestia o por vergüenza ante la chapuza acordada.

 

No crean que son tan tontos.

 

Ni mucho menos. Sabían muy bien qué demandaba la ciudadanía (conocer al detalle en qué gastan nuestro dinero los que dicen ser nuestros representantes), pero de haberlo hecho bien, se acabó no ya la posibilidad de encubrir viajes y gastos privados como desplazamientos profesionales, sino hacer lo propio con gestiones estrictamente partidistas, que, en buena lógica, son muy respetables pero deben pagarse por los Partidos que se benefician de ellos.

 

Temerían, digo yo, que con semejante control, ambos Partidos perderían prebendas a las que estaban acostumbrados. Una cosa es hacer y otra decir que se hace. Pensarían que, una vez más, bastaba con lo segundo.

 

No son tontos, ya digo, pero siguen creyendo que la inmensa mayoría de los ciudadanos lo somos. Y eso sí que no.

 

¿Qué podemos hacer?

 

No demasiado, por desgracia.

 

1.- Por lo que a mí respecta utilizar este canal para repetir que cada uno de nosotros tiene el derecho a conocer en qué se gasta el dinero que el Estado nos exige. Tan sencillo, como nuestro derecho a revisar la cuenta del restaurante en el que acabamos de almorzar.

 

 2.- Recordar a todo el mundo que mi voto, y espero que el de los demás, no está ni en venta ni en alquiler, ni siquiera comprometido de por vida, y que pensaré muy mucho quién se hecho merecedor de él cuando llegue el momento.