viernes, 7 de noviembre de 2014

Luxemburgo, fiscalidad empresarial y Edad Media.
 
En el núcleo fundacional de la Unión Europea.
 
Se ha sabido que el Gran Ducado de Luxemburgo -543.000 habitantes y 2.586 Km2, es decir, menos que la Provincia de Álava- ha concedido beneficios fiscales exorbitantes a más de 340 grandes corporaciones mundiales, algunas de las cuales operan en España, como Pepsi Cola, Ikea, Deutsche Bank, Amazon o Burberry, sin que la lista sea exhaustiva.
 
Este pequeño país, junto a Holanda, Bélgica, Alemania, Francia e Italia, forma parte de lo que podríamos llamar "núcleo fundacional de la Unión Europea". No se trata, por tanto, de un recién llegado, sino de un país que está en la Unión desde que se llamaba Mercado Común.
 
Las bonificaciones alcanzan, en ocasiones, la escandalosa cifra de tarifas fiscales del 2 %. Para que quede claro, ese 2 % es lo único que tienen que tributar por sus beneficios las empresas afectadas, sin que hayan de pagar ni un € más en ninguno de los países de la Unión, España entre ellos, en los que puedan tener filiales. Dejo para otro momento el espinoso tema de en qué países y condiciones fabrican sus productos esas firmas.
 
¿Cómo es posible?
 
La información disponible habla de acuerdos secretos suscritos entre cada una de las empresas y el Gobierno luxemburgués, muchos de ellos firmados cuando el actual Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, era Ministro de Finanzas del Gran Ducado.
 
Hay quienes opinan que esos acuerdos son ilegales y que, en consecuencia, los organismos de la Unión "tomarán medidas". Es posible que ello sea así. De serlo, estaríamos ante uno más de los escándalos financieros de este Siglo, al que antes o después terminaría por ponerle algún tipo de freno. Personalmente no lo creo.
 
Por el contrario, autoridades luxemburguesas afirman que todo se ha hecho al amparo de la legalidad vigente. Eso es lo que yo pienso, y eso es, precisamente, lo que me escandaliza.
 
Me parece intolerable que las mismas Autoridades Comunitarias que han impuesto a países como Irlanda, Italia, Portugal, Grecia y, desde luego, España medidas terribles que han dejado tambaleante el Estado del bienestar, que han recortado derechos laborales, han incrementado impuestos indirectos, rebajado los impuestos societarios, etc., etc., consientan que prácticas como las que comento estén amparadas por la Ley.
 
Y es también sorprendente que cada uno de los Gobiernos afectados, el nuestro, por ejemplo, asista impertérrito a cómo multinacionales que facturan en España, tributen en Luxemburgo y, para más escarnio al 2%. ¿Es que temen más el poder de esas organizaciones que la indignación de sus ciudadanos?
 
Reflexiones que se me ocurren.
 
- No recuerdo ninguna iniciativa parlamentaria europea, ninguna medida eficaz adoptada, ningún movimiento por parte de la Comisión Europea para evitar este desafuero. Si eso es así uno puede preguntarse para qué valen nuestros representantes, de este o de aquel Partido, sean parlamentarios o Comisarios, si no son capaces no ya de resolver, sino ni siquiera de plantear problemas tan graves como el que comento.
 
- Parece evidente que ni a las Autoridades Europeas, ni a los Gobiernos de cada país, se les ha pasado por la cabeza poner coto a estos poderes fácticos. Más aún, barrunto que son estas grandes Corporaciones las que les dicen a Gobiernos y Autoridades lo que tienen que hacer: recaudar los impuestos que necesiten esquilmando a sus ciudadanos, clases medias y trabajadoras en especial, y tratar con deferencia a los "creadores de riqueza y empleo".
 
- Llegado a este punto, me pregunto si no sería más eficaz votar en las Juntas Generales de las grandes Empresas para elegir a sus órganos de administración y gobierno, que en procesos electorales que eligen a quienes, cuando llega la hora de la verdad, están al servicio de las grandes empresas. Hablar por hablar, desde luego, porque los Consejos de Administración de los grandes de verdad están controlados por media docena de personas, al margen de que, entre todos, sólo representen menos del 10 % del capital social.
 
En materia fiscal no ha habido tantos cambios.
 
Durante Siglos, las arcas del Estado se han nutrido de las exacciones fiscales que soportaban campesinos, artesanos y hombres libres de profesiones liberales.
 
La Nobleza y la Iglesia estaban exentas de tributar, que para eso eran quienes eran. Han pasado los siglos, las Revoluciones se van olvidando, creemos que todo ha cambiado, pero cuando uno rasca la epidermis, percibe que, en esencia, al menos en esta materia,todo sigue igual: ni la Iglesia tributa (en realidad recauda) ni la nueva Nobleza, que es ahora la nobleza del oro, se siente obligada a aportar su esfuerzo.
 
Incluso, llegado el caso, unos y otros de los exentos, se permiten la desfachatez de decirnos a los paganos por dónde deberíamos orientar nuestro voto, no vaya a ser que nos equivoquemos, elijamos en contra de sus intereses, y se vayan con sus dineros a otra parte. ¿O no? 


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