En el comienzo del Gran Fin de Semana del Verano
La pandemia y sus aliados
Hoy comienzan las vacaciones; así ha sido desde hace muchos años; el fin de semana que da paso al mes de agosto solía venir acompañado de las previsiones de la DGT sobe los millones de automóviles que habrían de congestionar nuestras carreteras.
Me temo que este año serán los datos sobre los efectos de la Covid 19 los que tomen el relevo: 44.868 según los cálculos de "El País" en su edición del 26 de julio, aunque, pese a la apariencia de exactitud, no sea más que otra de las cifras que den cuenta de la magnitud incierta de la tragedia. Una tragedia que sigue prendida a nuestra espalda ensombreciendo el presente y el futuro inmediato.
Instalado en el litoral malagueño, soy testigo impotente de la irresponsabilidad de muchos de quienes me rodean. No importa que Cataluña, Aragón, Madrid y más de un centenar de focos de contagios padezcan los efectos del virus. Miro a mi alrededor y veo demasiadas muestras de irresponsabilidad. El futuro se me antoja incierto como se decía que se presentaba el reinado de Witiza.
La Junta de Andalucía dicta normas para evitar, entre otras cosas, estallidos de turismofobia provocados por la resistencia generalizada entre foráneos al cumplimiento de las normas más visibles de prevención, como el uso de la mascarilla. Cuando se ha tratado de exigirles respeto a nuestras normas, el resultado ha sido, en ocasiones, la reacción violenta de algunos de nuestros visitantes. Algunos de estos especímenes toman España por terreno conquistado, un país en el que no es necesario obedecer las Leyes.
Más de un restaurador que debería temer más que nadie el paso atrás en la lucha contra el virus, se muestra renuente a la hora de exigir a sus clientes la observancia estricta de normas incómodas. Los hay que parecen más temerosos del enojo del turista que preocupados por futuro inmediato de su propio negocio. ¿Cómo hacerles entender que ademas de mi salud está en juego su futuro?
Boris Johnson carga contra España sus propios errores y nos declara destino a evitar. Es posible que lo seamos, pero no es menos cierto que su papel de emisor de viajeros es cuestionable.
El Dr. Simón pone de manifiesto su opinión al respecto y el gremio de la hostelería truena pidiendo su dimisión. Para facilitar la comprensión, Antena 3 ofrece una versión manipulada de sus declaraciones. Simón hablaba como epidemiólogo y puntualizó a renglón seguido su punto de vista sobre el aspecto económico. La cadena que cito mutiló su intervención y provocó la reacción del sector turístico.
No importa que los últimos datos den cuenta de que está bajando la edad media de los infectados; muchos, demasiados de nuestros jóvenes siguen incapaces de percibir el riesgo que sus conductas suponen para ellos y para quienes les superamos en edad, sus familiares entre ellos. Oigo hablar de posibles sanciones por incumplimientos; veo a mi alrededor tantos adolescentes, veinteañeros sin medidas de protección alguna, que me pregunto cuándo, cómo y dónde actúan los servidores de la Ley.
La presencia de visitantes de otras tierras ha caído en picado; cierto, pero el nivel de ignorancia de las normas de protección entre los que han venido es generalizado. No veo prueba apreciable de que los agentes de la Ley traten de impedirlo ¿Olvido del riesgo de turismofobia o miedo a que disguste al sacrosanto turista la exigencia de medidas que nos afectan a todos?
Oigo alguna voz aislada pidiendo más medidas. No las creo necesarias. Como en tantas otras ocasiones, bastaría con que se hicieran cumplir las actuales ¿Por qué nuestros agentes de la Ley son tan reticentes a exigir del ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones? ¿Por qué olvidan que su primera obligación es "cumplir y hacer cumplir las leyes"?
Así que en tanto se conoce la letra pequeña de los reglamentos que habrán de aplicarse en la liberación de los dineros votados en Bruselas, crucemos los dedos y roguemos a los cielos para que ni siquiera los arrebatos de cariños familiares lleguen a ponernos en trance de repetir los sinsabores de la primavera.
Por cierto ¿me permiten un inciso a propósito de Bruselas y de la fauna que pulula por aquellos pagos? ¿De dónde ha salido el peculiar adjetivo, "frugales", aplicado a los países que tan reacios se mostraban a ayudar a los menesterosos miembros sureños de la Unión Europea? Parece ser que ha sido un diario británico quien ha puesto el término en circulación. Nuestros plumíferos lo han traducido, adoptado, usado y abusado de él, con un entusiasmo digno de mejor causa. Como si nuestra rica lengua no hubiera podido suministrar denominaciones más ajustadas a la realidad. Según el diccionario de la RAE, dícese que alguien es frugal cuando es parco en el comer y el beber, lo que no sé si cuadra a holandeses, austríacos, suecos y noruegos. Cuando su conducta demuestra tan rácana atención en el uso de sus dineros, más propio sería hablar de "ricachones avaros" ¿O no?
El hecho y el derecho
Cosas que pasan. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba hace unos días el Convenio con la Provincia Eclesiástica para la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud. En él se recogen las condiciones de esa prestación, el número de capellanes a tiempo completo y parcial a contratar, así como el presupuesto destinado a ello: 937.187,76 euros, más la cotización de la Seguridad Social aparte.
Muy pocos miembros de la Asamblea madrileña podrían haber estado enterados del trasfondo del acuerdo y más de uno lo vio como una muestra de despilfarro militante. De hecho hubo cierto diputado de Más Madrid al que le faltó tiempo para retuitear uno de los anexos del Convenio bajo el título "Ayuso asigna un cura por cada 100 camas de hospital".
Me pareció todo tan inesperado que quise averiguar qué había detrás. No importa lo que diga a continuación, quiero "cantar la palinodia" y reconocer que consideré fuera de lugar la medida. Más hubiera valido, pensé, que ese milloncejo de € se hubiera destinado a la contratación de más rastreadores, por ejemplo.
Buscas, encuentras, lees y sales de tu ignorancia. Sorprendente, al menos para mí, y doy por supuesto que para muchos de mis lectores: la Presidenta de la Comunidad de Madrid se estaba limitando a aplicar la legalidad vigente.
Corría el año 1985, el inquilino de la Moncloa era Felipe González cuando, previas las conversaciones de rigor, la Conferencia Episcopal y el Gobierno de España suscribieron ciertos acuerdos de colaboración, en cuya virtud se regulaba la prestación de asistencia religiosa en los centros de salud de todo el territorio nacional.
Una Orden de 20 de diciembre de 1985 (BOE n. 305, de 21 de diciembre), fruto de aquellos acuerdos, establecía con detallada precisión no sólo cómo se establecía el número de curas por cama o de camas por cura, sino cuánto tenía el Estado que pagar por cada uno.
¿Extraño? Pues cuando uno entra en el fondo de la cuestión, no lo es tanto:
- España no es un Estado laico, sino aconfesional. ¿Recuerdan el punto 3 del Art. 16 de la Constitución? Dice lo que dice, no lo que algunos consideran insuficiente y otros excesivo: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". ¿Verdad que citar sólo a la Iglesia Católica tiene que tener un significado y unos efectos concretos? Es decir, que una cosa es la libertad religiosa y otra el que todas las confesiones y, por tanto, sus respectivas Iglesias vayan a recibir el mismo trato.
- Ese trato es el que el Tribunal Constitucional le atribuyó tres años antes del Acuerdo Gobierno/Conferencia Episcopal (Sent. TC 24/1982 de 13 de mayo) cuando desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, curioso, por el propio PSOE contra la regulación de la carrera militar de los capellanes castrenses, firmado por Gregorio Peces Barba.
- Por si alguien tiene curiosidad, conviene saber que algunas otras confesiones, la musulmana, por ejemplo, y alguna de las versiones del protestantismo también mantienen acuerdos con el Estado en esta materia (la de asistencia a enfermos en Hospitales Públicos) aunque ninguna ha logrado hasta ahora que sea el Estado quien abone los costes de esta atención. Ya digo: relean el Art. 16, y, si tienen curiosidad, la Sentencia del TC y entenderán por qué.
- El tiempo siguió su curso, competencias que un día fueron estatales pasaron a las CC. AA. y hoy lo que antes era un deber del Estado ha pasado a ser obligación de los Gobiernos autonómicos. Así que puede extrañarnos más o menos el celo de la Srª Díaz Ayuso en cumplir lo que en su día ordenó el Gobierno de su poco amado Partido Socialista, pero pocas dudas pueden caber de que ha actuado dentro de la ley.
Y no es mal momento para apuntar una reflexión de carácter general. Las Leyes, como las Sentencias, han de cumplirse gusten más o menos y, por otra parte, el verdadero talante democrático de cualquiera de nosotros se pone a prueba no cuando el Juez dicta una sentencia de acuerdo con tus propias convicciones sino cuando hace lo contrario; no cuando te enfrentas a una norma que parece redactada por ti mismo, sino cuando te encuentras con que sigue vigente una Orden Ministerial que puede parecer rescatada de la noche de los tiempos y además está a años luz de tu forma de entender las relaciones Iglesia/ Estado.
No es Díaz Ayuso quien se ha sacado de la manga la ocurrencia de asignar un cura por cada 100 camas en los hospitales públicos madrileños, sino la vigencia de un muy viejo acuerdo entre el Gobierno de González y la Conferencia Episcopal que sigue vigente en tanto no se denuncie.
Puede extrañarnos que después de varias alternancias en la Presidencia del Gobierno y más de treinta y cinco años, el viejo acuerdo siga como el día que se firmó; habrá quien se pregunte cuándo terminaremos la tarea de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero, en tanto llegan esos momentos, ni el desuso ni la práctica en contrario derogan las leyes. Eso no ha cambiado ni tiene por qué.
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